Feminicidios en Juárez: la oligarquía

Santiago Gallur Santorum* / Quinta parte

En 2002, todas las evidencias disponibles hacían pensar a las propias autoridades federales mexicanas que los asesinatos en serie de mujeres se producían en orgías sexuales, en una especie de fraternidad, realizadas por uno o más grupos de asesinos, protegidos por funcionarios de varias corporaciones policiales. A su vez, contarían con la complicidad y el patrocinio de personajes prominentes (con fortunas legales e ilegales procedentes del narcotráfico y el contrabando) con influencia en toda la frontera Norte, incluso en el centro del país. Se trataría, según fuentes federales de seguridad, de seis destacados empresarios de El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Tijuana, que promueven, financian y atestiguan cómo los sicarios secuestran, violan, mutilan y asesinan a mujeres. Pero parece que la cosa va más allá, debido a que estos empresarios –dedicados a los negocios de gas, transporte, medios de comunicación, refrescos y establecimientos de ocio, juego y apuestas– tendrían conexión directa con políticos del gobierno de Vicente Fox (González, Huesos en el desierto, página 251).

El 30 de enero de 2002, un agente anónimo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) declaró a El Heraldo de Chihuahua: “De acuerdo con el Cisen, existen en los estados varios funcionarios involucrados en el narcotráfico: burócratas de los gobiernos estatales, municipales y federales, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Hay funcionarios intocables en las corporaciones, y una investigación oficial sobre ellos desataría problemas imposibles de solventar por el Estado mexicano; el gobierno no les puede pegar porque se pegaría a sí mismo. Y en caso de que se dispusiera a hacerlo, las consecuencias podrían ser más desastrosas que el mismo problema del narcotráfico…” (Piñón, El Heraldo de Chihuahua, “Hay ‘intocables’ coludidos con jefes del narco: Cisen”). En coherencia con esta información, el 5 de febrero de 2002 era asesinado Mario César Escobedo Anaya, de 29 años, abogado de Gustavo González Meza, la Foca, uno de los conductores de autobús acusados de los crímenes del “campo algodonero” en 2001. Los asesinos fueron un grupo de agentes judiciales que formaban un grupo que trabajaba bajo las órdenes de Alejandro Castro Valles, comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, responsable de la captura y posterior tortura de los dos conductores de autobús detenidos en 2001 (el Cerillo y la Foca), acusados de varios feminicidios. El abogado, de 29 años, fue asesinado una semana después de que concediera una entrevista sobre el feminicidio para el programa 20/20 Downtown de la televisión estadunidense ABC (González, Huesos en el desierto, páginas 251-254).

 

Familias “bien”

El 9 de febrero de ese mismo año, se celebró una importante boda en Ciudad Juárez que permitió entrever los nexos casi evidentes entre la política y narcotráfico. La novia era Stephanie Korrodi Ordaz, una de las tres hijas de Lino Korrodi Cruz, íntimo amigo del expresidente Vicente Fox y responsable de las aportaciones a la campaña que lo haría presidente. El novio era el hijo de Fernando Baeza Meléndez, exgobernador de Chihuahua, dedicado a la administración de un rancho de cultivo industrial de frutas en Costa Rica, propiedad de la familia del político Carlos Hank González, investigado en Estados Unidos por sus supuestos nexos con el narcotráfico. Asimismo, el 21 de agosto de 1999, Karla Korrodi Ordaz, otra de las hijas de Lino Korrodi, se casó con Valentín Fuentes Téllez, hijo de los Fuentes, una de las familias más importantes de la ciudad (a dicha boda acudiría Vicente Fox como invitado de honor). Pero estas relaciones se estrechan todavía más si tenemos en cuenta que Valeria Korrodi Ordaz, otra de las hijas de Lino, está casada con Genaro Baca Madrid (otro patrocinador de la campaña presidencial de Vicente Fox), hijo de uno de los principales socios de Roberto González Barrera, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, que es a su vez consuegro y socio de Hank González (sospechoso de narcotráfico) (ibídem, páginas 251-254).

