Quienes conocieron hace 20 años a Amado Yáñez Correa y su empresa Consultores y Contratistas en Oceanografía, cuentan que era un hombre tranquilo, decente, que conseguía modestos contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trataba de una pequeña empresa, hasta que su hijo Amado Yáñez Osuna, de 31 años de edad, asumió en 1996 el control accionario, la Presidencia y la Dirección General, y modificó la razón social para dejarla sólo con el nombre de Oceanografía, SA de CV.
Con dudas y sospechas, Yáñez Correa observaba con preocupación cómo su joven hijo se enriquecía sin medida, apenas proporcionalmente a la acumulación de deudas financieras, créditos impagables, demandas laborales, investigaciones administrativas de la Secretaría de la Función Pública y acusaciones penales ante la Procuraduría General de la República por delitos de evasión fiscal, fraude y hasta lavado de dinero.
Cuentan quienes lo conocen, que Amado Yáñez Osuna no tenía llenadera, y tampoco hacía caso a su padre ni le permitía intervenir en la transformación de la empresa. Con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Yáñez sentía que había llegado el momento de Oceanografía para crecer, arriesgar para conseguir, sobornar para obtener contratos petroleros y chantajear lo mismo a funcionarios de Pemex que a militantes panistas y/o hasta parientes del presidente de la República.
Todos eran sobornables mediante jugosas comisiones. Nadie le decía que no al exitoso contratista de Pemex, el nuevo magnate del petróleo, el hombre más rico de Campeche, la tierra de su amigo Juan Camilo Mouriño y la zona petrolera más productiva del país.
Los bancos nacionales y extranjeros buscaban a Amado para ofrecerle el dinero que guardaban sus bóvedas, sin importar que las facturas que presentaba Yáñez Osuna fueran apócrifas, pues sabían que Pemex respaldaba las operaciones con dinero público. Empresarios y secretarios de Estado buscaban a ese “morenito gordito” que se había convertido en el nuevo Rey Midas del petróleo para hacer negocios con él.
En los últimos 2 años del gobierno de Felipe Calderón, entre julio de 2010 y junio de 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) benefició a Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto superior a los 8 mil 744 millones de pesos.
Esta partida presupuestal, autorizada principalmente por dos funcionarios petroleros –Carlos Morales Gil, entonces director general de PEP, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de PEP–, ha sido el punto de arranque de la principal línea de investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de una de las más importantes redes de corrupción creadas al interior de Petróleos Mexicanos y que durante décadas (incluidos gobiernos priístas) han carcomido la estructura, las finanzas y el crudo mexicano.
En esa red de corrupción, identificada ya por las autoridades responsables de las indagatorias ministeriales, fiscales y de seguridad nacional, destacan tres exdirectores generales de Pemex y otros 20 funcionarios petroleros de menor jerarquía que se enriquecieron ilícitamente durante los 12 años de gobiernos panistas corruptos. Léase Vicente Fox y Felipe Calderón.
Además de los dos funcionarios petroleros ya citados sujetos a investigación, destaca quien fuera el abogado general de Pemex entre el 20 de septiembre de 2004 y el 1 de diciembre de 2010, José Néstor García Reza, quien en los próximos días acumulará otra acusación penal en su contra por su participación en los fraudes de Oceanografía.
Pero ¿quién es este abogado beneficiado en el panismo? En mayo de 2013 publicamos en esta columna que García Reza era investigado des-de entonces por los órganos de inteligencia y seguridad del Estado como parte de un complot orquestado por empresas transportistas de productos petrolíferos –afiliadas a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)– para desestabilizar a la paraestatal petrolera y obtener rentables contratos que, de lograrlo, ahorcarían las finanzas de la empresa.
Desde el año pasado, este exabogado general de Pemex era investigado por el delito de enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se especializa en indagar delitos de lavado de dinero.
Decíamos que ese exfuncionario petrolero también era sujeto de investigaciones por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), adscrito a la Secretaría de Gobernación; por la Procuraduría General de la República (PGR), y por la propia empresa petrolera paraestatal, porque después de trabajar por más de 6 años como responsable de la Oficina del Abogado General de Pemex, lo que le dio acceso a información confidencial y sensible de la petrolera, ahora servía a intereses privados.
Las indagatorias oficiales vinculaban al abogado García Reza con un grupo de empresarios transportistas de productos petrolíferos que negociaban la renovación de un convenio marco, firmado la última ocasión el 28 de diciembre de 2008 y que concluía a finales de 2013, para el transporte de combustibles propiedad de Pemex.
El exjurídico general de la paraestatal asesoraba a empresarios transportistas en las demandas administrativas en contra de Pemex que habían presentado ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos incumplimientos, así como una denuncia penal ante la PGR en contra del director corporativo de Operaciones de Pemex, ingeniero Carlos Murrieta Cummings, por supuestos actos de corrupción. Esta última fue desechada por el Ministerio Público federal por “falta de elementos” y se mandó al archivo.
