Ginebra, Suiza. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron, el jueves 12 de febrero, la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dispuso la imposición de aranceles comerciales a las exportaciones de petróleo de terceros países a Cuba.

“La orden ejecutiva de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba es una grave violación del derecho internacional y una grave amenaza a un orden internacional democrático y equitativo”, dijeron en una declaración emitida en esta ciudad suiza.

La declaración coincidió con el arribo a Cuba de dos barcos de la Armada de México que llevan ayuda humanitaria, 814 toneladas de alimentos, pero no el petróleo que necesita la isla para sostener servicios esenciales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que su país “está haciendo todo lo posible para fomentar un diálogo pacífico y se garantice que Cuba, sin que ningún país le imponga sanciones, pueda recibir petróleo y sus derivados para sus operaciones diarias”.

La orden ejecutiva emitida por Trump, el pasado 29 de enero, estableció que “la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos.

Tras declarar “una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, Trump ordenó “establecer un sistema de aranceles contra los productos de los países extranjeros que proporcionen directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”.

Para los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial, caracterizar a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusar al país de “apoyar a grupos terroristas transnacionales” carece de credibilidad.

Afirmaron que “a falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”.

Se trata de “una forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales, mediante la cual Estados Unidos busca ejercer coerción sobre el Estado soberano de Cuba”.

Además, se orienta a “obligar a otros terceros Estados soberanos a alterar sus relaciones comerciales legítimas, bajo amenaza de medidas comerciales punitivas”.

Por el contrario, “el derecho internacional no da derecho a imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en actividades comerciales legítimas con otro país soberano”, agregó la declaración.

Los expertos expusieron que la orden ejecutiva estadunidense viola los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación, pilares esenciales de un orden internacional democrático y equitativo, tal como se refleja en el Artículo 2(1) de la Carta de las Naciones Unidas.

Además, elude los marcos multilaterales que rigen el comercio y la seguridad internacionales, incluida la Organización Mundial del Comercio.

“Un orden internacional democrático no puede conciliarse con prácticas mediante las cuales un Estado reivindica la autoridad para dictar las políticas internas y las relaciones económicas de otros mediante amenazas y coerción”, indicaron los expertos.

Expresaron “profunda preocupación por las previsibles consecuencias humanitarias” de restringir el suministro de combustible a Cuba.

“Cuba ya sufre una grave escasez de energía debido a las sanciones previas de Estados Unidos, con apagones de hasta 20 horas en muchas zonas, lo que afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos y contribuye a las crisis de salud pública”, destacaron.

El texto recuerda que el combustible es indispensable para la generación de electricidad, los sistemas de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, incluidos el riego, la cosecha, la refrigeración y la distribución de alimentos.

Asimismo, recuerda que las medidas que probablemente resulten en escasez de bienes esenciales pueden equivaler a un castigo colectivo de civiles, lo que plantea serias preocupaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Los expertos instaron al gobierno estadunidense a revocar de inmediato la orden ejecutiva y a cesar el uso de medidas económicas extraterritoriales, alineando su conducta con el derecho internacional.

Instaron a los Estados a abstenerse de reconocer o dar efecto a medidas coercitivas unilaterales que socaven el derecho internacional y a adoptar las medidas apropiadas, para defender los principios de la cooperación internacional, la igualdad soberana, la no intervención y el arreglo pacífico de las controversias.

Los expertos que suscriben la declaración son Ben Saul, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Michael Fakhri, relator sobre el derecho a la alimentación, y George Katrougalos, experto a cargo de la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

Inter Press Service (IPS)*

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