García Luna quiere edificio de la AFI

Raúl O. Roldan, jefe de la División de Crimen Cibernético de la estadunidense Oficina Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés), describe cómo se localizó y adquirió un edificio que había pertenecido a la IBM, “ideal para una de las agencias de policía más modernas del mundo” (la Agencia Federal de Investigación, AFI), en el prólogo al libro que escribió Genaro García Luna: ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?

El propio fundador y primer director de la AFI (llamada entonces el FBI mexicano), García Luna, recuerda en su libro que “un empresario víctima de secuestro se enteró de que se estaba buscando un edificio con determinadas especificaciones; se ofreció como gestor para acercarnos a una empresa que estaba vendiendo uno con esas características y, gracias a esta intervención y al esfuerzo de la Procuraduría General de la República (PGR), la empresa accedió a venderlo en menor costo, además de obsequiar parte del mobiliario”.

Terreno y edificios se ubican en Río San Joaquín y Casa de Moneda. Hoy están física y virtualmente tomados e invadidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), mientras a los agentes de la AFI originales se les exige el retiro “voluntario” o la incorporación forzada a una inexistente “Policía Federal” que no ha sido aprobada en el Congreso de la Unión.

La AFI está siendo desmantelada por su propio fundador, a ciencia y paciencia del jefe de la corporación, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Cuando hace algunos meses se insubordinaron los agentes de la AFI porque se les forzaba a incorporarse a la SSP o a renunciar, policías federales preventivos los reprimieron en su propia sede. Desde entonces –octubre de 2008– se ordenó pintar los edificios con los colores azules de la “Policía Federal” inventada por García Luna.

Ése fue el primer paso. Hoy se asegura que los pocos agentes de la AFI que quedan (algunos cientos contra casi 5 mil que llegaron a ser) tendrían que mudarse a Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico –instalaciones de la PFP– para dejar el mítico edificio conseguido mediante una víctima de secuestro a la PFP-SSP y que era mostrado como el clímax de la modernidad.

Hoy, Genaro García Luna quiere ese inmueble para la SSP federal, aunque en su momento lo compró la PGR. El procurador Medina-Mora no ha dicho ni pío, por el contrario, avala, consiente y continúa las arbitrarias detenciones ordenadas desde la PFP-SSP, con el objeto de fabricar testigos protegidos y luego culpables. García Luna, siempre al lado de Felipe Calderón en actos públicos en México y en el extranjero, apabulló y avasalló al titular de la PGR.

Para ubicar el asunto en la cotidianidad, el comedor de Moneda y San Joaquín tiene disponibles unos 1 mil 200 sitios para desayuno, comida y cena. Los agentes de la AFI cada día son una menguada minoría en su propia casa.

Todo comenzó hace unos cuatro meses, cuando cientos de elementos de la AFI enviaron una carta al presidente Felipe Calderón en la que denunciaban a sus jefes por nepotismo, desvío de recursos, desmantelamiento ilegal de instalaciones, secuestros, robos, extorsiones, amenazas, lesiones “y hasta delincuencia organizada”. La diputada federal por Convergencia, Layda Sansores, visitó las instalaciones para cerciorarse de la invasión de la PFP-SSP.

Fechada el 15 de octubre, la misiva con sello de recibido de la “Puerta Norte” de Presidencia de la República, además de la PGR y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, circuló profusamente entre los diputados federales con quienes los agentes de la AFI se entrevistaron durante horas en San Lázaro.

“Quizás usted ignore”, le escribían a Calderón, que en las policías tienen puestos clave “familiares de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Facundo Rosas, Patricio Patiño Arias, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Francisco Javier Gómez Meza, Juan Jorge Martínez Bautista, Cosme San Román Martínez”; como también en la administración de la SSP, la PFP y la PGR, “para que les cubran las espaldas y les ayuden a seguir desfalcando al erario público”.

Aunque decenas de esos funcionarios están denunciados ante instancias de supervisión y contraloría de las propias corporaciones, ni una sola de las averiguaciones avanza. Al parecer, la única averiguación real es contra Cosme San Román por manejar unos 200 mil pesos mensuales en vales de gasolina sin rendir cuentas y por dedicarse a “viaticar”, inclusive, a empleados administrativos que jamás salen del Distrito Federal, a quienes cobra el 50 por ciento del dinero otorgado. El neologismo “viaticar” significa entregar gastos para comisiones que jamás se cumplen.

“Los compromisos y redes de Genaro García Luna no sólo se quedan al interior de las corporaciones, ya que sus conexiones con la delincuencia organizada, que azota a la sociedad mexicana, son bien comprobables. Basta ver a qué cárteles de la droga dice que les asesta golpes y a cuáles ni se les molesta”, escribieron los agentes de la AFI inconformes.

