El 20 de agosto se cumplieron 17 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del Congreso de Guerrero. El crimen, ocurrido en 2009, no solo significó el descabezamiento del Poder Legislativo estatal, sino que también marcó un hito en la historia de la macrocriminalidad en Guerrero y dejó al descubierto las redes de complicidad que se tejen en el poder para encubrir los crímenes de Estado.
A casi dos décadas de distancia, la impunidad sigue siendo la respuesta. No hay un solo detenido ni una investigación seria y concluyente. La investigación abierta en Guerrero en 2009 permanece sin resultados y, aunque el caso no está cerrado, la justicia sigue siendo una utopía para la familia y para quienes han sostenido la memoria de Armando Chavarría.
En 2015 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2019, con la esperanza puesta en el cambio de gobierno federal, se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajera el caso.
La solicitud de atracción fue negada, aun cuando, desde el primer día de las pesquisas, el entonces presidente Felipe Calderón había instruido al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a enviar un grupo especial de investigadores para apoyarlas.
Ante el rechazo, se interpuso un amparo. Un juez falló a favor de la parte solicitante, pero la solicitud de atracción volvió a ser desechada. En 2021, el expediente ante la CIDH fue admitido para su estudio de fondo. Hoy, el expediente de la investigación en México permanece en algún sótano, entre pilas de otros expedientes igualmente olvidados, a la espera de una justicia que no llega, en un estado que se desbarata día a día por la violencia.
Esa impunidad no es un hecho aislado. Es la misma que envuelve a la inmensa mayoría de los crímenes cometidos contra luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos en Guerrero. Quienes exigen verdad, justicia y garantías de no repetición no solo enfrentan a autoridades que les niegan la justicia: también padecen el desdén y la indiferencia cuando su integridad está en riesgo.
Martha Idalia Obezo Cázares lo sabe bien. El pasado 5 de julio, poco después de las cinco de la tarde, hombres armados allanaron su domicilio. Rompieron las chapas de seguridad de la reja y de la puerta principal. Ella se encontraba ahí. Milagrosamente, pudo escapar. Los agresores se retiraron y dejaron las puertas inutilizadas. Todo quedó intacto en el interior, pero el mensaje fue claro: quien exige justicia en Guerrero está expuesta.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda fue informada de inmediato y esa misma noche instruyó que una patrulla resguardara la casa de Martha. Sin embargo, al día siguiente, la patrulla fue retirada sin ninguna explicación, lo que la dejó absolutamente vulnerable.
La noche del allanamiento también fue informada la maestra Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quien ofreció acompañamiento si la denuncia se presentaba ante la Fiscalía General del Estado. Pero, ante la falta de garantías para su seguridad, Martha decidió presentarla ante la Fiscalía General de la República.
Posteriormente, debido a la gravedad del atentado y a una serie de incidentes de riesgo anteriores, solicitó formalmente ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hasta ahora, espera respuesta.
“Evidentemente me siento vulnerable y en riesgo. Temo por mi integridad y la de mi familia”, ha expresado. “¿Cómo vamos a confiar en las autoridades del Estado cuando se actúa con tanta indolencia? No entiendo por qué un gobierno que dice representar los más altos ideales de la izquierda nos ha desprotegido”.
Su testimonio no es solo personal. Habla por una sociedad que clama por seguridad y justicia y se siente abandonada a su suerte. El pasado 20 de agosto, Martha no pudo llevar flores al sepulcro de Armando ni estar presente en los actos de memoria y exigencia de justicia. Es inconcebible que, después de tantos años, sigamos clamando justicia en el desierto y arriesgando la vida por hacerlo.
Por ello, nos unimos a las voces que exigen:
- Que se garantice de manera urgente la vida, la integridad y la seguridad de Martha Idalia Obezo Cázares y de su familia.
- Que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgue medidas inmediatas y eficaces.
- Que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado investiguen el atentado con prontitud, exhaustividad e imparcialidad.
- Que el caso de Armando Chavarría Barrera deje de ser un expediente olvidado y las autoridades federales lo retomen con la seriedad que merece un crimen de Estado.
- Que el 20 de agosto sea declarado día de duelo e incluido en el calendario de actividades cívicas del gobierno de Guerrero, para que la memoria de Armando Chavarría y la exigencia de justicia no se borren de la historia.
No habrá verdad sin justicia ni justicia sin protección para quienes la buscan. La lucha de Martha Obezo es la de todas y todos. No está sola.
