“La presencia de agentes de la DEA [Agencia Antidrogas Estadunidense] en México no es ninguna novedad; ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo”, declaró el pasado 26 de octubre Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores. Para rematar dijo que sí hay agentes de la DEA, “pero los controlamos; tienen prohibido realizar acciones propias de [las] autoridades mexicanas. Sabemos número y ubicación [de sus agentes en México] pero [esa información] es tema reservado por seguridad”.

 

Precisamente por seguridad nacional es inadmisible que actúen en México agentes y militares extranjeros. El 27 de octubre pasado la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, reconoció que los agentes de la DEA participan en el combate al narcotráfico en territorio nacional, que su presencia “se incrementó en el gobierno de [Vicente] Fox y la mayor intensidad se ha dado a partir del actual sexenio”. De hecho, desde que Barack Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, Felipe Calderón ha abierto las puertas a la intervención de ese país como nunca antes.

 

Washington irrumpe poco a poco en México; hay agentes e integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero por “seguridad” carecemos de información precisa. Agentes y militares de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); la DEA; la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), el Pentágono y la Armada de ese país trabajan abierta y anticonstitucionalmente en la Oficina Binacional (Reforma 265), y según documentos de la Oficina Nacional de Políticas de Control de las Drogas de la Casa Blanca, Washington está situando a sus agentes llamados “enlaces” en ciudades mexicanas fronterizas y otras más.

 

Por informes del diario The Washington Post se sabe que hay militares estadunidenses en una base militar del Norte, y el 10 de mayo pasado el director general de Iniciativa Mérida, Keith Mines, inauguró en San Salvador Chachapa, Puebla, una base militar bautizada como Academia de Formación Policial, donde actúan militares y agentes estadunidenses. Además, se han aprobado aduanas de dicho país ¡en México! para agilizar el flujo de mercancías a Estados Unidos y la incursión de drones  (aviones no tripulados) en cielo mexicano.

 

Los agentes del ICE circulan en nuestro territorio. Basta recordar que el agente estadunidense Jaime Zapata fue victimado en San Luis Potosí, y en Guerrero y Veracruz han actuado integrantes de la Marina de Estados Unidos. La invasión se da paso a paso.

 

Desde que Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en Texas en 2005 –que acordó la integración en seguridad y energéticos de Estados Unidos, Canadá y México–, comenzó la anexión y los planes para el control militar directo por parte de Estados Unidos. Recientemente el precandidato republicano James Richard Perry, conocido como Rick Perry, declaró su intención de mandar tropas a México si llega a ser presidente de ese país, para “cooperar” en la lucha contra el crimen.

 

Pero la forma de “ayudar” y “cooperar” sería que dejaran de mandar armas a los cárteles mexicanos. El periódico Los Angeles Times señaló el 8 de octubre pasado que entre 2006 y 2007 la ATF –la misma a cargo de la operación Rápido y Furioso– condujo la operación Receptor Abierto, con el que permitió el paso ilegal de armamento a México, y después, perdió el rastro de los compradores. También los funcionarios del Departamento de Justicia sabían de dicho operativo. No lo impidieron, como no impiden que el sistema financiero en Estados Unidos lave cientos de miles de dólares del crimen organizado. No cooperan ni ayudan.

 

Lo que quieren es tener pretextos para intervenir en México. El supuesto “complot terrorista” de Irán para asesinar al embajador saudí en Washington, en complicidad con uno de Los Zetas, es un montaje del gobierno de Estados Unidos para atacar a Irán y justificar la intervención militar directa en México, misma que facilita Calderón y la alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN): PRIAN.

 

La reciente declaración de la secretaria de Estado Hillary Clinton de que las actividades de los cárteles mexicanos son similares a las de los terroristas, propicia el clima intervencionista y es muestra del empeño en subordinarnos al Comando Norte y su lucha contra el terrorismo.

 

Pero se les olvida que somos un país soberano. Miguel Hidalgo y los insurgentes iniciaron la lucha que culminó el 6 noviembre de 1813, en el Congreso de Anáhuac, con la declaración formal de la Independencia.

 

El 22 de octubre de 1814 se juró la Constitución que declara la soberanía nacional y popular. Ésta implica necesariamente que seamos los mexicanos quienes resolvamos nuestros problemas, sin injerencia militar externa como lo establece la Constitución en su artículo 76, sin la “ayuda” por parte de Estados Unidos, que por cierto se ha caracterizado siempre por una política injerencista agresiva, como lo demuestra en Irak, Afganistán, Haití y ahora Libia.

 

Resulta grave lo sucedido en ese país, donde Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte bombardearon, invadieron y apoyan a la “resistencia” que ellos patrocinan, y sus huestes linchan y asesinan a Muamar el-Gadafi como en la Edad Media, al hacer un espectáculo y escarnio de su muerte.

 

No hay respeto a la soberanía, ni a las leyes internacionales ni a las de guerra que impiden asesinar a los prisioneros. No hay juicios ni tribunales. Es la barbarie y el regreso al salvajismo.

 

Esa política es muy clara en el caso de Cuba; el 25 de octubre pasado 186 naciones votaron en la Organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo estadunidense contra la Isla. Sólo votaron a favor Estados Unidos e Israel. Se abstuvieron Micronesia, República de Palaos e Islas Marshall.

