El pasado 15 de septiembre se realizó un foro académico con motivo de la visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, señor Olivier De Schutter. El evento fue convocado y organizado por la Campaña Sin Maíz No Hay País, formada por organizaciones civiles y movimientos sociales. Debemos aclarar que no se trató de una visita oficial, sino de un primer acercamiento en espera de la confirmación de una invitación oficial por parte del gobierno mexicano en 2010.

El foro fue celebrado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Allí diversas organizaciones civiles e instituciones académicas expusieron sus preocupaciones y demandas en torno al derecho a la alimentación. Entre los temas abordados estuvieron: el estado nutricional de la población, en el que se destacó que persisten los problemas de desnutrición, junto con problemas de obesidad y sobrepeso; la situación de las mujeres campesinas e indígenas frente a los programas de gobierno, así como su papel como productoras de alimentos; un panorama general del derecho a la alimentación desde el punto de vista de las políticas públicas; la importancia de su reconocimiento constitucional; la pérdida de la soberanía alimentaria; los aspectos culturales vinculados a la alimentación; los peligros que se observan ante el uso de semillas genéticamente modificadas; y la importancia de preservar el maíz criollo y a México como lugar de origen de este grano. Al final del evento se leyó un pronunciamiento de la Campaña Sin Maíz No Hay País, en el que se reiteró la importancia de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y al maíz como un producto originario de tierras mexicanas.

En el foro, la maestra Ana Luisa Nerio, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, informó al relator que, desde hace casi dos décadas, un grupo de organizaciones de derechos humanos han impulsado el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. Señaló que éste es mencionado de manera indirecta o vinculada a la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos o en relación con el derecho a la salud. Recordó que la alimentación tal y como está actualmente contemplada en el artículo 4 de la Constitución no toma en cuenta sus aspectos no nutricionales como son la cultura, la producción agrícola, la soberanía alimentaria y el acceso económico a los alimentos. La ponente también dijo ante los más de 250 asistentes al foro que, en México, 19 millones de personas (18.2 por ciento del total de la población) viven en pobreza alimentaria: a penas pueden adquirir los productos de la canasta básica de alimentos.

Después de escuchar las exposiciones, el relator señaló que existe disposición del gobierno mexicano para que se realice una visita oficial en 2010 (cosa que celebramos y esperamos), y que mientras tanto, se mantendría en contacto con las organizaciones mexicanas para recabar información. Al día siguiente, en un desayuno convocado también por estas mismas organizaciones civiles, De Schutter pudo conocer algunos casos más específicos sobre violaciones al derecho a la alimentación en México. Durante los dos días de su visita, el relator indicó que la pobreza es uno de los más grandes obstáculos para erradicar el hambre en el mundo y expresó que en el mundo existen 2.4 mil millones de personas con desnutrición, lo que a su vez impacta en la salud de las personas.

Subrayó que alrededor de 6.5 millones de niñas y niños mueren por desnutrición o causas relacionadas con ella a nivel mundial. También señaló que muchas personas consumen productos “chatarra” porque, pese a no ser ricos en nutrientes, son energéticos y más baratos que los saludables. El señor De Schutter apuntó que el hambre no es un problema de producción de alimentos, pues a pesar de que las cosechas de los dos últimos años fueron más abundantes que nunca, la malnutrición ha aumentado y afecta a 1 mil millones de personas en el mundo. Algo muy interesante que expresó el relator fue que, sin pronunciarse en específico por el caso mexicano, no consideraba que imponer impuestos a los alimentos contribuyera a reducir el hambre y la pobreza y, que en todo caso, los alimentos que deberían estar gravados son los considerados “chatarra”, como los refrescos.

*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC