Se entiende como Guerra sucia a las determinaciones, políticas, acciones y procedimientos gubernamentales que violan las leyes mexicanas y las convenciones internacionales; específicamente, sobre el trato a los prisioneros desarmados. Tiene como objetivo la aniquilación de organizaciones político militares de oposición al régimen.

No es cuando las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos rebeldes armados, lo cual puede considerarse acciones contrainsurgencia. No, la Guerra sucia es cuando las fuerzas gubernamentales hacen prisioneros fuera de combate. Y éstos son ejecutados, aun estando rendidos, o son llevados a cárceles clandestinas para ser torturados. De igual manera, estas detenciones se extienden a los padres, los hermanos o los hijos, quienes también son torturados y finalmente desaparecidos.

La desaparición de personas por motivos políticos es el indicador más nítido de este periodo. En términos prácticos, inicia con la decisión gubernamental de confinar a los detenidos relacionados con el movimiento armado socialista a campos de concentración ilegales y secretos; en lugar de cárceles instituidas.

Asimismo, y por lo general, estuvo acompañada del uso sistemático de la tortura para obtener información. Ésta se realizó no sólo en contra de los militantes opositores, sino también en contra de la familia y la comunidad. Tampoco pisarían las cárceles “normales”, sino que serían desaparecidos de manera permanente.

Entre estas acciones, se encuentran las detenciones sin orden de aprensión y fuera de flagrancia de delito; retención en centros de reclusión no identificados públicamente como tales; negación de la detención y de información respecto a los detenidos; tortura contra los detenidos, familiares y personas cercanas; ejecución extrajudicial de personas detenidas fuera de combate, desarmadas, o en el marco de emboscadas policiacas y militares planeadas con premeditación, con notable desvenja y uso excesivo de la fuerza, con el objeto no de detener a las personas para su consignación ante un juez, sino para aniquilar a los militantes y destruir la capacidad de acción de sus organizaciones y aterrorizar a la sociedad.

En México, la Guerra sucia es una forma de expresión de la violencia contrainsurgente del Estado mexicano. Inició en 1964 y la última acción registrada se dio en 2012.

Se presentó en tres fases de intensidad: la primera desde los primeros combates del Grupo Popular Guerrillero de Chihuahua en 1964, hasta abril de 1974. Las características más determinantes de este periodo es el carácter temporal de la desaparición. La tortura tenía por objeto principal obtener una confesión, a efecto de consignar y mantener en prisión “legalmente” a los detenidos.

La detención ilegal se realizaba en centros temporales, como cuarteles, oficinas gubernamentales, o algún otro espacio improvisado. Generalmente, duraba hasta que la confesión y el involucramiento de otros actores sociales eran obtenidos por las fuerzas represivas del Estado mexicano.

En esta fase, las detenciones temporales podían convertirse en permanentes, cuando la persona detenida moría producto de la tortura o una instrucción superior. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los fallecidos eran presentados por las autoridades como caídos en enfrentamientos con las fuerzas del Estado –o de su propia organización o movimiento–; muertos en un intento de fuga, o por suicidio, con lo que la condición de persona desaparecida se extinguía.

En abril de 1974, inició la fase de mayor intensidad de la Guerra sucia. La determinación del expresidente Luis Echeverria Álvarez permitió utilizar la fuerza del Estado de manera centralizada, sistemática y obviando cualquier simulación judicial.

En esta segunda fase, las autoridades ya no sólo desaparecieron a las personas que morían por exceso de brutalidad en las torturas. El objetivo dejó de ser que el prisionero confesara tal o cual delito, para justificar su encarcelamiento.

No, el propósito principal era encontrar y destruir a las organizaciones rebeldes y aniquilar a sus integrantes. Los cargos “legales” quedaban en segundo, o en ningún plano. La característica principal de esta fase era la desaparición sistemática de los detenidos, por orden presidencial.

En abril de 1974, esta respuesta gubernamental diseñada para enfrentar el auge de la disidencia de los grupos de oposición revolucionaria al régimen se establece como política central de Estado.

Se extiende hasta el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, a partir del cual disminuye la intensidad de las detenciones y desapariciones de integrantes de organizaciones político-militares. Esto se debió no por un cambio de política, sino por una disminución de la actividad de los organismos armados, ya que estaban diezmados o debilitados en su mayoría.

Por su intensidad, la tercera fase de la Guerra sucia se dio a partir de 1988. El último evento está marcado por la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca.

En este periodo, el 4 de abril de 1990, durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, cinco personas fueron detenidas, torturadas y temporalmente desaparecidas por el procurador de Justicia, Ignacio Morales Lechuga. Eran integrantes de la Coordinación de Enlace, una de las tres vertientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, las cuales sobrevivieron al periodo de dispersión de esta organización.

Durante el régimen de Ernesto Zedillo, en 1996, el profesor Gregorio Alvarado, miembro del Partido Comunista Marxista Leninista de México, fue desaparecido por el CISEN y la Policía Judicial de Guerrero.

Y, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército mexicano realizaron la masacre de El Charco, Guerrero. Fue una emboscada efectuada en contra del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI.

Los mencionados son algunos de los eventos de Guerra sucia que se dieron durante la tercera fase; principalmente, en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Podemos decir que la Guerra sucia es un subconjunto del terrorismo de Estado. Sin embargo, no es sinónimo, pues el segundo abarca eventos de represión masiva contra ciudadanos desarmados, como los atentádos públicos durante la campaña presidencial del general Mujica, en 1940.

O la masacre del 7 de julio de 1952 en la Alameda de la Ciudad de México en contra del movimiento henriquista; la masacre de Chilpancingo en 1960; la masacre de Iguala en 1962; las masacres de copreros y Atoyac en Guerrero, en 1967, y la masacre del bloque 310 en ciudad Obregón.

También, puden ser consideradas parte del terrorismo de Estado las masacres del 2 de octubre en 1968 y del 10 de junio en 1971. Así como Aguas Blancas (28 de junio de 1995); Acteal (el 22 de diciembre de 1997) y el Bosque Chiapas (10 de junio de 1998).

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, no se considera como parte del periodo de la Guerra sucia. Aunque incluyó el desollamiento de personas vivas, el asesinato y la desaparición y estuvieron involucrados elementos del Ejército mexicano, es señalada como una prueba de la actual incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad de la población.

De ninguna manera la Escuela Normal de Ayotzinapa es una fuerza armada insurgente o una organización político militar. Por otro lado, aunque las motivaciones de los normalistas para movilizarse pudieran ser consideradas como “políticas” –asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México–, los motivos de los perpetradores tenían que ver con el entorno de la actual macrodelincuencia que afecta al país.

Los policías que detuvieron a los estudiantes no lo hacían por encargo directo del presidente de la República, o de las altas autoridades, como en los casos de Guerra sucia, sino obedeciendo las órdenes del grupo de delincuencia organizada dominante en el lugar.

En resumen: puedo definir a la Guerra sucia como los crímenes de lesa humanidad y otras acciones ilegales e inhumanas cometidas por el Estado mexicano, a partir de la década de 1960. Buscaban la supresión de militantes y organizaciones político militares de oposición al régimen. No obstante, estoy claro que es un tema que es necesario seguir delimitando.

David Cilia Olmos*

*Investigador Por México Conahcyt

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