Detrás del impeachment contra Trump

En Estados Unidos avanza segundo impeachment contra Donald Trump. Está en el Senado desde el lunes 25 al senado. Al expresidente se le someterá a su segundo juicio político, por primera vez en la historia del país, por “incitar a la insurrección” con el asalto al Capitolio el 9 de febrero.

El lunes una delegación de demócratas de la Cámara de Representantes, lista para que sus integrantes se conviertan en fiscales, marchó por el Capitolio, ya en la noche, para entregar la acusación contra Trump y así inicia un juicio sin precedentes contra un expresidente. Los nueve encargados del juicio político de la Cámara seleccionados por Nancy Pelosi entregaron el artículo de juicio político y el encargado principal Jamie Raskin de Maryland lo leyó en voz alta en el piso de la Cámara.

En el juicio de impeachment contra Trump se necesitan 17 votos republicanos en el Senado para condenarlo. Ambos partidos cuentan cada uno con 50 escaños en el Senado, la vicepresidenta Kamala Harris decide si hay empate, pero se necesitan dos terceras partes para condenarlo, es decir, 67 votos. Es difícil que prospere este proceso que busca que Trump no pueda volver a contender por la Presidencia.

Por otra parte, en su primer mensaje presidencial, Joe Biden convocó a “poner fin a esta guerra civil que enfrenta al rojo contra el azul, lo rural a lo urbano, lo conservador a lo liberal”. Hablan de “guerra civil” y de “insurrección”.

Recordemos que la Guerra Civil estadunidense –1861-1865– no era calificada como tal por el presidente Abraham Lincoln, quien trató de evitar llamarla guerra civil o insurrección. Se refirió a las acciones de “pandillas, merodeadores, hooligans y no fue hasta su discurso de Gettysburg en noviembre de 1863 que lo llamó guerra civil.

Es significativo para los argumentos hechos hoy, que están impulsando la insurrección en lugar de la reconciliación, a pesar de que Biden se presenta como un unificador. Esto incluye pedir la destitución de los representantes de la Cámara de Representantes que impugnaron la certificación del Voto del Colegio Electoral por ser “partidarios de la insurrección”. A pesar del hecho de que entre 600 mil y 700 mil personas murieron durante la guerra, Lincoln ni siquiera quiso llamarlo una insurrección. La Enmienda 14 se adoptó en 1868 tras la guerra civil y es inquietante que hagan uso de ella.

Pero el 11 de enero la Cámara no perdió tiempo en llamar a los acontecimientos del 6 de enero una insurrección, en lugar de un motín o una protesta violenta u otro lenguaje similar.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes argumentando por acusar a Trump de “incitación a la insurrección”, y también quieren juzgar al senador Ted Cruz de Texas y a los senadores que se unieron a él en la impugnación de la certificación de la votación, contra todos utilizan referencias de la Guerra Civil para hacer sus argumentos.

El informe judicial utiliza la Décimo cuarta Enmienda, sección 3, argumentando que el cargo de “incitación a la insurrección” es necesario ya que la “amenaza que se manifestó en el Capitolio está en curso. La emergencia sigue con nosotros”. Esto se refiere a la amenaza de la violencia en Washington, DC, y los capitolios del Estado en todo el país. La Enmienda citada es una de las tres Enmiendas de la Guerra Civil (la Décimo tercera, ratificada en 1865 al final de la Guerra Civil; la Décimo cuarta, ratificada en 1868, y la Décimo quinta, ratificada en 1870). La 14 prohíbe que cualquier persona, miembro del Congreso u oficial de Estados Unidos que se haya dedicado a la insurrección o rebelión tenga cualquier cargo.

La 14, data del período de la Reconstrucción (1865-1877) y tras la elección tan competida entre Hayes-Tilden, se usó para imponer el período de reconstrucción aplastante, con tropas federales retiradas del sur a cambio de lo cual Hayes obtuvo la Presidencia.

Según los argumentos de la época, también se utilizaron cargos de insurrección contra los trabajadores que luchaban por defenderse. Grandes conmociones estaban ocurriendo en términos del desarrollo del Estado de Estados Unidos. El ferrocarril transcontinental se completó y hubo una grave depresión después de la Guerra Civil, en 1873. En 1877 el ferrocarril de Baltimore y Ohio (B&O) se completó. En Virginia Occidental, los ferrocarriles redujeron dos veces los salarios y los trabajadores estallaron la huelga. Y se utilizaron cargos de insurrección contra los trabajadores que luchaban por defenderse, luego estallaron una huelga nacional y se llevaron a cabo huelgas generales en ciudades específicas como Saint Louis y Chicago. Los trabajadores del hierro, del acero y los mineros del carbón, también se fueron a la huelga los blancos y negros, para luchando por eliminar toda esclavitud. Y fueron acusados de “insurrección”.

