El acceso al agua es un derecho fundamental, consagrado por la Constitución en su Artículo 4, fracción sexta: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […] El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Los derechos no son meras formulaciones, el Estado debe garantizarlos. Pero en el caso del agua –como en muchos más– es letra muerta. Hoy en todo el país son 40 millones de personas las que sufren de aguda escasez de agua, que les ha sido arrebata por grandes corporaciones mineras, refresqueras, lecheras, hidroeléctricas, cerveceras, por corporaciones agrícolas y grandes intereses inmobiliarios, el fracking, así como instalaciones de corporaciones turísticas.

Mientras en todas las regiones millones de personas en México sufren escasez de agua se privilegia el acceso al agua a los grandes empresarios. Hay zonas del país concesionadas a megaproyectos que ponen en riesgo la viabilidad del derecho al agua para muchas comunidades, municipios y alcaldías.

El derecho constitucional al agua implica que el agua no debe ser un negocio y debe dotarse a todos. Pero este derecho se viola cada día con la complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En efecto, siempre se ha despojado del agua a los pueblos, pero nunca había alcanzado la escala que en el neoliberalismo cuando Salinas de Gortari creó en 1989 la Conagua para entregar el vital recurso a manos de grandes corporaciones, las que hicieron aprobar una Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992, que creó “mercados del agua” y desconoció los derechos ancestrales de los pueblos, despojándolos del vital líquido. Esta ley, neoliberal, sigue vigente hasta la actualidad, casi 30 años después. El resultado es que millones de hogares mexicanos no cuentan con servicio regular de agua, entre los cuales existe una población de 10 millones de mexicanos que padecen una carencia total de acceso a servicios de agua y saneamiento.

Ante esa situación y el incumplimiento de los diversos Congresos de aprobar una nueva Ley de Aguas para México, la Coordinadora Agua para Todxs, Agua para la Vida, con la participación de organizaciones sociales y populares, de comunidades rurales y urbanas, universidades, intelectuales, centros de investigación, 400 organizaciones trabajaron en cientos de foros en todo el país  la propuesta de una nueva Ley General de Aguas, presentada con 200 mil firmas validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Congreso el 4 de febrero. El diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, estuvo en la recepción de la Iniciativa Ciudadana. A 1 año todavía no se aprueba esa nueva Ley absolutamente necesaria, cuando está por concluir la 64 legislatura sin cumplir un mandato constitucional que ya acumula 8 años.

Por mandato constitucional debería ya existir la Ley General de Aguas, pero hubo omisión del Congreso para emitirla en términos del artículo tercero transitorio de la reforma al Artículo Cuarto constitucional del 8 de febrero de 2012, que determinó que en los próximos 360 días se tendría que tener aprobada la nueva Ley, es decir, en febrero de 2013. Van 8 largos años de inacción de los “representantes populares”.

La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, se encuentra actualmente en proceso de dictamen después de haberse consensado con otras cuatro iniciativas más en la materia presentadas ante la 64 Legislatura. Ya debe aprobarse la Ley, no se debe esperar. Todo México está atento.

Los 19 y 20 de febrero se realizó en Puebla el V Congreso de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida. Más de 88 organizaciones participaron en el V Congreso Nacional del Agua en Puebla. Acordó líneas de acción en contra de la privatización.

El V Congreso contó con la presencia de organizaciones de 28 estados de la República que  trabajan “Por un buen gobierno del agua”.  El mensaje inaugural estuvo a cargo de Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Contaron con el apoyo de artistas como: Café Tacuba, El Mastuerzo, Héctor Bonilla; y desde luego con defensores del agua de larga trayectoria, así como Senadores y Diputados de la 64 Legislatura.

Se presentaron experiencias exitosas de construcción de Contralorías Ciudadanas el Agua en Mexicali y La Laguna, defensa de ríos en Veracruz, construcción de Comisiones de Cuenca y realización de Planes Hídricos, luchas de Sistemas Comunitarios de Agua de distintas ciudades del país, organización de los pueblos originarios náyeris, zapotecos, zoques, nahuas, yaquis, seris, teenek, ñañus, cucapah, totonacos y tohono o’odham.

El 22 de marzo próximo, Día Mundial del Agua, se analizarán los avances en la aprobación de la Ley General de Aguas y se levantará una Agenda del Agua para ser presentada a los legisladores de la LXIV Legislatura y a todos candidatos al Congreso para su aval, de modo que la crisis del agua sea atendida como prioridad. La agenda del agua es fundamental ¿Cómo van a reelegirse diputados que le han dado la espalda al pueblo? Estaremos atentos para que cumplan con su deber ahora.

El V Congreso Nacional bianual de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, se efectuó en forma virtual, con sede en Puebla, lugar en el que en plena pandemia y con el agua privatizada, la ciudad capital del estado es víctima de los abusos de Aguas de Puebla, empresa que realiza decenas de miles de cortes de agua y drenaje. Esta última práctica no solo evita contar con la higiene indispensable, sino que provoca la acumulación de aguas negras en el entorno inmediato de hogares, unidades habitacionales y hospitales, exponiendo a la población al agravamiento de las infecciones, acción bárbara desde cualquier punto de vista.

El derecho al agua, se ha convertido en un gran negocio en las zonas más pobladas del país. La única manera de obtener agua es comprarla embotellada o en pipas. Volvieron al agua en una mercancía más. Para obtener agua se compran y venden derechos del agua concesionada. Para engordar el negocio se agotan los mantos y no se garantiza el agua a las generaciones futuras.

Estamos en medio de la peor pandemia en 100 años y enfrentando millones de contagios de la Covid-19, pero la falta de agua en miles de lugares no permite que las personas prevengan contagios. Se publicita la inminencia de la vacunación de todas y todos, pero mientras tanto la falta de condiciones higiénicas sigue causando estragos. Todavía miles de clínicas no tienen los servicios de agua y saneamiento adecuados. Todos y todas debemos de lavarnos las manos, los alimentos, limpiar y desinfectar muchos lugares. Pero falta el agua.

Junto con las muertes por la Covid-19, enfrentamos decenas de miles de muertes anuales de menores por deshidratación, producto de la diarrea que ocasiona la escasez de agua limpia que ocasionan las políticas neoliberales, por lo que urgen políticas públicas que pongan en el centro la garantía de bienestar para la población.

Además enfrentamos la contaminación de mantos freáticos, la destrucción de ecosistemas y el despojo del agua en comunidades urbanas y rurales que hasta hace poco tenían acceso al vital líquido.

Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año, lo que lo convierte en un país con baja disponibilidad de agua.

México recibe alrededor de 1 mil 489 millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67 por ciento cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco). Ahí se recibe el 49.6 por ciento de la lluvia. De ese total, el 73 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22 por ciento escurre por los ríos o arroyos y 6 por ciento se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Por eso hace falta un Plan Nacional del Agua para asegurar que aumenten nuestras reservas. Junto con las sequías que sufre el país, también somos azotados por inundaciones que pueden evitarse con un Plan Hídrico que desde luego requiere importantes inversiones.

Es esencial aumentar la captación de agua de lluvia por medio de cosecha de agua, construir terrazas y pequeñas represas y gaviones para retener el agua y aumentar su infiltración al subsuelo, almacenar agua en nuevos lagos artificiales como el Nabor Carrillo del Plan Texcoco, el reciclaje de aguas servidas, recargar mantos acuíferos por medio de la reforestación en las cañadas que alimentan a los ríos.

Incorporar en este esfuerzo a toda la población desde los pueblos, barrios y colonias, instalando la cosecha de agua de lluvia en las escuelas, mercados e instituciones; usando material permeable para pavimentar, sobre todo en los lugares donde se encharca el agua, intensificando la reforestación, promoviendo baños secos y reutilizar el agua, para no usar agua potable en baños y jardinería.

Se necesita un Plan de Desarrollo Urbano a nivel nacional que impulse el crecimiento de las ciudades que son sustentables en agua y desestime a las que no lo son. Se requiere un Plan Maestro que comprenda obras físicas muy importantes que propicien la inducción del crecimiento de la población en centros urbanos ubicados en lugares adecuados por su acceso al agua.

Hay recursos. Si se suspende el pago de la deuda pública 2 años, habrá 1 billón y medio de pesos para esas inversiones y otras muchas para la salud y la reactivación económica.

El agua no se vende… se defiende.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social