El más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía es sumamente preocupante. En los últimos nueve años han asesinado a 53 compañeros del oficio. De ese total, aparentemente un caso se está aclarando (Eliseo Barrón), sin que hasta la fecha tengamos pormenores del mismo. Los otros, se encuentran archivados para mejor ocasión. Ello porque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y Medios de Comunicación, de la Procuraduría General de la República, donde cobra el señor Alberto Orellana Wiarco, no tiene recursos, personal ni, sobre todo, interés en hacer las averiguaciones de los casos.
Y al encargado de Derechos Humanos de la mencionada Procuraduría, licenciado Juan de Dios Castro, lo mismo le da por regañar a la defensora de radios comunitarias, Aleida Calleja (se han clausurado violentamente, en dos años, 36 emisoras de ese tipo y cuando menos un par de directivos pueden caer en prisión), que advertirle a los disidentes panistas que no le hagan, al decir del abogado, el juego a los periodistas críticos o a los caricaturistas malévolos.
Hace poco ultimaron a Juan Daniel Martínez, en Acapulco, Guerrero, corresponsal de la W Radio, y con él son ya siete homicidios en lo que va del año, sin que las autoridades federales y estatales pongan la menor atención en lo que sucede. La cifra va en aumento constante, pues en 2007 hubo cinco caídos, un año después se elevó a 12 (más del ciento por ciento), y ahora, en seis meses de 2009, ya superamos lo ocurrido hace dos años.
Como es lógico, muchos de los tecleadores que ya no regresaron a sus hogares vivían en entidades donde el narcotráfico es omnipresente. Y es que cuando las publicaciones se atreven a ello, les lanzan sendas granadas para recordarles quién manda en la plaza, como le ocurrió hace tiempo a El Mañana de Nuevo Laredo.
En 2008 hubo, documentadas, 225 agresiones. Por lo tanto, según el vocero de la citada fundación, Omar Raúl Martínez, se convirtió en el lapso más violento en los últimos tres lustros. De esas acciones violentas, el 69 por ciento fueron realizadas por el poder político. Ello muestra que los burócratas continúan siendo quienes más obstruyen el derecho a la información y a la difusión de las ideas.
Confluyen en estos ataques a las principales libertades, entonces, los que violentan el artículo 6 y 7 constitucionales y aquellos que, teniendo las herramientas para castigar a los infractores, se hacen de la vista gorda o simplemente aceptan que todo pase y nada ocurra.
Los estados donde hay mayor número de acometidas son: Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Es cierto que muchos de los delitos en estos lugares no son tan graves como los asesinatos, pero en todos los casos se demanda que se impidan.
Una nueva forma de atacar a los emisarios, la cual documenta muy bien Perla Gómez Gallardo en su libro Libertad de expresión, revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, es la demanda civil a medios y reporteros. Mientras que en 2007 hubo dos juicios, el año pasado fueron 14.
Desde que Marta Sahagún llevó a tribunales a la revista Proceso y a Olga Wornat, el numerito se ha repetido. Así pues, lo mismo hizo Gerardo Sosa (cacique hidalguense) contra Alfredo Rivera y Miguel Ángel Granados Chapa; igual procedieron consorcios gaseros y petroleros contra Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, acción en la que hasta el comentarista resultó involucrado.
Pero además, hoy existe un boicot del gobierno federal en publicidad. En este caso los perjudicados son las publicaciones: Forum, Síntesis, Contralínea, La Tijereta, Fortuna y Proceso. Así pues, un nuevo mecanismo se agrega para evitar que existan investigaciones puntuales de lo que ocurre en el país, comentaristas agudos, caricaturistas irreverentes y fotógrafos valientes.
Recientemente, en el número 1709 del semanario que dirige Rafael Rodríguez Castañeda y que fundó Julio Scherer García, apareció en la portada una imagen donde ante las armas, dinero, celulares y casquillos de algunos integrantes del cártel de La Familia, se exhibían números de Proceso, sobre todo dos en los cuales se mostraba cómo operaban las bandas delincuenciales en el país.
El hecho es un nuevo atentado contra las libertades elementales. Cuestión que llevó a una airada protesta del impreso. Nos solidarizamos con nuestros compañeros. No se puede presentar a un informativo como parte de un grupo criminal. Es necesario sumar nuestra voz contra dicho atentado del que fue objeto una publicación que ha sufrido embates gubernamentales desde siempre y ahora parecen recrudecerse.
Es vital para una república evitar los asesinatos y demás ataques –abiertos o sutiles– contra periodistas y medios de comunicación.
