Un análisis de los impactos económicos del narcotráfico podría arrojarnos algunas pistas de áreas descubiertas del combate actual a los grupos de la delincuencia organizada. Esas áreas sin atención sistemática del gobierno, o valoradas de manera deficiente en las estrategias actuales de seguridad, han producido un vacío que favorece la reproducción del crimen organizado en el país.
Control de la actividad económica informal. Los grupos de la delincuencia organizada han tendido a monopolizar y controlar el rango completo de la actividad ilícita en las zonas bajo su control. Esto abarca desde el tráfico de armas y de seres humanos, hasta el robo de autos, la extorsión y el secuestro. Sin embargo, por la necesidad de ampliar su base asalariada y aumentar sus ingresos, la delincuencia organizada ha empezado a imponer una “obligación fiscal” a todos aquellos comercios o individuos que operan en la economía informal y no pagan sus impuestos de manera regular a las autoridades hacendarias. Esto fue parte de la debacle de todas las actividades de negocios en la zona fronteriza de Tamaulipas con Texas, pues pequeños comercios, vendedores callejeros y comerciantes ambulantes fueron obligados a pagar su contribución económica al crimen organizado. No existe, por supuesto, un registro de las ganancias derivadas de este giro, pero diversos testimonios de pequeños empresarios en esa región fronteriza indican que hasta los vendedores más humildes eran conminados a pagar sus “impuestos”.
Creación de una fuerza de trabajo especializada en la violencia. El incremento de la presión gubernamental y el aumento de la rivalidad intercárteles forzaron a los grupos del narcotráfico a fortalecer sus cinturones de seguridad y desarrollar métodos y lugares de “capacitación” y entrenamiento en el manejo de las armas. Jóvenes pertenecientes a pandillas o simples habitantes de barrios inseguros comenzaron a recibir entrenamiento que los colocaba de inmediato en un nivel de especialización en la violencia. Estimaciones recientes de investigadores de la Universidad de Harvard indican que los cárteles han producido cerca de medio millón de empleos, la mayor parte de ellos dedicados a cultivar, proteger, cosechar y procesar mariguana y amapola. Las cifras más recientes del propio gobierno mexicano establecen que los decomisos de esas drogas han declinado. En su reporte de la Estrategia de control de drogas, difundido a principios de este mes, el gobierno estadunidense explica la elevada concentración de efectivos federales en las zonas urbanas. Más allá del empleo rural, los cárteles han generado una importante fuerza de trabajo criminal en las ciudades. El mismo estudio de Harvard estima que por cada 100 campesinos dedicados a la producción de drogas, existen otras 46 personas involucradas en otras fases de la industria del tráfico de drogas, entre ellas la protección de las células de mando, operaciones, vigilancia, inteligencia y la aplicación forzada de sus propias reglas (mediante secuestros y asesinatos).
Incursión en nuevas áreas de criminalidad. Los traficantes de drogas han levantado negocios paralelos que no estaban hasta hace unos años en el radar de las autoridades policiales o militares. Uno de ellos es el robo de petróleo condensado y turbosina a Petróleos Mexicanos, que los cárteles posteriormente colocaban en los mercados internacionales a través de una red de empresas estadunidenses y guatemaltecas. Aunque varias de esas compañías han sido llevadas a juicio en Estados Unidos, el negocio sigue adelante; legisladores mexicanos estiman que las ganancias de los grupos criminales se elevan a varios miles de millones de dólares anuales.
El flujo de dinero hacia la economía mexicana ha tenido un impacto mínimo en el desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia. Análisis cartográficos de la Universidad de San Diego establecen que la mayor parte de los habitantes de la región fronteriza con Estados Unidos recibe un ingreso anual per cápita no mayor de 7 mil dólares. En el lado estadunidense, la mayoría obtiene un ingreso anual per cápita mayor de 14 mil dólares, lo que coloca a toda la región fronteriza por debajo de las líneas de pobreza.
La mano de obra asalariada por el narcotráfico apenas supera esa cantidad. En promedio, un joven que está empleado como sicario, guardián o vigilante de las bandas del narcotráfico recibe un ingreso que fluctúa entre 6 mil y 12 mil dólares al año, parte en dinero en efectivo, parte en drogas y otra parte en prebendas: un auto, un celular, etcétera. La investigación de la Universidad de Harvard revela que los 468 mil individuos empleados por la delincuencia organizada reciben una parte importante de las ganancias generadas por el narcotráfico. Los niveles más bajos del sicariato, que suman cerca de 145 mil individuos, reciben en conjunto cerca de 1 mil 740 millones de dólares al año. Los mandos policiales y militares corrompidos se llevan una tajada semejante, pero el número de personas que recibe ese dinero es sensiblemente menor. El resto de las ganancias se queda en manos de los líderes de los cárteles.
Los cálculos de las ganancias globales de la delincuencia organizada en México difieren entre sí. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que las ganancias van de 12 mil a 80 mil millones de dólares. Estimaciones más mesuradas, que incluyen el costo de los decomisos y las operaciones antidroga, indican que las ganancias de los narcotraficantes mexicanos oscilan entre los 3 mil y 9 mil millones de dólares anuales.
Cualquiera que sea la cifra real de las ganancias del narcotráfico, lo cierto es que la delincuencia organizada mexicana cuenta con un poder económico semejante o superior al del conjunto de fuerzas policiales y militares dedicadas a combatirla. Los grupos del narcotráfico han estado adquiriendo un arsenal liviano de tipo militar que los ha ayudado a contrarrestar la ofensiva gubernamental mediante una ola histórica de violencia.
El punto crucial de la lucha contra los cárteles no radica sólo en el combate fuerza a fuerza, sino en el desmantelamiento de las formas de acumulación de riqueza de los narcotraficantes. Esto implicaría pensar en varios frentes: uno, el más inmediato, es el desarrollo social y económico en las zonas de pobreza urbana y rural donde la delincuencia organizada alimenta sus filas. Otro que es más lento, por el tiempo que toma documentar una operación de lavado de dinero, es cerrar las puertas de las industrias al dinero de origen ilícito. El tercer frente, mucho más complejo, es reducir el mercado mediante políticas de salud, educación y, sobre todo, de legalización del consumo de drogas. Mientras estas áreas no sean atendidas, el narcotráfico seguirá gozando de los vacíos de la política gubernamental.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
