El decreto de muerte de Bolsonaro

Brasilia, Brasil. Pese a refrendadas investigaciones que acreditan la relación entre armas y muertes, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, promulgó el 7 de mayo la flexibilización del porte de esos instrumentos bélicos para más categorías.

Según un informe de la organización no gubernamental Sou da Paz, tal decreto presidencial permitirá que millones de brasileños puedan circular con esos artefactos, a sabiendas que sólo pueden usarse en modo alguno para matar.

Ante la irresponsable disposición, el periódico O Globo alertó que 18.6 millones de ciudadanos de más de 25 años que viven en zonas rurales pudieran finalmente cumplir sus históricas demandas y recibir autorización para el uso de armamento.

La orden aprueba, increíblemente, que adolescentes puedan ser admitidos en clubes de tiro sin mayores trámites y autoriza la venta de hasta 1 mil proyectiles por persona.

Ese decreto complementa asimismo otro dictado en enero que atenuó los requerimientos para la venta de armas a civiles, una de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, quien se comprometió a favorecer el “derecho a la defensa” contra la delincuencia.

Trascendió que diputados de la bancada evangélica y la oposición buscaron al presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, para discutir los requisitos del precepto. En un comunicado, la Conferencia Nacional de Obispos se opone a la flexibilización en el porte de artilugios de guerra y su asamblea ordinaria argumenta que “el verdadero discípulo de Jesús siempre tendrá en el amor, el diálogo y la reconciliación la vía eficaz para responder a la violencia y falta de seguridad”.

Ante la posibilidad de que el polémico mandato sea aplastado por los legisladores, Maia negocia con el ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, un reajuste del texto en las partes consideradas inconstitucionales por los técnicos de la Cámara. Instruyó a sus asesores para que después de analizarlo determinen si éste se ajusta a lo que establece la Constitución.

Mientras, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, manifestó sus reservas por la posibilidad de que los parlamentarios puedan circular armados en la Asamblea Legislativa local.

Por su parte, el partido Red de Sustentabilidad (Rede) informó que llevará el caso al Supremo Tribunal Federal (STF). Se vaticina que si el gobierno no acepta reducir el contenido del decreto, será derrotado en el plenario o en esa corte.

En un primer momento se comunicó que la nueva normativa alcanzaría solamente a coleccionadores de armas, tiradores profesionales y cazadores; sin embargo después se verificó que beneficia a 20 grupos, entre ellos al propio presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y legisladores estaduales. La medida autoriza igualmente a camioneros, legisladores, periodistas, agentes de seguridad privados, vigilantes de cárceles, abogados y a otros a portar armas. De acuerdo con medios periodísticos, los camioneros, sector que cuenta con 500 mil profesionales, resulta ser uno de los más interesados en poder viajar con una pistola o revólver ante los peligros de asaltos y robos en carreteras.

Para el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, se trata de una medida que intenta esquivar el Estatuto del Desarme de 2003 e ignora estudios que demuestran la ineficacia de armar civiles para reducir la violencia.

Voces y acciones contra las armas

Los brasileños piden a gritos más seguridad pública y existe una buena razón, pues de los 63 mil 800 asesinatos (récord) en 2017, más de 40 mil fueron cometidos con ingenios de fuego, la mayoría de ellos fabricados nacionalmente. Buena parte de las muertes fue causada por artefactos ilegales, portados por bandidos. Se desconocen estadísticas recientes sobre el número de armas ilícitas.

Datos del Ministerio de Justicia, de 2010, indicaban que 30 por ciento de los aparatos bélicos decomisados a criminales tenían origen legal, o sea salieron de manos de policías, militares o civiles autorizados.

A las claras: una sociedad brasileña muy armada también tendrá bandidos equipados hasta los dientes, pues resultan comunes los descarríos.

Por los cuestionados decretos, según O Globo, cuatro de cada cinco brasileños (169 millones) se afectarían directamente si se mantiene en el texto la posibilidad de acceso a armas por habitantes de ciudades con tasas de homicidios superiores a 10 muertes por cada 100 mil habitantes. En total, 3 mil 179 de los 5 mil 570 municipios están por encima de esta línea de corte.

Recientemente, diputados federales presentaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara un proyecto de decreto legislativo para suspender los efectos del publicado en el Diario Oficial de la Unión.

“El precepto [de Bolsonaro] desconsidera la vida, por eso nosotros lo llamamos decreto de la muerte. Es algo psicópata. Celebrar más armas es aplaudir más velorios”, comentó la parlamentaria María del Rosario, del Partido de los Trabajadores.

Para que un proyecto de decreto legislativo sea aprobado y abata la disposición del Ejecutivo, necesita una mayoría simple.

Hasta ahora la Fiscalía federal encaminó un documento técnico al Congreso y califica de anticonstitucional el decreto que amplía el pose, comercialización y porte de armas y municiones.

La nota apunta que el gobierno debe someter al Congreso Nacional las propuestas de políticas públicas que alteren las anteriormente adoptadas mediante ley.

El Ministerio Público Federal (MPF) indica además que el Poder Ejecutivo no promovió un debate “transparente y plural” sobre armar a los ciudadanos como forma de generar efectos benéficos a la seguridad ni planteó fundamento para la medida.

La iniciativa de Bolsonaro refuerza prácticas que jamás produjeron buenos resultados en Brasil o en otros países. Su adopción sin discusión atropella el proceso en marcha de implantación del Sistema Único de Seguridad Pública, refiere el MPF.

Investigadores aseguran que las armas no inhiben el crimen, sino lo vuelve más letal, y su entrega para una supuesta defensa personal resulta un desatinado pretexto.

Con las dos irracionales órdenes se contribuirá a la creciente suma de más pérdidas de vida por armas de fuego en Brasil, donde casi 12 millones de personas viven en las favelas, manchadas de sangre y pólvora por bandas delincuenciales.

Osvaldo Cardosa/Prensa Latina

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