Las miles de mujeres que salieron a marchar este 8 de marzo por las distintas ciudades y plazas de la República Mexicana –120 mil tan solo en la Ciudad de México – enfrentan una compleja ambivalencia entre el avance en la defensa de sus derechos plasmados en la ley y la brutal realidad que, en contrasentido, las avasalla de manera cotidiana con una violencia extrema reflejada en los feminicidios que cada vez se cometen con más saña e impunidad, sin dejar de mencionar los rezagos pendientes en materia salarial y laboral.
Mientras en los últimos años se han aprobado leyes a favor de que las mujeres vivan libres de violencia y con mayor equidad de género en su empoderamiento político, tanto a nivel legislativo como administrativo, con 13 gobernadoras en el país, la situación para las mujeres de a pie continúa siendo de alto riesgo.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hablan por sí solas: en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor. En cuanto al homicidio doloso de mujeres, durante el pasado año la cifra alcanzó las 2 mil 74 víctimas. Guanajuato (327), Baja California (189), Estado de México (172) y Michoacán (141) concentraron alrededor del 40 por ciento de estos delitos. Estados como Sinaloa, donde el enfrentamiento entre grupos delincuenciales ha detonado la violencia extrema, también han impactado de manera significativa a las mujeres.
Resulta inverosímil que en pleno siglo XXI las mujeres continúen siendo violentadas en muchas partes del mundo, sin que los gobiernos acierten en sus políticas para protegerlas y terminar con la impunidad de sus agresores. En México, por ejemplo, preocupa que después de tantos años no exista respuesta para las madres buscadoras que sufren por desconocer el paradero de sus hijas.
En Sonora, como en Jalisco y otras entidades, han sido estas madres buscadoras quienes han suplido las deficiencias del Poder Judicial para dar con el paradero de infinidad de personas y mujeres desaparecidas. En muchas fosas comunes localizadas por estas valientes mujeres se han encontrado numerosas víctimas de feminicidio o de la delincuencia organizada.
Cuando se observa marchar por las calles de la Ciudad de México y del país a mujeres indignadas por la falta de justicia por parte de las autoridades, surge una pregunta inevitable: ¿Qué falla en nuestro Poder Judicial para que, aun cuando las cámaras de seguridad de barrios, colonias y avenidas registran estos delitos, muchos de los culpables no comparezcan ante la ley?
Las mujeres optan por no denunciar ante la apatía y la ineficiencia de las autoridades. En nuestro país, solo el 13.1 por ciento de las mujeres que sufren violencia física o sexual se atreve a presentar una denuncia.
Esta violencia generalizada afecta también a las mujeres en las zonas rurales e indígenas. Cada foto o cartel de los miles que pudieron apreciarse en la pasada marcha del 8M representa una historia cruenta y una herida abierta para una madre y una familia. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, dos mujeres indígenas fueron asesinadas con arma de fuego en el estado de Veracruz, en las regiones de Coatzintla y Veracruz.
La impunidad campea en el país y resulta indignante ver cómo en octubre pasado, en Puebla, las cámaras de seguridad captaron a un hombre que abandonaba en un carrito de supermercado el cuerpo de una mujer semidesnuda en plena calle. De ahí la importancia de que las organizaciones sociales y los sindicatos independientes expresen su apoyo y solidaridad con estos colectivos feministas y de madres buscadoras, porque ante la pasividad de las autoridades es la sociedad misma la que se moviliza para localizar a las desaparecidas y visibilizar a las mujeres violentadas.
No solo en el terreno laboral, donde los hombres siguen ganando más que las mujeres, sino también en sus derechos sexuales y reproductivos, las mexicanas deben continuar alzando la voz para desterrar la cultura machista y misógina que aún prevalece en diversas áreas de la actividad económica.
Es cierto: hoy hay más funcionarias, diputadas y senadoras. Sin embargo, problemas sociales ancestrales, como el embarazo infantil, siguen vigentes como un fenómeno recurrente en estados como Chiapas, Guerrero, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. En sus comunidades indígenas y rurales se registraron en 2024 7 mil 975 nacimientos de niñas de 10 a 14 años como resultado de abusos sexuales, embarazos forzados e incluso matrimonios infantiles.
También en torno al embarazo las mujeres sufren discriminación laboral. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el despido por estado de gravidez constituye una de las quejas más recurrentes ante el organismo en 2025 y en lo que va de 2026.
Otro de los pendientes para garantizar la verdadera libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en materia de derechos sexuales y reproductivos es que, a pesar de que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional el delito de aborto inscrito en el Código Penal, este ordenamiento continúa contemplándolo como un delito grave, debido a que la Cámara de Diputados no ha transformado la resolución de la Corte en una iniciativa destinada a derogarlo.
Mientras en la Ciudad de México la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya es ley, en estados donde gobierna la derecha, como Guanajuato y Querétaro, las mujeres pueden enfrentar acusaciones penales si optan por un aborto. Se calcula que en algunas entidades donde abortar constituye un delito grave se encarceló a 63 mujeres tan solo en 2025.
Cálculos recientes indican que cuatro de cada 10 mujeres que en el interior del país optan por la ILE viajan a la Ciudad de México para realizarse este procedimiento sin riesgo para su salud ni para su libertad.
Ante este panorama adverso, este 8M las mujeres volvieron a alzar la voz y demostraron que cada vez son más las mexicanas conscientes de que el verdadero feminismo debe convertir las leyes de igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia en instrumentos para enfrentar una realidad social que aún mantiene viva una cultura machista, misógina y patriarcal.
Desde las organizaciones sociales y los sindicatos independientes, todo nuestro apoyo y solidaridad con estas valientes mujeres que siguen luchando por hacerse escuchar y por transformar un modelo neoliberal que continúa agrediéndolas y marginándolas.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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