Seis años han transcurrido desde aquel 11 de octubre de 2009, en que de manera ilegítima toda la fuerza del Estado fue utilizada para perpetrar una de las más evidentes agresiones a la clase trabajadora en nuestro país. En el más descabellado de los sinsentidos, el autonombrado “presidente del empleo” lanzó a la calle a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin más trámite que la emisión autoritaria de un decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.

Como hoy lo reconocen algunos de los protagonistas del atentado al estado de derecho, el gobierno panista nunca tuvo en mente ajustarse a los cánones jurídicos para ventilar ante los tribunales los derechos laborales de los sindicalistas despedidos; menos aún, poner a discusión de la población y de los expertos en el tema del sector eléctrico las supuestas causales contenidas en la arbitraria decisión. El diálogo, que es la más valiosa herramienta para alcanzar y consensuar acuerdos en un país realmente democrático, fue excluido por Felipe Calderón Hinojosa como uno más de sus excesos cometidos a lo largo de su sexenio.

El exsecretario del Trabajo y Previsión Social, hoy senador de la República, Javier Lozano Alarcón, acepta en un reciente artículo publicado en El Universal que el encubierto golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas se preparó con el mayor de los sigilos semanas antes de su ejecución, y pondera que la toma de las instalaciones de la paraestatal se hizo mediante “un operativo impecable diseñado y ejecutado por el entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, sin ningún tipo de enfrentamiento y sin necesidad de utilizar la Fuerza pública”.

Lo que el defensor de Calderón sigue encubriendo es que el “operativo impecable” no fue sino una represión quirúrgicamente ejecutada a través de un inusual despliegue de miles de elementos de las diversas corporaciones policiales y castrenses, que metralleta en mano expulsaron de sus centros de trabajo a los miembros del SME: una de las más valientes decisiones del “presidente del empleo”.

Los sofismas de ayer empiezan a desmoronarse. Y a la distancia resalta la complicidad del entonces secretario del Trabajo con la ilegítima medida –pues a pesar de que en su momento Javier Lozano firmó la revisión contractual entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con vigencia del 16 de marzo de 2008 al 16 de marzo de 2010, y avaló igualmente un convenio de productividad donde él mismo redactó la Cláusula Décima Primera, referente a la concesión de una red pública de telecomunicaciones que permitiera la operación de la fibra óptica asociada con el ancho de banda de la red de mediana y baja tensión en material de cobre, para brindar el servicio de voz, datos e imagen a la sociedad, el llamado triple play, a bajo costo, el funcionario ocultó deliberadamente esta información al pueblo de México en octubre de 2009. De hecho, esta concesión hubiera contribuido a fortalecer las finanzas de Luz y Fuerza, echando abajo el argumento su supuesta inviabilidad financiera.

Cabe recordar que como parte de la cadena de agresiones, Lozano Alarcón negó semanas antes de la acometida en contra del SME la Toma de Nota a su Comité Central, electo democráticamente para el periodo 2009-2011, argumentando que hubo fraude electoral, condenando al sindicato a la anulación del proceso y reposición del mismo. Se realizaron nuevas elecciones internas donde se ratificó el apoyo unánime de los miembros del SME a sus representantes, por lo que a Lozano no le quedó de otra que entregar la denominada Toma de Nota a Martín Esparza Flores como secretario general, y demás miembros del comité, mismos que en términos de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), representan el interés colectivo de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Esta legítima representación ratificada por la democracia interna del SME, se ha hecho valer en todos los juicios sostenidos por la organización para evitar la disolución forzada de nuestro sindicato, manteniendo la vigencia de su registro nacional de industria y preservando nuestro derecho al trabajo. Han trascurrido 6 años de arduas luchas y de constantes litigios ante los tribunales, que pese a habernos dado la razón en septiembre de 2012 reconociendo la obligación del gobierno federal a asumirse como patrón sustituto y obligándolo a reconocer nuestros derechos y prestaciones de ley, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron sepultar la legalidad y el estado de derecho al revocar la decisión a nuestro favor en su sesión del 31 de enero de 2013.

Tras cerrarse los caminos jurídicos, la única vía que quedó abierta para resolver el conflicto fue la opción política, misma que tuvo su punto de apoyo en el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contenido en el expediente 239/2009 en donde se estableció que, para poder concluir las relaciones individuales y colectivas, se condenó al Servicio de Enajenación y Administración de Bienes a asumirse como liquidador con la obligación de identificar y cuantificar los montos de las liquidaciones individuales y colectivas.

Sobre este tenor asomó una de las irregularidades surgidas a raíz del ilegal decreto emitido por Calderón, pues mientras en el mismo el expresidente señaló que eran 80 mil millones de pesos la cantidad que correspondía a los trabajadores, cabe preguntarse ahora: ¿dónde dejó el exmandatario esos recursos o cómo fue que los desapareció?

Por esta razón, y para evitar que se convirtieran en deuda pública por la que tendrían que pagar todos los mexicanos, y dentro del marco de la reforma energética, donde se contempla que la generación de energía, suministro de productos y servicios como son las fábricas y talleres dejaron de ser actividades exclusivas del Estado, se concretó la opción para que mediante la participación de distintas dependencias del gobierno, y por la vía del diálogo, se alcanzara un acuerdo legal que ha permitido la entrega, el uso y explotación de las plantas que formaron parte de la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, para ahora poder generar electricidad a través de una nueva empresa de generación denominada Fénix, constituida entre el SME y la firma Mota Engil, amén de una cooperativa denominada LF del Centro, misma que permitirá que dentro de estos dos esquemas de operación se materialice la ansiada reinserción laboral de los electricistas que no aceptaron su liquidación, la supuesta panacea que ofertaron, como merolicos de feria, tanto Felipe Calderón como el expriísta Javier Lozano en 2009.

Los electricistas del SME, para desgracia de los autoritarios y represores panistas, siguen en pie y con miras a un alentador futuro. El juicio de la historia –ni qué hablar– se he encargado de enviar a quienes atentaron contra la clase trabajadora y los intereses de la nación al sitio que les corresponde: el basurero de los desechos políticos.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 460 / del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2015