La Paz, Bolivia. Asentados en la Amazonía boliviana, los pueblos indígenas de la región del Tipnis están hoy en el centro del debate a raíz de la aprobación de una ley para el desarrollo que busca integrar a esa zona con el resto del país.
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es un área de 1 millón 236 mil hectáreas, ubicada entre los departamentos del Beni y Cochabamba, donde habitan los pueblos indígenas Chiman, Yuracaré y Mojeño Trinitario.
Son alrededor de 14 mil personas distribuidas en 68 colectividades dispersas que viven fundamentalmente de la pesca, la agricultura, la ganadería y la recolección.
Debido a lo intrincado de las comunidades y la falta de vías de comunicación, hay allí carencia de servicios básicos como agua potable, salud y educación, según pudimos constatar en un recorrido por esa región.
El transporte fluvial es el principal medio de locomoción, pero el viaje demora horas y hasta días y los ríos no son navegables en todas las épocas del año. De ahí la decisión de diputados de esa zona de impulsar una ley para mejorar sus condiciones de vida, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente Evo Morales durante un masivo acto en la ciudad de Trinidad.
La legislación 266 de Protección y Desarrollo Integral del Tipnis, propuesta por la parlamentaria indígena Ramona Moye, se adoptó luego de una consulta realizada en 2012 donde 58 de las 68 comunidades abogaron por su aprobación.
En virtud de esta normativa, se elimina la intangibilidad del Tipnis, lo cual viabiliza la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, que conectará al departamento del Beni con Cochabamba y, por ende, con el resto del país.
Sin embargo, la legislación generó una profunda polémica debido al rechazo de algunas organizaciones ecologistas y, sobre todo, de políticos de la oposición que manipulan el tema y se presentan como protectores del medioambiente. Uno de ellos es el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005), según el cual esa legislación “hipotecaría el futuro del agua y del oxígeno del país”.
“Mesa tiene un doble discurso porque pretende salir como defensor de los indígenas, cuando como mandatario y aliado de los gobiernos neoliberales no hizo nada a favor de esas regiones”, declaró el dirigente de los pueblos autóctonos de Santa Cruz, Jacinto Murua.
Parlamentarios de la opositora Unidad Demócrata presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley y exigieron frenar su aplicación. Para el diputado y analista Víctor Gutiérrez, la oposición no se ha tomado la molestia de indagar o estudiar de manera seria el problema alrededor del Tipnis, porque su único interés es cerrar filas en contra del gobierno, sin importar si les asiste o no la razón.
En esa región el índice de mortalidad infantil y materna es elevado, sobre todo por Infecciones Respiratorias Agudas y porque la mayoría de los partos se realizan en la casa.
Médicos del programa Mi Salud que viajan hasta ese territorio a través de los ríos, señalan como las enfermedades con mayor incidencia a la leishmaniasis, tuberculosis, anemia, parasitosis y diarreas agudas asociadas al consumo de agua contaminada de los afluentes. La leishmaniasis es un mal provocado por un parásito transmitido por mosquitos y ocasiona llagas en la piel. Aunque existe tratamiento para curarla, en el Tipnis todavía se recurre a prácticas como el empleo de hierros calientes para intentar acabar con el vector y cerrar la herida.
Esta es la situación que condujo al debate y la aprobación de la nueva ley en la Asamblea Legislativa. Al hacer un análisis de la normativa, debemos partir del hecho de que ésta surge de los propios indígenas del Tipnis y no de ninguna entidad ministerial o parlamentaria.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la idea de construir la carretera data de hace muchos años porque desde el gobierno de Hernán Siles Suazo (1982-1985) ya se analizaba la posibilidad de llevar a cabo esa obra.
Posteriores administraciones, como las de Jaime Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); e incluso, la de Carlos Mesa, también impulsaron la vía, según recordó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González.
En el centro de la polémica también está el tema de la intangibilidad, contemplada en la Ley 180, y que prohíbe la ejecución de cualquier proyecto en esa zona.
La oposición aboga por mantener esa antigua normativa, pero la mayoría de los habitantes de ese parque están por eliminarla para terminar obras inconclusas y mejorar la vida de las comunidades.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce la validez de revisar el estado de intangibilidad, toda vez que ese concepto no está contemplado en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y otros proyectos económicos y sociales y, en lo posible, administrarlos mediante sus propias instituciones.
La legislación 266 sobre el Tipnis, promulgada por el presidente Evo Morales, tiene como objetivo la protección, desarrollo integral y sustentable del Tipnis, en armonía con los derechos de la Madre Tierra.
Carmen Esquivel/Prensa Latina
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017
