La Habana. Tras un proceso de cinco años, La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó la demanda de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida marítima, y aunque el juicio concluyó, el diferendo está lejos de su fin, porque La Paz nunca renunciará al anhelo de recuperar el litoral.

El 1 de octubre, la Corte dictaminó por mayoría que Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia y, por consiguiente, rechazó los alegatos finales presentados por ese país.

No obstante, la CIJ, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, advirtió que esta decisión no debe entenderse como un impedimento a las partes para continuar dialogando en un espíritu de buena vecindad, a fin de atender lo relativo al enclaustramiento boliviano.

El fallo generó reacciones encontradas a uno y otro lado de la frontera de más de 900 kilómetros, compartida por los dos países.

Aunque Bolivia respetará el dictamen, el presidente Evo Morales lo calificó de injusto y advirtió que el informe tiene contradicciones.

Los jueces reconocieron que Bolivia nació con mar y existen temas pendientes entre las dos naciones, advirtió Morales, y añadió que su país continuará la lucha hasta recuperar el litoral porque -dijo- estamos con la verdad, la justicia y tenemos la razón.

Por su parte el mandatario chileno, Sebastián Piñera, celebró el fallo de la CIJ y lo calificó como un gran día para su país, al tiempo de enfatizar que en cualquier negociación “no estará en juego jamás ni un centímetro de su soberanía”.
Historia de un conflicto centenario

Bolivia perdió su litoral cuando en la Guerra del Pacífico (1879-1883) Chile le arrebató 400 kilómetros de costas y otros 120 mil kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.

Después de muchos años de diálogo y esfuerzos infructuosos para lograr una salida marítima, el gobierno de Morales decidió presentar una demanda ante la CIJ, que dos años más tarde se declaró competente para atender la reivindicación.

Bolivia apeló al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y citó una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos de 1920 a 2010 para negociar ese pedido, entre ellos la declaración de Charaña de 1975 y la Agenda de los 13 puntos de 2006.

Chile, por su parte, concentró sus alegatos en el Tratado de 1904, que trazó los límites territoriales de ambos Estados, un cuarto de siglo después de la invasión.

En ese pacto, el gobierno chileno se comprometió a conceder al vecino el derecho al libre tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico, pero -como bien dijo el exvicecanciller Juan Carlos Alurralde, el camino de Bolivia al mar “es un campo minado”.

La frase resume los problemas para acceder a las costas, tanto por la falta de infraestructuras adecuadas como por las elevadas tarifas del transporte de mercancías, la discriminación de la carga y los asuntos aduaneros.

A ello se añaden los más de 60 paros en los puertos de Arica y Antofagasta ocurridos en los últimos años y que causaron pérdidas millonarias a transportistas y productores, debido a que el 80 por ciento de las exportaciones bolivianas se hacen a través de esas terminales marítimas chilenas.

Estos problemas llevaron a las autoridades de La Paz a analizar alternativas para no depender únicamente de los puertos chilenos.

Entre ellas figura el proyecto de un ferrocarril que enlazará los océanos Atlántico y Pacífico y con más de 3 mil 750 kilómetros, partirá del puerto de Santos, en Brasil, atravesará la selva amazónica boliviana y la cordillera de Los Andes, y se adentrará en el territorio peruano para concluir en la terminal marítima de Ilo.

Se impulsa también el proyecto del Puerto Busch, ubicado en el departamento de Santa Cruz, junto al río Paraguay, y que le permitirá a Bolivia tener un acceso al Atlántico.

El tema marítimo es la más alta prioridad del Estado y del gobierno de Bolivia, pues según estudios, esa nación deja de percibir cada año mil 500 millones de dólares por su situación de mediterraneidad y la reducción del Producto Interno Bruto es de hasta 2 por ciento.

“Está claro que pese a este rechazo que estableció la Corte, el derecho de Bolivia de un acceso soberano al océano Pacífico sigue vigente, es irrenunciable y siempre será irrenunciable”, declaró el vicepresidente Álvaro García Linera.

Al analizar el reciente dictamen de la CIJ, el chileno Julio Pinto, premio nacional de Historia 2016, consideró que el diferendo entre las dos naciones seguirá porque no se ha resuelto un problema de fondo, que no solo es jurídico, sino también histórico, cultural y político.

“Mientras no se llegue a una solución, la relación armónica y los intereses de ambos países van a seguir siendo una herida abierta que va a reventar cada cierto tiempo y que seguirá envenenando nuestras relaciones”, opinó.

Para el reconocido politólogo argentino Atilio Borón, el fallo del tribunal de La Haya “peca de un tecnicismo que no se compadece con la densidad histórica y geopolítica que encierra esa controversia”.

Según su criterio, Santiago y La Paz deberán sentarse a conversar y encontrar una solución política y diplomática, satisfactoria para ambas partes y que ponga fin a una disputa que no sólo daña a Bolivia, encerrada en el Altiplano, sino que tampoco le hace bien a Chile.

Además del problema marítimo, ambas naciones tienen pendiente el diferendo por el desvío del río Lauca, que provocó una ruptura de relaciones en 1962; el de los afluentes Caquena y Uchusuma, y el de las aguas del Silala, este último presentado también en la Corte de La Haya.

Carmen Esquivel/Prensa Latina

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