Las víctimas del operativo llevado a cabo por policías de los tres niveles de gobierno en Nochixtlán, Oaxaca, desconocieron la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a los hechos de violencia ocurridos el 19 de noviembre de 2016.
La mañana de ese día, los agentes llegaron para tratar de “reventar” uno de los bloqueos del magisterio y la sociedad civil, en exigencia a la revisión de la reforma educativa.
A través de un comunicado, familiares de los “ejecutados extrajudicialmente”, víctimas y Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC (CDHAPI), informaron que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 17 de octubre de 2017, la CNDH emitió la recomendación 7VG/2017, titulada “Violaciones graves a Derechos Humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad y Viguera, en el Estado de Oaxaca”.
De esta, las víctimas directas, indirectas y el CDHAPI consideraron que la CNDH exime de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales, “como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, inclusive, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016”.
Indica: “Refiere que en los cuerpos de las seis víctimas fue negativa la prueba de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE y sin embargo, a criterio de la CNDH, deja la duda de que si las victimas portaban o no portaban armas”.
El argumento cita: “La prueba negativa de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE (Fiscalía General del Estado de Oaxaca) respecto de las 6 víctimas no nos puede establecer si éstas portaban armas y es un resultado falible para determinar si alguna disparó un arma de fuego”.
También indican que la CNDH “exime de responsabilidad a la Gendarmería sobre el homicidio de 3 víctimas, argumentando como abogado defensor de esta institución policial, que sus agentes llegaron a Nochixtlán después de las diez horas con 40 minutos de la mañana, sin referir que ya había policía federal, y que supuestamente no estaba armada y refiere que los responsables de los homicidios fueron la policía estatal o la población”.
Además, de que el organismo nacional “refiere que hubo fuego cruzado, a pesar de que todas las víctimas y caídos fueron personas de la población civil”.
En otro de sus argumentos para rechazar la recomendación, muestran que la CNDH “exime de responsabilidad al gobierno federal y responsabiliza al gobierno estatal y a la sociedad civil, además, es omisa respecto al delito de genocidio y al de ejecución extrajudicial de personas y que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de investigar cualquier hecho en el que haya sospecha de ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias”.
Las víctimas aseguran que la Comisión Nacional “juega un papel de protección a los funcionarios públicos responsables de violación de derechos Humanos”, por lo que las víctimas del 19 de junio de 2016, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 12 de junio de 2017, en la que acusan al gobierno mexicano de ejecuciones extrajudiciales en agravio de seis personas indígenas mixtecas en aquella “masacre”.
Entre los firmantes se encuentran: Gildardo González Santiago, hermano de Omar González Santiago; José Luis Cruz Aquino, hermano de Ancelmo Cruz Aquino; Rutilia Santiago Cruz, madre de Óscar Nicolás Santiago y Angélica Reyes Cruz, esposa de Silvano Sosa Chávez, quienes —expone el comunicado— fueron “ejecutados extrajudicialmente”.
