Pueblos indígenas de Chiapas denunciaron ante la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, la grave situación de violación sistemática de derechos humanos que enfrentan; el inminente riesgo para quienes defienden el territorio.
Durante la visita oficial de la relatora, el pasado 14 de noviembre, los pueblos le entregaron un informe pormenorizado y denunciaron lo que consideran como “preocupante aumento de riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de pueblos indígenas”.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las comunidades originarias señalaron que siguen siendo objeto de criminalización, intimidación y represión, al igual que los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Hicieron un especial señalamiento a la militarización, paramilitarización y presencia de grupos armados que “actúan con aquiescencia del estado”.
También denunciaron como factores de riesgo y de acoso a los intereses privados en megaproyectos de exploración e infraestructura, por medio de concesiones que “amenazan el territorio de los pueblos indígenas, sus procesos de autonomía y libre determinación y la vida misma al poner en riesgo la contaminación del agua y la Madre Tierra”.
Para los pueblos afectados, “estos elementos resultan en terreno fértil para casos de desapariciones forzadas, desplazamientos, asesinatos y represión”.
Por ello, recomendaron a la relatora especial para los Pueblos Indígenas de la ONU que reivindique “la exigencia de que se reforme nuevamente el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando y actualizando los conceptos vertidos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación y en los Acuerdos de San Andrés acordados y firmados desde 1996”.
También, exigir el respeto al derecho a la libre determinación. Para los pueblos indígenas de Chiapas es indispensable “poner en el centro de cualquier discusión sobre derechos de los pueblos indígenas el inalienable derecho a decir NO sin cortapisas, sin candados […] frente a proyecto, plan, política de Estado o empresas que afectan sus territorios y bienes naturales”.
Los pueblos Tseltal, Tsotsil, Ch’ol, Tojolabal, Zoque, Mame, K’anjobal y Chuj también le pidieron a la relatora que exija al Estado mexicano respetar el Convenio 169 y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para ellos, “las reformas energéticas aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto contemplan claras violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, al decretar como actividad preferente la explotación y extracción de hidrocarburos, minas, proyectos de fracking o geotermia, por encima del derecho a la vida y derecho a la propiedad de las personas y pueblos originarios que ancestralmente habitan estos territorios”.
Además le solicitaron pronunciarse por los derechos a la vida, tradiciones y cultura, territorio, agua y alimentación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Los pueblos consideran esencial que se desconozca y revoquen las concesiones mineras, de parque eólico, de explotación de mantos freáticos y de yacimiento petroleros otorgados por gobiernos federales o estatales sobre territorio indígenas.
Pues, indican, históricamente han resguardo bosques, océanos, genes, acervo de conocimiento y tecnología fundamentales para la salud, la alimentación y los ciclos vitales del mundo.
Los pueblos solicitaron a la relatora que también “se pronuncie a favor de acciones efectivas por el derecho a las mujeres indígenas, a una vida libre de violencia, por el derecho de las familias, a la igualdad, no discriminación, por el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la información y al derecho a un medio ambiente sano”.
Finalmente, indica el Frayba, pidieron “acciones claras ante el Estado mexicano para el cumplimiento de su deber de respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas”.