Según los denunciantes (se identificaban ante periodistas presentes, pero pedían que se respetase su anonimato), los asesinatos de jefes policiacos como Édgar Millán Gómez o Igor Labastida Calderón “no fueron producto de la casualidad”.

La orden provino del crimen organizado, afirman en su carta, “pero la ejecución fue planeada desde el interior de la misma SSP federal”. Y si no, “pregúntele a Luis Cárdenas Palomino y a Armando Espinosa de Benito, gente de las confianzas de García Luna, y brazos ejecutores de todas las órdenes”, incluidas las ilegales y las francamente criminales.

Mostraban un revelador documento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, fechado el 1 de agosto de 2000, en el cual tanto Genaro García Luna como su enlace administrativo, entonces José Aristeo Gómez Martínez, pedían a Control de Confianza los resultados de la evaluación a un agente para “plaza de nueva creación”.

Ese agente era José Antonio Martín Montes Garfias, quien fue arrestado por haber planeado el asesinato de Édgar Eusebio Millán en mayo de 2008. Y Aristeo Gómez, quien firmaba esa petición con García Luna hace casi nueve años, también fue ejecutado violentamente en 2008.

Los agentes de la AFI recibieron órdenes de que todos los que no renunciaran y se dieran de alta en la SSP “serán enviados al interior de la república a hacer compañía al contingente que enviaron en días pasados, como una medida más de represión y hostigamiento para obligar a la mayoría de los compañeros a pasarse a la inexistente Policía Federal”.

Por órdenes directas de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, los agentes de la AFI han comenzado, “mediante amenaza de sus superiores, a entregar las investigaciones de las fiscalías –en especial la de secuestros, cuya titular es Nicandra Castro Escarpulli, amiga y cómplice de Luis Cárdenas Palomino– a elementos de la SSP federal para que éstos trabajen ya sin ninguna coordinación con agentes de la AFI, a los cuales siguen utilizando sólo para firmar partes informativos”.

Esto consignaba la “policía científica” de primer mundo tan pregonada por García Luna: “Los agentes federales de investigación trabajamos con equipos de cómputo obsoletos, sin vehículos ni viáticos, hemos sido hacinados en espacios reducidos y viendo, sin poder hacer nada, cómo se ha ido desmantelando a la AFI”.

Directores que ya fueron recontratados en la SSP y con mayor salario, como Juan Jorge Bautista, de Planeación Policial; Francisco Javier Gómez Meza, de Despliegue Regional Policial, y Cosme San Román Martínez, de Investigación Policial, “recibieron órdenes precisas de desmantelar a la AFI para dejarla inoperable y así darle motivo a la SSP ante la sociedad para ellos ocuparse de sus funciones”.

Los agentes de la AFI presionaron y lograron revertir el hostigamiento: “¿Por qué nos obligan a renunciar a la antigüedad en AFI para darnos de alta en otra policía, si ellos mismos afirman que la fusión será un hecho pronto? Mejor nos esperamos a que salga el decreto que nos fusione y con ello conservaremos nuestros derechos y nuestra antigüedad”.

García Luna y su gente de confianza manejan las policías como asunto particular y lo que quieren es “el control absoluto de fronteras, puertos, aeropuertos y caminos, y al mismo tiempo conservar el poder sobre las investigaciones de la delincuencia organizada”, denunciaron.

Dejar constancia escrita de todas estas irregularidades empezó a costar represión a los agentes insumisos, traslados arbitrarios, ceses, castigos administrativos, pero sobre todo una medida atentatoria contra sus más elementales derechos laborales:

No recibieron ni cinco centavos de incremento salarial. Y no se crea que por la crisis que a todos los mexicanos preocupa, sino como un castigo ejemplar dictado por García Luna y acatado sumisamente por Medina-Mora. El sueldo de un agente de la AFI de base (investigador “C”) continúa en 14 mil 927 pesos y 49 centavos al mes. El perito técnico “C” ganaba en agosto pasado un poco menos: 14 mil 744 pesos con 77 centavos.

Hoy, retroactivo a la mitad de 2008, esos peritos ya perciben cada mes 27 mil 92 pesos con 14 centavos. Y los agentes investigadores –integrantes de esa policía científica a la altura de las mejores del mundo, como presumía su creador García Luna– siguen ganando exactamente la misma cantidad que el año pasado; la diferencia es de 1 mil dólares mensuales.

Parece una burla que con esos elementos mal pagados el gobierno quiera ganar la “guerra” contra la delincuencia organizada. Eso (Nelson Vargas dixit) es no tener madre.