Para entender todas estas relaciones familiares y de poder, debemos remontarnos en el tiempo. El 24 de junio de 2000, Narco News publicó que Valeria Korrodi Ordaz concentraba aportaciones de dinero de empresas estadunidenses en una cuenta del Bank of the West en El Paso, transfiriendo posteriormente los recursos a México para cubrir los gastos de la campaña de Vicente Fox en su lucha por la Presidencia, usando para dichas operaciones métodos e instituciones bancarias utilizadas por el narcotráfico para lavar dinero. Asimismo, Valentín Fuentes Téllez, cuñado de Valeria, es familia directa de Pedro Zaragoza Fuentes (amigo de la familia Hank González), a quien se le implicó en el narcotráfico dentro del cártel de Juárez en 1990, atendiendo al Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Además, en 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari detuvo una investigación por delitos fiscales, narcotráfico y lavado de dinero contra la familia Zaragoza Fuentes, aunque ya antes había intercedido en su favor Francisco Barrio Terrazas, en esos momentos gobernador de Chihuahua (ibídem, páginas 253-255).

La familia Fuentes tuvo como guardia particular a Carlos Medina, un excomandante del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial que estuvo bajo las órdenes de Francisco Minjárez (éste ya había sido acusado en 1999 de vínculos con el narcotráfico, junto con Alejandro Castro Valles, responsable de la detención de los Rebeldes, el Cerillo y la Foca), el mismo que llevó las investigaciones del feminicidio al principio y que capturó a Abdel Latif Sharif Sharif. Según un exfuncionario de la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua, en las primeras investigaciones sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, salieron a la luz nombres de algunos empresarios locales que podrían haber estado involucrados. De todos, sólo se conoció el de Valentín Fuentes Téllez (ibídem).

La familia Zaragoza es muy amplia: algunos de sus miembros son dueños de grandes empresas (lecherías y queserías, gasolineras y una cadena de tiendas de autoservicio) y, además, están emparentados con la familia de los Fuentes, poseedora de empresas comercializadoras de petróleo y derivados. A pesar de la aparente legalidad de esos negocios, un informe del Servicio de Aduanas de Estados Unidos señaló a varios miembros de la familia Fuentes como sospechosos de tráfico de drogas. Asimismo, en 1997, tanto la revista Insight como el documental televisivo de la CBS TV 60 minutes divulgaban varias noticias sobre narcotráfico que involucraban directamente a vehículos que transportaban gas natural de una de las empresas de Tomás Zaragoza. Y si nos remontamos seis años atrás, llegamos al momento en el que Baldomero Fuentes fue sentenciado por un tribunal de Juárez a un año de libertad condicional por posesión de cocaína. Incluso, haciendo referencia a informaciones publicadas por la revista Insight, Baldomero Fuentes sería, junto con Rafael Aguilar Guajardo, uno de los fundadores del cártel de Juárez a finales de la década de 1980, en el reparto realizado por Félix Gallardo. Y siguiendo esta asociación de delitos, según la Asociación de Amigos de Familiares y Desaparecidos de El Paso, entre 1993 y 2003, el cártel de Juárez ha secuestrado a unas 700 personas (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 37, 59, 69, 60, 83, 86).

 

Narcos, políticos y policías

Según la administración de drogas estadunidense y policías federales mexicanos, el cártel de Juárez logró infiltrarse en el Partido de Acción Nacional en Chihuahua a principios de la década de 1990. Al parecer, esta estrategia la inició Amado Carrillo a finales de la década de 1980, aprovechando el hecho de que los electores del Partido Revolucionario Institucional estaban decepcionados. Es más, Tomás Colsa McGregor, joyero y contable de Amado, confesó a agentes federales que Francisco Barrio Terrazas y otros gobernadores habían recibido dinero para proteger al narcotraficante. De este modo, el cártel de Juárez logró fortalecerse durante la administración de Barrio Terrazas. Según Jeffrey Davidow, en su libro El oso y el puercoespín, en esa época agentes del servicio de Aduanas de Estados Unidos en Texas descubrieron droga en un cargamento de verduras vinculado con una empresa exportadora de Vicente Fox en Texas. El que llegaría a ser presidente de México consiguió salir impune puesto que (según investigadores de la aduana estadunidense) el cargamento fue reempaquetado en Estados Unidos (ibídem, páginas 88, 99, 100-103, 195).

