*Centro de Colaboraciones Solidarias
Noticias de un día cualquiera: el partido del gobierno en España rechaza el impuesto a transacciones financieras; impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del Ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El gobierno aprueba un regalo de 30 mil millones a la banca. El gobierno justifica que los bancos no den crédito porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33 mil millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda…, sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación, el aumento del desempleo, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana, con la que muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.
Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches (manifestaciones) junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías “en acción” serán castigados con multas de hasta 600 mil euros. Y con penas de prisión de hasta 4 años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.
Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el gobierno del Partido Popular, el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, esta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.
Incluso la policía critica esa ley. José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía, denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de la organización no gubernamental de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por internet, en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Esta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.
Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien expone Carlos Martínez, de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (Attac) Andalucía: “Estamos ya en una predictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permite al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.
Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el gobierno dice ahora que es sólo un borrador y Mariano Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla si la ciudadanía se mueve. Una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirmaba Mandela: “Siempre parece imposible hasta que se logra”.
Contralínea 365 / 16 – 22 de diciembre de 2013
