El gobierno de Enrique Peña Nieto está tratando de paliar el aparente desastre en materia de servicios de inteligencia que dejaron los gobiernos panistas en los últimos 12 años: falta de presupuesto, personal inexperto, investigaciones abandonadas, inexistencia de estrategias de largo plazo.
Sin embargo, el presidente tendrá que hacer lo que otros mandatarios priístas no lograron: impedir que la reconstrucción de los servicios se politice y ocurra sólo en beneficio de la fracción en el poder, muy lejos de satisfacer los grandes intereses del Estado y la nación.
Los retos de la nueva administración y de la nueva Legislatura serán enormes: al aprovechar la debilidad gubernamental en materia de inteligencia, los grupos criminales se expandieron por todo el país a través de la contratación de pandillas, grupos criminales pequeños y líderes de la delincuencia común y ampliaron sus espacios de operación a Centroamérica. La vigilancia débil y escasa de las agencias de espionaje permitió que los cárteles también ejercieran presión política y asesinaran a candidatos a puestos de elección popular.
La matanza de inmigrantes centroamericanos que cruzaban la ruta del Golfo de México nunca pudo ser detectada por los servicios de inteligencia, a pesar de que la industria del transporte carretero dio señales de alerta por varios meses antes del descubrimiento trágico de las fosas comunes y las pilas de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, y otras regiones del Norte del país.
La falta de inteligencia para la seguridad también fue un catalizador de otros procesos que dañaban a la sociedad, tales como la esclavitud de técnicos especialistas y trabajadores de la construcción por parte de los grupos criminales que los usaban para construir túneles, controlar el espacio aéreo o abrir las puertas de negocios que se habían negado a aceptar la extorsión.
En el periodo de los gobiernos panistas, los grupos insurgentes tuvieron tiempo suficiente para proteger a sus células dormidas y prepararlas para futuros alzamientos armados. Los estados del Sur, donde están localizados algunos de los municipios más pobres del país y existe un gran potencial insurreccional, siguen siendo el escenario de operación de grupos armados, tanto de corte revolucionario como de naturaleza paramilitar.
Por si fuera poco, las carencias en materia de inteligencia facilitó la labor de grupos de poder empresarial que pudieron operar sin cortapisas y obtuvieron sendos contratos y permisos mediante actos de corrupción, mientras los viejos líderes sindicales que controlan a millones de trabajadores seguían enriqueciéndose a costa de las cuotas sindicales y el erario.
Ahora el gobierno federal se prepara para pagar el costo de reconstrucción y reducir el daño tan grave provocado por el descuido hacia los servicios de inteligencia.
Lo primero que encontraron los nuevos funcionarios fue un personal no experimentado, archivos incompletos, seguimiento interrumpido de grupos y personas consideradas de riesgo a la seguridad nacional y un estado de paralización casi total de las actividades de espionaje gubernamental.
Ese estado de desastre puede explicar por qué ocurrió la explosión en la torre administrativa de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México sin que los servicios de inteligencia hubieran detectado una situación de riesgo extremo en una empresa tan estratégica para el Estado mexicano.
Con la necesidad de cubrir rápidamente los vacíos de inteligencia y empezar sus primeras operaciones de alto impacto, el nuevo gobierno se vio obligado a pedir los servicios de empresas de espionaje privadas que le ayudaron, por ejemplo, a la enorme operación que culminó con el arresto de Elba Esther Gordillo, la defenestrada lideresa magisterial. En tanto, el gobierno espera ver los resultados del regreso y recontratación de viejos personajes de la inteligencia mexicana, animados por la promesa gubernamental de profesionalizar los servicios de inteligencia y crear una agencia que centralice toda la información estratégica, táctica y operacional que producen las agencias civiles y militares.
La creación de un centro nacional de inteligencia, a la manera de organización de la comunidad de inteligencia estadunidense, cuenta ahora con el apoyo del Ejército, a diferencia del intento fallido de Adolfo Aguilar Zínser, quien fungió brevemente como consejero de seguridad nacional en el inicio del gobierno de Vicente Fox e intentó, sin éxito, concentrar la información de inteligencia del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y los servicios de inteligencia militar y naval en la consejería.
Los pasos anunciados en materia de inteligencia podrían abrir la puerta a otra oportunidad para profesionalizar esos servicios, siempre y cuando el gobierno sepa neutralizar el retorno de viejas prácticas de espionaje a partidos políticos y líderes de la oposición, el seguimiento de los grupos disidentes, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil que acostumbraron los gobiernos priístas del pasado.
La contratación de agencias de espionaje privadas que le ayudan al gobierno a resolver sus necesidades coyunturales de inteligencia puede ser también una señal de alerta para los intentos correspondientes de control y rendición de cuentas provenientes del Congreso de la Unión mexicano hacia las agencias de inteligencia.
En la medida en la que los dos gobiernos anteriores desmantelaron los servicios de espionaje, funcionarios, administradores y agentes de inteligencia desempleados empezaron a crear empresas de seguridad y servicios privados de seguridad que hasta el momento no han sido normados por el Congreso.
Algunos gobernadores del país, al ver que el gobierno federal aún no termina su labor de reconstrucción de los servicios de inteligencia, contrataron a agencias privadas que –con sus propios equipos de espionaje y sin la necesidad de pasar por un juez para obtener la aprobación de la interceptación de llamadas telefónicas o comunicación digital– podrían dar resultados más rápidos y efectivos en la operaciones de alto impacto.
Tanto el desvío político de las operaciones de inteligencia como el uso incontrolado de las agencias privadas de espionaje son dos riesgos importantes para los intentos de consolidación democrática en el país y la pretensión de diseñar políticas de gobierno que respeten los derechos humanos y protejan la privacidad de los ciudadanos.
El partido en el gobierno cuenta con una experiencia histórica muy amplia en el uso político-partidista de los servicios de inteligencia y, desafortunadamente, en la creación de empresas de seguridad que constituían centros de inteligencia paralelos, en algunos casos fuera de la ley y anticonstitucionales.
Nada garantiza que la nueva política de reconstrucción de los servicios de inteligencia en este gobierno corresponda con los intereses nacionales y las políticas de respeto a la legalidad, la democracia y los derechos humanos, si no hay al mismo tiempo una reconstrucción de los mecanismos institucionales y legislativos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de esos servicios.
Las experiencias antidemocráticas del pasado que podrían regresar a los servicios de inteligencia con la recontratación de viejos agentes y la debilidad de los sistemas de rendición de cuentas, podrían ser obstáculos importantes en la modernización y profesionalización de los servicios de inteligencia del país.
El reto es aún mayor en la futura integración de los servicios de inteligencia civil, militar y naval. Estos dos últimos servicios podrían contaminarse de las viejas prácticas del espionaje político y mantener al mismo tiempo la opacidad que las ha caracterizado históricamente.
Si hay descuido gubernamental en este proceso, los servicios de inteligencia militar y naval podrían ser predominantes en la comunidad de inteligencia e impedir el desarrollo adecuado de las agencias civiles. Aunque ese predominio no sería necesariamente dañino, sí podría afectar el equilibrio entre las agencias de la seguridad nacional mexicana y dar origen a una indeseable militarización del espionaje mexicano.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, DC, Estados Unidos
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Fuente: Contralínea 330 / abril 2013