En enero de 2004, las autoridades de Chihuahua decidieron realizar pruebas antidopaje a sus agentes: en un año, cerca de 200 dieron positivo (una cuarta parte del cuerpo). Dos de los investigadores que habían sido asignados al caso de las asesinadas en Juárez son dignos de tener en cuenta. Uno de ellos, un fiscal especial, que dio positivo en un examen antidroga, habría cobrado, según investigaciones de la Oficina Federal de Investigación, 100 mil dólares del cártel de Juárez. El otro, habría recibido el cargo de cobrador para distribuir los sobornos del cártel en la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte en Juárez (ibídem, página 127).

Ese mismo año, Héctor Lastra Muñoz, jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, fue acusado de ser el organizador de una red de prostitución de menores, de al menos seis jovencitas. Las menores declararon que dos hermanos colaboradores de Lastra se encargaban de sacarles fotografías para un catálogo que se le entregaba a clientes que eran importantes empresarios de la ciudad. Según los informes, jefes policiales y prominentes empresarios pagaron por mantener relaciones sexuales con las menores (Segura, El Mexicano, “Lastra, un Andrade, reclutaba a niñas de 14 y 15 años”).

 

La lista

Por si fuera poco, también en 2004, María López Urbina, fiscal federal, elaboró una lista de unos 80 funcionarios e investigadores considerados negligentes en las investigaciones de los feminicidios. En esta lista aparecía como posible fuente una persona que ya había sido señalada en una investigación federal a mediados de la década de 1990, que descubrió que varios funcionarios de la Procuraduría del Estado de Chihuahua estaban implicados en orgías, en las cuales las jóvenes que se habían dado por desaparecidas se les encontraba muertas. Según ese mismo informe, los funcionarios no eran responsables de los crímenes, sino que únicamente organizaban y planeaban las fiestas a las que eran llevadas las jóvenes. En 1999, se hizo otra investigación federal de la que las autoridades concluyeron que destacados hombres de Ciudad Juárez, conocidos como los Juniors, estaban involucrados en algunos de los asesinatos de mujeres. Se llegaba a afirmar que los crímenes eran una forma de protesta en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con los que estos hombres “respetables” pretendían presionar al gobierno para obtener determinadas concesiones (ibídem, páginas 209, 210).

En los últimos años, las dimensiones de los feminicidios de Ciudad Juárez han alcanzado tal proporción que se ha producido una fuerte colaboración entre México y Estados Unidos a fin de resolver estos asesinatos. Se ha elaborado una serie de expedientes, por parte de funcionarios de ambos países, en la que se mencionan a personajes destacados que pueden tener acceso a información muy importante para el esclarecimiento de estos feminicidios. Algunos de los apellidos de las personas que aparecerían en esos archivos son: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez, etcétera. Sin embargo, más allá de todos los datos y los nexos causales, la única certeza es que mientras con la administración de Francisco Barrio Terrazas el cártel de Juárez se hacía cada vez más rico y poderoso, las mujeres empezaban a desaparecer y a ser asesinadas (ibídem, página 218).

Fuentes

González Rodríguez, Sergio, Huesos en el desierto. Barcelona, Anagrama, 2002.

Piñón Valderrama, David, “Hay ‘intocables’ coludidos con jefes del narco: Cisen”. El Heraldo de Chihuahua. Chihuahua, 30 de enero de 2002.

Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Informe de Investigación. Código tecs. 3, núm. SD02BR97SD0022, Operación Tigre Blanco, 14 de agosto de 1997.

Washington Valdez, Diana, Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano. Toda la verdad sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. México, DF, Océano, 2005.

Segura, Jacinto. “Lastra, un Andrade, reclutaba a niñas de 14 y 15 años”. El Mexicano. México, DF, 3 de marzo de 2004.

Contralínea 206 / 31 de Octubre de 2010