Ahora frente a pandemia, crisis y racismo, desde marzo de 2020 hay un movimiento de trabajadores exigiendo empleo, atención médica y una transferencia pacífica del poder. Unas 600 mil personas planeaban una huelga general el 20 de enero si Trump usaba a las fuerzas armadas. Trabajadores sanitarios, de enfermería y medicina, obreros, desempleados han estado luchando por sus derechos, por un cambio en la dirección del país y una nueva constitución. Recientemente en Portland, Oregón, Denver han habido diversas protestas.

Pero el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), y otras agencias policiacas los van a calificar como “extremistas violentos domésticos” e incluso usan a las milicias armadas y los desmanes para criminalizar a todos. Por estar contra la Constitución, la Ley y el Orden, cuando lo que buscan es un cambio en el sistema que les niega sus derechos. Recordemos que Díaz Ordaz –dice Daniel Cossío Villegas en su memoria– afirmó que México estaba al bordo de una guerra civil con el fin de reprimir a los jóvenes del Movimiento de 1968.

El establishment en Estados Unidos, lanza campañas de desinformación lo que implica un esfuerzo por interrumpir y destruir a la amplia opinión pública que existe que el país, y que piensa que éste sigue en la dirección equivocada, que no hay medios para responsabilizar al gobierno, y que se niegan repetidamente, de manera flagrante los derechos humanos básicos a la atención sanitaria, la vivienda, la educación y el sustento. A quienes protesten se le considera como “extremistas” merecedores de castigo. Parte de esto es cosificar a grupos enteros de personas como cosas, usando iniciales, como DVE: Domestic Violent Extremists, para “extremistas violentos domésticos”, para descalificarlos. Hacerlo deshumaniza a las personas que son marcadas, haciéndolas cosas sujetas a la violencia del gobierno y al castigo colectivo, y no se les considera como seres humanos que exigen derechos. Si bien el Boletín de las policías incluye a milicias, hay abundantes pruebas, incluso a partir del 6 de enero, de que el gobierno respalda y a menudo arma a estas milicias y es muy consciente de sus planes, pero no las interfiere ni las detiene. Se incluyen en parte para ocultar este hecho.

Las demandas del pueblo no provienen de una defensa del orden constitucional, sino de derechos que le pertenecen al pueblo. Las demandas provienen de sus calidad de seres humanos, exigiendo los derechos humanos, la equidad y la rendición de cuentas. El choque entre las dos concepciones es muy real. Biden y los demócratas se esfuerzan desesperadamente por bloquear las demandas de equidad y derechos y buscan someter a los jóvenes y a los trabajadores a este orden constitucional disfuncional y obsoleto, que ha demostrado que no puede proporcionar igualdad y que sólo ha sido fuente de problemas e injusticias y no de la solución de las necesidades mas básicas. Y ahora con la pandemia de la Covid-19 se ha visto muy claro la violación de derechos fundamentales que la Constitución no garantiza en los hechos.

No hay duda alguna de que este esfuerzo por la igualdad y el empoderamiento de las personas y un cambio de régimen de gobierno, para que éste responda a los intereses de la sociedad seguirá intensificándose en los próximos años durante la administración Biden.

Ahora, frente a la pandemia, la crisis y el racismo, diversos colectivos se movilizan y buscan soluciones, pero el FBI y otras agencias policiacas los van a calificar como “extremistas violentos domésticos”. El esquema es conocido: hablan de extremistas de derecha por un lado y los extremistas de izquierda por otro. El estado infiltra provocadores y busca que en cada protesta pacífica haya un grupo que produzca incendios y desmanes, entonces la policía actúa violentamente, gasea y golpea a los manifestantes y hasta a los periodistas que buscan resistir y defenderse. Los medios de comunicación escandalizan sobre las “jornadas de violencia” y culpan a los extremistas, creando una cortina de humo que oculta el fondo de los problemas y la justeza de las demandas populares. Por otro lado, es claro que la represión es selectiva, pues a las protestas progresistas y a manifestantes afroamericanos, les dan con todo, mientras que a los supremacistas blancos los dejan actuar abiertamente y exhibir sus armas, sin que la policía intervenga.

Debemos de estar atentos a los reportes de los principales medios de comunicación, cuando recibamos las informaciones, para tener claro que, atrás de las apariencias y de las imágenes selectivas que nos presenten y de los estigmas, existe un pueblo. Que no todo son luchas cupulares, pues hay un gran movimiento en la base. Estemos seguros que tarde o temprano, la lucha del pueblo de Estados Unidos por sus derechos prevalecerá, por el bien de todos y por encima de un sistema obsoleto, que sólo favorece a las corporaciones y a su búsqueda de dominio mundial, a las guerras e injusticias. El pueblo de estadunidense lucha por paz, justicia, libertad y por una renovación democrática.

Pablo Moctezuma Barragán*

* Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social