La ASF dictamina Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra los servidores públicos que resulten responsables de la entrega tardía de 95 millones de pesos destinados a la seguridad pública de Monterrey. Además, en la revisión de la Cuenta Pública 2010, se hizo evidente la falta de registros que acrediten el uso de estos recursos; los servidores públicos responsables de ello también serían sujetos de sanción. Una tercera promoción sería impuesta a los funcionarios responsables de la falta de tabuladores salariales, plantilla de personal y normativa que regulan al personal de confianza municipal
Rogelio Velázquez / Mariela Paredes
Asimismo, el gobierno municipal de Monterrey no acreditó la forma en que ejerció el 25 por ciento de los recursos que le fueron transferidos en la primera partida, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de Adhesión y su Anexo Único. No obstante, le fueron entregadas las dos partidas subsecuentes.
Por ello, la ASF emitió dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS): la primera de ellas ante la Secretaría de la Contraloría Interna del Municipio de Monterrey, Nuevo León, para investigar y buscar la sanción de los funcionarios que no acreditaron el uso del 25 por ciento de dichos recursos; la segunda, ante el Órgano Interno de Control del SESNSP para hacer las investigaciones correspondientes y sancionar a los funcionarios que permitieron la entrega de las siguientes partidas sin contar con registros previos de la forma en que fueron empleados los primeros recursos.
Además de la falta de control y transparencia de los movimientos financieros del municipio de Monterrey en materia de seguridad pública, la auditoría, realizada por el máximo órgano de control de la federación, revelaría que irregularidades como el retraso de más de un mes en la entrega de estos recursos millonarios habrían contribuido a incumplir las metas de seguridad planteadas por el gobierno del estado de Nuevo León y el gobierno municipal.
La auditoría también detectó un debilitamiento en diversas áreas del programa de seguridad pública. En materia de personal policial, la ASF reveló falta de información obligatoria en el kárdex electrónico de los elementos de seguridad municipal. Hasta el momento de la auditoría los formatos no se encontraban debidamente integrados por falta de registros de voz, escritura y ADN que fueron establecidos en la norma.
De acuerdo con recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el número óptimo de personal de las fuerzas públicas es de 2.8 policías por cada mil habitantes. El diagnóstico que la ASF emite sobre el estado actual de las fuerzas en el municipio de Monterrey revela que existen tan sólo 0.5 policías por cada mil habitantes en el municipio del norte.
En cuanto a infraestructura, se detectó que cuarenta y ocho radios móviles, adquiridos por el gobierno del estado con recursos del Subsemun, no habían sido instalados en las unidades móviles. Al concluir la auditoría no se contó con información al respecto y se dio inicio a la investigación correspondiente.
A través del ejercicio de fiscalización se evidenció que la eficiencia del sistema de seguridad de Monterrey, a través de la línea de emergencia 066, ha disminuido. Tan sólo en un año el tiempo de respuesta ante llamadas de emergencia decreció más de 329 por ciento: de 2.7 minutos en 2009 pasó a 8.9 minutos en 2010.
Falta de control en servidores públicos
En el ramo 33 del gasto federalizado en el cual se inserta el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), se indica que “el municipio no dispuso de tabuladores salariales, y plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2010, ni de una normativa que regule las prestaciones otorgadas al personal de confianza”.
Por lo tanto, la ASF emitió una PRAS ante la Secretaría de la Contraloría del municipio. Dicha promoción se da para que ésta Secretaría investigue e inicie el proceso administrativo que corresponda contra los actos y omisiones de los servidores públicos que no otorgaron los tabuladores, la plantilla, ni la normativa.
Además, en el informe se observa que no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados, los cuales fueron de 473 millones 551 mil 900 pesos, de éstos sólo se utilizaron 440 millones 941 mil pesos, es decir el 93.1 por ciento.
Para obligaciones financieras del municipio se destinaron 195 millones 967 mil 300 pesos; a su vez, 190 millones 135 mil 900 pesos se otorgaron para seguridad pública, y 54 millones 837 mil 800 pesos para requerimientos no especificados.
El gasto no ejercido (32 millones 610 mil 900 pesos) se justificó por el alto índice de bajas en la policía municipal de Monterrey que se dio en 2010. Dicho gasto estaba destinado a los servicios personales de los elementos de la corporación.
En materia de transparencia, se indica que el municipio no publicó la información sobre el ejercicio y destino de los recursos asignados del fondo en su órgano de difusión oficial.
Establecido en 1998, el Fortamundf enfoca sus recursos en cubrir las necesidades financieras y de seguridad pública de Monterrey. La distribución de éstos se basa en el número de habitantes de cada municipio incluidos en el fondo.
No obstante, la ASF plasma las deficiencias que encontró al momento de realizar la auditoría; entre ellas: no se tiene un manual de procedimiento específicos del fondo y éste no cuenta con un área que coordine su gestión.
En la cuenta bancaria del Fortamundf se incluyen recursos destinados a otros rubros, por lo que la Auditoría determinó que ésta no es una cuenta exclusiva para el Fondo; además, no existen mecanismos de control para evaluar los logros que se han tenido en el rubro de seguridad pública.
Sin embargo, se destaca que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal cuenta con el personal, el mobiliario y el equipo suficiente para que se aplique adecuadamente el mismo; también se menciona que durante 2010, el fondo transfirió directa y ágilmente mensualmente los recursos al municipio sin limitaciones ni restricciones.
Subejercicio en obras públicas
Otra de las auditorias practicadas al municipio de Monterrey por la ASF fue al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), al cual, en 2010 se le otorgaron 56 millones 993 mil 300 pesos, de éstos 39 millones 772 pesos se destinaron para obras públicas, y 436 mil 700 pesos para gasto indirectos.
Los rubros en los que se realizaron obras públicas son tres: agua potable, drenaje y letrinas, y urbanización municipal. En el primero se gastaron un millón 574 mil 100 pesos en 3 obras; en el segundo sólo se realizó una obra con un gasto de 671 mil 800 pesos. Respecto a urbanización municipal se realizaron 26 obras en las cuales se gastaron 37 millones 526 mil 100 pesos.
Del total del gasto asignado, hasta el 30 de abril del 2011, se habían utilizado 40 millones 208 mil 700 pesos, lo que representa el 70.5 por ciento del total. Por lo tanto, según la ASF, no se estarían generando los beneficios previstos en el FISM.
Asimismo, no se notificó sobre la coordinación que debe de existir entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), coordinadora del Fondo, y el municipio de Monterrey a través del gobierno de Nuevo León para crear medidas de mejora que apoyen el cumplimiento de los objetivos del fondo.
En ese sentido, se generó una recomendación en la que se señala a la Sedesol para que instruya a los funcionarios correspondientes, y éstos se coordinen con el gobierno del Estado para mejorar los resultados del FISM.
La ASF revela que durante 2010, bajo la administración de Fernando Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional, crece el índice delictivo en Monterrey respecto de 2009 y se presentan irregularidades en el gasto público. Además de que los objetivos del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública no fueron cubiertos en su totalidad debido a irregularidades en el manejo de recursos y bajas en el personal policial.
A pesar de que la ASF emite dictámenes con salvedad en el ramo 33 y 36, sentencia que no ha habido avances significativos, en materia de seguridad, “la seguridad pública del municipio no mejoró”.
Debilidades en la gestión del Subsidio a los municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, (Subsemun)
| No existe un manual de procedimientos para operar el subsidio, que defina las políticas, procedimientos y actividades de los puestos y áreas que intervienen en su operación. |
| No se cuenta con controles que den evidencia del cumplimiento normativo en la entrega de información a terceros. |
| Existen debilidades de control en la recepción y transferencia de recursos del estado al municipio. |
| No se presentó evidencia de la reestructuración del estado de fuerza de la corporación policial bajo un esquema de jerarquización terciaria. |
| No existen controles suficientes para asegurar la correcta administración del personal policial, respecto de su alineación a la normativa institucional (kárdex). |
| Existen debilidades en la transparencia del subsidio al no indicar en la documentación que se trata de un programa federal. |
| No se cuenta con mecanismos para promover la participación comunitaria en la ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN. |
| No se realizan evaluaciones para conocer el grado en que se cumplen los objetivos y metas del subsidio. |
Fuente: Auditoría Superior de la Federación
