No puedo iniciar este artículo sin señalar que el 2 de octubre es una fecha significativa para el país. La matanza de Tlatelolco en 1968 no se olvida, como tampoco el movimiento crítico y consciente que surge en su contexto. Sin embargo, podemos constatar con desazón que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esa grave violación a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos. Hasta entonces, nos corresponde a nosotros no sólo seguir exigiendo la verdad, el reconocimiento histórico de las víctimas (que la misma sociedad ha hecho gracias a su investigación sobre el pasado), la sanción de los responsables y, sobre todo, un cambio en el accionar de las autoridades frente a la protesta social legítima, que deje atrás los actos barbáricos y represivos ajenos a un modelo democrático de gobierno. Lamentablemente esto último está muy lejos de ser cierto, y fue otro triste 2 de octubre cuando las autoridades capitalinas volvieron a mostrar que la violencia por parte del Estado, la represión y la falta de capacitación y de respeto a la ley por parte de los cuerpos de seguridad son una realidad. Dicho esto, es tiempo de pasar a analizar los sucesos del 2 de octubre pasado.

La marcha originalmente estaba programada para comenzar en la Plaza de las Tres Culturas y culminar en el Zócalo capitalino. Poco a poco se juntaron diversos contingentes en la Plaza de las Tres Culturas y a las 4 de la tarde, aproximadamente, comenzaron a caminar. En el trayecto por el Eje Central se comenzó a observar una fuerte presencia de granaderos y elementos de la policía bancaria e industrial. De igual forma, se comenzaron a notar grupos de personas vestidas de civil que acompañaban a estos cuerpos de seguridad. En algunos puntos de la marcha se incorporaron también grupos de los así llamados “anarquistas”, algunos de los cuales portaban instrumentos que pudieron ser usados como armas.

Ante la imposición oficial de impedir la entrada al Zócalo, que por cierto estaba también resguardado por fuerzas federales, los manifestantes decidieron continuar su marcha rumbo al Monumento a la Independencia (el Ángel), suscitándose enfrentamientos en puntos como Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma. Estos hechos requieren de un severo análisis, toda vez que a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas el 1 de diciembre de 2012, fuimos testigos de nueva cuenta de una serie de omisiones y acciones de las autoridades que constituyen nuevas violaciones, como la falta de previsión y preparación frente a una marcha de tal magnitud, detenciones ilegales, abusos y uso desproporcionado de la fuerza.

Vimos cómo la policía, frente a un grupo de gente que la agredía, arremetió con violencia en contra de numerosos grupos de civiles, defensores de los derechos humanos que actuaban como observadores, y reporteros que cubrían el evento. Las imágenes que se presentan en los medios son contundentes: policías que agredían a familias que se refugiaban en un estacionamiento; presuntos policías vestidos de civil, y, contrariamente a lo que la normatividad establece, sin estar debidamente identificados, golpeando y deteniendo a jóvenes; granaderos arrojando piedras y golpeando con su casco a gente que buscaba refugio en tiendas y comercios, y elementos de esos cuerpos agrediendo a reporteros y defensores de derechos humanos, como los compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes fueron golpeados mientras documentaban una agresión. Los hechos de los que hablo no pueden negarse, toda vez que están documentados y circulan en las redes sociales.

Los hechos del pasado 2 de octubre deben analizarse con sumo cuidado. Estamos asistiendo a un patrón que se ha repetido con frecuencia en las expresiones sociales del último año. Y así como se debe esclarecer el origen, motivos, causas e intenciones de ciertos grupos que con acciones violentas demeritan manifestaciones legítimas, también es cierto que no queremos otro 1968. No queremos que el Estado tenga como único recurso frente a estos complejos problemas la respuesta punitiva y la consecuente falta de visión y de capacidad política para dialogar con los grupos o, en su caso, prever estos sucesos.

Es lamentable que se hayan cometido delitos en contra de elementos de los cuerpos de seguridad poniendo en riesgo incluso su vida. Pero esto no puede tener como consecuencia la justificación del uso intempestivo, irracional y desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes. De igual forma, es lamentable que estos sucesos desplacen a un segundo plano en la atención pública nacional, los actos y demandas que tuvieron como objeto conmemorar a las víctimas de uno de los sucesos más vergonzosos en la historia del país.

Debemos seguir exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los actos sucedidos tanto el 2 de octubre de 1968, como el 2 de octubre de 2013.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

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 Fuente: Contralínea 357 / octubre 2013