Esto molestó mucho al gobierno de Peña Nieto, pero más aún cuando se enteraron que García Reza participaba en una asesoría en defensa del líder de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustibles en el Norte del país, dirigida por Fabián Rodríguez Moreno, vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas.
Según la investigación del Cisen, Rodríguez Moreno –capturado a finales del año pasado– dirigía la más importante banda delincuencial encargada de la compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de productos refinados que roban de los ductos de Pemex en el Noroeste de México.
En aquel momento entrevisté al abogado García Reza y esto es lo que dijo:
—¿Asesoraste o participaste directamente en las demandas de la Canacar en contra de Pemex?
—La Canacar me llamó para demandar a Pemex, lo cual me pareció de lo más sencillo, porque han incumplido el convenio que tienen con los transportistas y eso es muy fácil de probar. Les expliqué lo fácil que sería y dije cuál sería la estrategia a seguir, pero no llegamos a un acuerdo económico y no se concretó mi participación.
—¿Pero sí conoces a los transportistas demandantes y los asesoras?
—Platico con ellos, son mis amigos. Pero no llegamos a un acuerdo. Yo sí quería que me contratara el Grupo Hank: necesito dinero. Imagínate, trabajar para ellos. Pero no se concretó.
—¿Por qué te vinculan con Fabián Rodríguez Moreno [jefe de la banda de robo de combustibles]?
—No lo sé. Es la primera noticia que tengo de eso. Yo ni lo conozco.
—¿Pero Rodríguez Moreno tenía permisos otorgados por Pemex a empresas de la Canacar, para el transporte de combustibles?
—Te repito: no lo sé. No sé quién es esa persona. No la conozco. Tampoco sé cómo me vinculan con él.
—¿Tienes algún conflicto de interés o moral por asesorar a empresas privadas en las demandas en contra de Pemex?
—Pues no. Ya pasó más de 1 año que salí de Pemex, a finales de 2010. Y me tengo que ganar la vida, soy abogado y eso es lo que sé hacer.
—¿Estás tranquilo por las investigaciones en tu contra?
—Pues no. Me preocupan mucho. Estoy nervioso. Me vayan a querer hacer lo mismo que a Elba Esther [Gordillo].
—Pero a ella la acusaron por lavado de dinero…
—Pues sí, pero así me siento.
—¿Entonces tampoco defiendes legalmente a la banda que robaba combustibles a Pemex?
—No, para nada.
—Sin embargo hay acusaciones en tu contra que presentó en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] el despacho de abogados Díaz, Reus y Targ, contratado por Pemex. ¿Qué opinas?
—Sé que hay una denuncia general en la PGR por el caso de Comproca [Sunkyong-Siemens] para quien resulte responsable. No es contra mí personalmente. Bueno, al menos eso es lo que sé.
—¿Comproca es un caso muy delicado donde perdió mucho dinero Pemex?
—Sí. El arbitraje salió desfavorable para Pemex.
—¿Cuánto dinero involucra el fallo en contra de Pemex?
—Son como 350 millones de dólares.
—¿Tú tienes responsabilidad en ese litigio?
—Pues no. Ése es un caso que se llevaba en el área jurídica cuando yo estuve allí, pero no es un asunto personal. Se resolvió el arbitraje hace como 1 año y medio.
—Pero tú eras el abogado general y el gobierno investiga posibles colusiones de abogados de Pemex para perder el caso.
—No. Eso no ocurrió. En mis tiempos [6 años] sólo se manejó el arbitraje, nada adicional.
—¿Pero el arbitraje se perdió hace 1 año y medio?
—Sí. El arbitraje internacional fue desfavorable para Pemex.
—¿Y Pemex sigue defendiéndose en tribunales?
—Sí. Está dando patadas de ahogado para no pagar.
—¿En tribunales mexicanos?
—Sí. Pelea la nulidad en tribunales mexicanos, y sé que en Estados Unidos Pemex presentó algunas denuncias.
—¿La tiene difícil Pemex?
—Sí, porque ya perdió.
La administración de Juan José Suárez Coppel, uno de los tres exdirectores generales involucrados en el caso Oceanografía, le heredó al actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un fallo en su contra de la Corte Internacional de Comercio, con sede en París, Francia, por 350 millones de dólares, promovido por el consorcio Comproca, integrado por la empresa co-reana Sunkyong y la alemana Siemens, encargadas de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y que tuvo un costo original por 650 millones de dólares.
Aunque esta contratación se hizo durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo, fue hasta el gobierno de Vicente Fox cuando se concluyeron los trabajos. Un litigio muy complicado y en el que intervinieron muchos funcionarios, pero que según fuentes petroleras se trató de un megafraude orquestado por servidores públicos en colusión con las empresas privadas.
*Periodista
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