El gobierno de Obama actúa en contra del sentir de la humanidad en pleno y mantiene el criminal bloqueo. Durante décadas los actos terroristas contra Cuba han cobrado más de 3 mil 400 vidas y causado lesiones y discapacidad a más de 2 mil inocentes, y sin embargo connotados criminales, autores de atentados, asesinatos y sabotajes están libres hoy en Florida, Estados Unidos.

 

Recordemos: el 6 de octubre de 1976, la CIA –a través de los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch– efectuó un atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación que salía de Barbados; murieron los 73 pasajeros a bordo, en el peor atentado terrorista en el hemisferio occidental hasta esa fecha. En 1990 George Bush perdonó a Bosch. Posada Carriles sigue libre y campante en Estados Unidos, protegido por el gobierno. En contraste, el héroe cubano René González salió libre el 7 de octubre pasado luego de 13 años de prisión en Estados Unidos, forma parte de los cinco héroes cubanos que fueron encarcelados debido a su trabajo que consistía en detectar e impedir sabotajes y acciones terroristas en contra de Cuba.

De manera absurda se le impide ahora regresar a su país para reunirse con su familia, a la que le han prohibido ver desde su encierro, pues está en “libertad supervisada” y se le ha imposibilitado salir de Estados Unidos durante tres años. Ahí su vida corre peligro. Eso significa el apoyo a los terroristas como Posada Carriles y el castigo ilegal contra quienes trabajan para impedirlo.

 

La Declaración de Ginebra dio a conocer un informe que indica que “la violencia en México es peor que en muchas zonas de guerra”. Sucede que Estados Unidos impulsa la violencia y la beligerancia en territorio mexicano y en el mundo. Bajo la forma de “guerra irregular”, su Comando de Operaciones Conjuntas Especiales (COCE), que actualmente tiene su base en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha desarrollado operaciones para matar no sólo en Irak y Afganistán, sino también en Yemen, Paquistán, Siria, Somalia, Nigeria, Filipinas, Argelia, Irán, Malasia, Mali y México.

 

Recientemente Obama otorgó al COCE la inaudita autoridad de poner a individuos en la lista de asesinatos sin aprobación previa del presidente para cada uno. Éste es un ejemplo de cómo se otorgan poderes policiacos que retoma el mandatario, aunque los asesinatos sean actos ilegales para la ley de Estados Unidos y la ley internacional. El COCE supuestamente no tiene por qué involucrarse en operaciones encubiertas como las que desarrolla la CIA. Sin embargo, como recientemente ha reportado The Washington Post, altos oficiales admiten que sus operaciones son “tan similares a las de la CIA como su cantidad de acciones encubiertas”. El COCE participa también con la CIA en “operaciones clandestinas”.

 

Además bombardea bodas en Afganistán, tortura prisioneros, realiza redadas, mantiene 90 días en aislamiento a los presos. No reporta sus actividades al Congreso sino al presidente. Desde Estados Unidos mandan drones a asesinar personas en lejanos países, con los consabidos “daños colaterales”. En México, éstos ya ingresaron en el espacio aéreo ¿Qué sigue?

 

La “guerra” contra el narcotráfico permite la intervención abierta de Estados Unidos. El periódico The New York Times ha reportado que cada vez más las estaciones de trabajo de agentes y militares estadunidenses dirigen las acciones de policías y soldados mexicanos, ¿con qué resultados? Este diario ha puntualizado que en México se ha duplicado la producción de marihuana y que somos ya el segundo productor mundial de heroína, después de Afganistán, país que, por cierto, no producía esta droga antes de la invasión estadunidense.

 

Y detrás del escenario de la “guerra” se profundiza la entrega de los recursos nacionales a las grandes corporaciones. Tanto el PAN como el PRI compiten por ignorar los artículos 27 y 28 de la Constitución para conceder el petróleo mexicano a compañías extranjeras, y el saqueo de las mineras es ya escandaloso.

 

En estos momentos es importante reconocer que tanto el PRI como el PAN con la integración económica, política y ahora militar a la que han conducido a México, han puesto en peligro la viabilidad de éste, han destruido el desarrollo económico y el bienestar de la población y acabado con la paz y la seguridad. Frente a ese proyecto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha reivindicado la soberanía energética y alimentaria de la nación y Andrés Manuel López Obrador, en importantes declaraciones en Washington, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

 

En el país vecino un sector de la ciudadanía quiere que el papel de su país en el mundo cambie y que impulse el desarrollo y las buenas relaciones. Es importante que la cooperación entre los pueblos se base en que cada nación resuelva sus problemas, disfrute sus riquezas y viva relaciones de amistad; que los militares y agencias de cada uno se restrinjan a garantizar la seguridad en la propia casa, para poner fin al neocolonialismo, a la intervención y el saqueo de otros países.

 

Hacia ese mundo alternativo vamos, la humanidad quiere un futuro de paz, la historia nos llevará a relaciones de verdadera ayuda y cooperación. Ésa es nuestra lucha.

 

*Politólogo; dirigente de Mexteki, vocero del Congreso de la Soberanía