Todas las escuelas normales rurales del país son importantes para la defensa del proyecto educativo heredado de la Revolución Mexicana. Todas cuentan con las herramientas académicas y políticas para responder ante los embates que de manera permanente padecen.
Hoy las dos primeras están al frente de dos organismos nacionales de la FECSM (el Comité Central y el Comité Nacional de Vigilancia). La tercera encabeza uno de los organismos fraternos (o regionales) de la misma organización.
En los congresos de la FECSM, y en general en la vida interna de este organismo estudiantil, los alumnos de las tres escuelas destacan por su capacidad organizativa, oratoria y conocimientos en marxismo leninismo. Se aseguran de mantener vigentes en sus respectivos planteles los cinco ejes del normalismo rural que diferencian a estas escuelas de las normales urbanas (y de todas las instituciones de educación superior del país): académico (plan de estudios oficial), módulos de producción (ganadería, actividades agrícolas y talleres de oficios), deportivo (atletismo, natación, futbol), cultural (danza, música, payasística) y político (formación en materialismo histórico y dialéctico, discusión de los problemas sociales y educativos, y actividades de lucha estudiantil).
El ataque contra los alumnos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 – que hasta la fecha mantiene desaparecidos a 43– se inscribe dentro de la violencia generalizada en todo el país desatada por la guerra contra el narcotráfico. Sí. Pero no sólo. La escuela atravesaba una serie de embates orquestados desde los gobiernos federal y estatal –con el entusiasta apoyo del alto sector empresarial– para desaparecer (o “transformar”) a la normal. Apenas 1 año antes de la desaparición forzada y los asesinatos, los alumnos habían recuperado la matrícula estudiantil luego de una reducción decretada desde el despacho de la política educativa del gobierno del estado. Dos años previos habían logrado reactivar el comedor estudiantil suspendido abruptamente. Y 3 antes habían echado abajo un proyecto para transformar a la normal en una “universidad pedagógica” que suspendía las becas de alimentación, dormitorios y que en los hechos significaba la cancelación de educación superior para los estudiantes de origen campesino.
Antes del ataque de la noche del 26 de septiembre, los estudiantes de Aytozinapa ya habían sufrido embates mortales: el 12 de diciembre de 2011 policías federales dispararon contra los alumnos. Los cuerpos de dos normalistas quedaron en el pavimento de la carretera de la Autopista del Sol. Por cierto, el doble crimen permanece impune.
La reacción de la sociedad ante la atrocidad cometida contra Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 hizo que los que sentenciaron a muerte al normalismo rural se detuvieran… momentáneamente. Pero Ayotzinapa no está a salvo. Ahora la Procuraduría General de la República, con informaciones filtradas a sus voceros en los medios de comunicación, busca de nueva cuenta vincular a los estudiantes (pobres todos, de hogares humildes) con el narcotráfico.
Y el embate contra los otros pilares del normalismo rural no se detiene. De las 118 de órdenes de aprehensión dictadas contra maestros y estudiantes en Michoacán, se anuncia que alrededor de 90 se refieren a normalistas. Ya podemos augurar contra quiénes se enfilará la mayoría: contra los de la normal rural de Tiripetío y la normal indígena de Cherán, esta última de reciente creación afiliada también a la FECSM. Al mismo tiempo, contra Tenería se ha desatado una campaña para disuadir a posibles aspirantes de que se inscriban en este plantel educativo. Con ello se busca minar la fuerza de los combativos alumnos y dejar que la escuela se extinga por falta de solicitudes de ingreso.
El desmantelamiento del normalismo rural, decidido en las altas esferas –donde brindan los empresarios de Mexicanos Primero con funcionarios de los gobiernos federal y estatales– se reactiva. El actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sabe algo del asunto. En 2003 y después de muchos intentos, las autoridades educativas lograron cerrar una normal rural. No ocurría desde 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordenó al Ejército ocupar y desalojar 16 planteles. El cierre más reciente de una normal ocurrió en Hidalgo, cuando Osorio Chong ocupaba la Secretaría de Gobierno del estado. Se trató de la desaparición nada menos que de una de las entonces consideradas escuelas “pilares” de la FECSM: la del Mexe. La estrategia gubernamental tuvo éxito porque encontró una fisura en la organización estudiantil y desde ahí penetró y desgarró a la que se consideraba una normal invencible. La lección debe estar presente en los actuales normalistas rurales que, de manera natural, mantienen disputas internas. Sobre todo entre los estudiantes de las tres escuelas hoy más fuertes. Por más fraternas que sean las diferencias, deberán estar vigilantes y solidarios ante los embates que hoy se ciernen sobre todas las escuelas.
Hoy que la mayoría de las instituciones de educación superior (incluyendo las públicas) ha abrazado el dogma neoliberal, estas instituciones se mantienen como un referente de educación crítica, laica, científica y popular.
Habrá que estar al pendiente de lo que ocurra en los próximos días en las 17 normales rurales, de Norte a Sur: El Quinto, Sonora; Saucillo, Chihuahua; Aguilera, Durango; El Cedral, San Luis Potosí; San Marcos, Zacatecas; Cañada Honda, Aguascalientes; Atequiza, Jalisco; Tiripetío, Michoacán; Cherán, Michoacán; Tenería, Estado de México; Panotla, Tlaxcala; Teteles, Puebla; Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero; Tamazulapan, Oaxaca; Mactumactzá, Chiapas, y Hecelchakán, Campeche.
*Periodista
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 463 / del 16 al 22 de Noviembre 2015
[ENTRESACADO:
Antes del ataque del 26 de septiembre, los normalistas de Aytozinapa ya habían sufrido embates mortales, como el del 12 de diciembre de 2012, cuando fueron asesinados dos estudiantes
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