En una exhaustiva fiscalización, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentó en 2018 que en la “modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía”, personal militar incurrió en diversas anomalías, como conflicto de intereses y pagos con sobreprecios a contratistas.

El reporte final de la auditoría con número progresivo de revisión 3, clave 230 (obra pública), indica que los trabajos realizados al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto incluyeron la construcción de un hangar de mantenimiento de ala rotatoria, un hangar de resguardo de ala rotatoria, un hangar de mantenimiento de ala fija, edificios de la comandancia de la Base Aérea, edificio de medicina de aviación, plataformas, urbanización, estudios técnicos y equipamiento de transmisiones, de sanidad, de intendencia y de informática.

Actualmente, el plan gubernamental del presidente Andrés Manuel López para esta Base Aérea Militar es transformarla en una extensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo cual se espera que se hagan nuevas modificaciones.

Las construcciones que realizó el gobierno pasado se llevaron a cabo del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018. A la fecha de conclusión de la auditoría (28 de febrero del año pasado), existía un saldo en la cuenta bancaria de 45 millones 547 mil 344 pesos, pero el reporte no revela el monto total invertido en esas obras.

De lo que sí da cuenta puntual es de las anomalías, entre las que destaca lo que califica como un conflicto de interés. “Se detectó que la persona física ‘Brenda Alejandra García Rodríguez’ tiene una relación laboral por motivo de la obra ‘modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 (Santa Lucía, Estado de México)’, habiendo percibido un sueldo total durante el periodo del 1 de julio de 2017 al 18 de marzo de 2018 por la cantidad de 131 mil 228 pesos; asimismo es proveedora de materiales de la misma, habiéndosele comprado un total de 4 millones 670 mil 731 pesos, por lo que infringe la normativa en materia de adquisiciones vigente, en virtud de que incurre en conflicto de intereses por ser proveedora y estar contratada como empleada en la obra, contraviniendo el artículo 50, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Al respecto, y gracias a la intervención del Órgano Interno de Control, el informe agrega que la Sedena solventó esta observación 1 mes después de que se hizo la revisión: “el ingeniero residente reintegró la cantidad señalada, presentando ficha del depósito realizado a la cuenta bancaria número 204008620 de Banjército, a nombre de: R07117 Sedena Moder Inst BAM 1 Sta. Lucia [sic], con fecha [del] 4 de abril [de] 2018”.

Pagos con sobreprecios

Entre otras anomalías, la auditoría descubre que el Ejército incurrió en pagos injustificados (o sobreprecios) y en omisión en el cobro de penas convencionales a contratistas.

Por ejemplo, en el “contrato SDN/16051/2017/17, de fecha 1 de agosto 2017, fincado a ‘Comercializadora Los Tres Jr, SA de CV’, por el importe máximo de 32 millones 486 mil 159 pesos, se detectó una diferencia en precios contra facturas pagadas por la cantidad de 385 mil 197 pesos”. Derivado de esta observación, el proveedor realizó una transferencia bancaria por concepto de reintegro, de su cuenta de Bancomer a la cuenta cuenta de Banjército.

Pero ese no fue el único caso. El Órgano Interno de Control señaló que “en relación con la cláusula 2 ‘precio convenido’ del contrato SDN/16051/2017/36A, de fecha 22 de noviembre 2017, fincado a Distribución Interceramic, SA de CV, por el importe máximo de 1 millón 920 mil 932 pesos, se ha facturado un total de 2 millones 11 mil 200, por lo que se observa que rebasó dicho importe máximo, según documentación comprobatoria expedida del 24 de noviembre de 2017 al 22 de febrero de 2018, existiendo una diferencia de 90 mil 268 pesos”.

En similar condición estuvo el “contrato SDN/16051/2017/33C de fecha 31 de agosto 2017, fincado a Juan Manuel García Lara, por el importe máximo de 10 millones 454 mil 433 pesos, en el que se detectó una cantidad por 653 mil 63 pesos correspondiente a pagos efectuados de más al proveedor, por haber cobrado en facturas bienes que no se encuentran considerados en el contrato respectivo (contrato vigente en plazo de entrega de material)”.

El reporte advierte que, mediante el oficio 209/MIBAM1/2018, de fecha 4 de abril de ese año, el ingeniero residente de la obra informó a los auditores que “tanto las observaciones administrativas como las económicas en las que se tuvo que realizar reintegros fueron solventadas, se verificó la documentación original de las garantías de cumplimiento, de los convenios modificatorios, fichas de depósito y toda comprobación correspondiente, archivando en el expediente fotocopia certificada de la documentación comprobatoria en comento de las mismas, quedando sin novedad [sic]”.

Más irregularidades

Los temas del conflicto de interés y los sobreprecios no son las únicas irregularidades que detectó la auditoría interna. También se señala en el informe final que hubo adjudicación directa injustificada e incumplimientos de contratos.

Ejemplo de ello es el contrato SDN/16051/2017/14, del 2 de julio de 2017, a favor de la empresa Construcciones e Inmob. DELEONHMNAS, SA de CV, que se realizó por adjudicación directa. “Sin embargo, no existe cotización de este proveedor y no se integró en el estudio de mercado, contraviniendo los artículos 26 fracción VI, y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que se señala que se deben incluir estos documentos en el procedimiento de adquisiciones”.

Finalmente en otros siete contratos (SDN/16051/2017/36B, SDN/16051/2017/44, SDN/16051/2017/46, SDN/16051/2017/53, SDN/16051/2017/55, SDN/16051/2017/56 y SDN/16051/2017/58) que implican un monto global superior a los 5 millones de pesos, la auditoría señaló que se incumplieron los plazos de entrega, por lo que determinó que la Sedena debería aplicar las penas convencionales correspondientes.

Esperemos que ahora en la “cuarta transformación” las obras en Santa Lucía para el nuevo aeropuerto se hagan apegadas a la ley. Ello, si la Presidencia logra destrabar el tema de judicial, luego de que un grupo denominado No Más Derroches ganara una suspensión definitiva de la obra.

Nancy Flores

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