París. El gobierno de Francia comienza el año con una intensa labor dirigida a impulsar las trasformaciones prometidas por el presidente Emmanuel Macron, proyecto en el cual sobresale, entre los temas prioritarios, una nueva ley de asilo.

En las primeras semanas de 2018 las autoridades trabajan en la elaboración del texto de la normativa, el cual deberá ser presentado próximamente ante el Consejo de Ministros y luego en la Asamblea Nacional.

Aunque todavía está en fase de terminación, las principales figuras del Ejecutivo ya divulgaron las bases de la reglamentación que busca poner “mano dura” en el fenómeno migratorio, después de varios años de “laxitud”.

El jefe de Estado aseveró recientemente que los principales ejes de la ley son mantener la tradición gala de acoger a refugiados, pero al mismo tiempo expulsar a los llamados migrantes económicos.

Al visitar la comuna de Calais, uno de los epicentros de la crisis migratoria en Francia y en Europa, el mandatario prometió que se otorgará asilo a todos los foráneos que reúnan las condiciones requeridas.

Sin embargo, sostuvo, “hay que garantizar el retorno de quienes no tienen ninguna posibilidad de integrarse en Europa”, porque Francia “no puede acoger a todo el mundo”.

En consecuencia, la normativa deberá incluir procedimientos más rigurosos para garantizar la expulsión del territorio nacional de quienes no reciban la condición de asilados, un aspecto que genera preocupaciones y no poca polémica.

Para justificar ese endurecimiento en el trato a los llamados migrantes económicos, el gobierno alude que la llegada de indocumentados en los últimos años alcanza niveles inéditos: según la Oficina de protección a los refugiados y apátridas (Ofpra) las demandas de asilo aumentaron en 17 por ciento durante 2017, hasta llegar a 100 mil 412.

Sin embargo, datos de esa misma institución indicaron que sólo se respondió de forma positiva al 36 por ciento de las solicitudes, inferior al 38 por ciento reportado en 2016.

Asimismo, en comparación con otros países europeos, la nación gala tiene una bajísima tasa de aceptación de asilados, ubicada en 2016 en un refugiado por cada 1 mil 340 habitantes. De su lado, Alemania tiene una tasa de uno por cada 141 habitantes, y Suecia de uno por cada 101.

Los detractores de la nueva ley sostienen que París puede hacer mucho más para ayudar a personas que pusieron en riesgo su vida a fin de llegar a Europa, y cuestionan el impacto nefasto de las nuevas regulaciones.

“Eritreos, sudaneses o sirios, huidos de sus países, torturados en Libia, explotados por los traficantes, aterrorizados en el Mediterráneo y llegados a Europa por Grecia o Italia, pronto podrían verse privados de la libertad en Francia”, lamentaron intelectuales y sindicalistas en una declaración publicada en el rotativo Le Monde.

Los firmantes, que durante la campaña electoral del año pasado apoyaron a Macron, mostraron ahora su decepción por el rumbo tomado en materia migratoria.

“A nuestros ojos (…), vuestra presidencia se ubicaba bajo los auspicios de un humanismo responsable y asumido. (…) Ahora nos despertamos en un país donde se le arrebatan las cobijas a los migrantes en Calais, donde se laceran sus tiendas de campaña en París, donde ellos pueden perderse, con las manos y los pies congelados, en las pendientes nevadas de la frontera franco-italiana”, señalaron.

Por otro lado, varios diputados socialistas mostraron su indignación ante la postura del jefe de Estado y la preocupación ante la posibilidad de que “el humanismo quede eclipsado”.

De acuerdo con los legisladores, “nuestro temor es que el acceso al derecho (de asilo) se dificulte para muchos migrantes que necesitan de protección, y que merecen tener ese derecho, así como a un examen sincero”.

Tales cuestionamientos se unen a las muchas críticas formuladas por asociaciones humanitarias, según las cuales las nuevas reglas solo implicarán un empeoramiento de la situación para los indocumentados.

Por nuevos acuerdos con Reino Unido

Como parte de la nueva política migratoria, un aspecto central son las negociaciones con Reino Unido para compartir las responsabilidades en la gestión de la situación en Calais, enclave francés desde donde parte el eurotúnel para llegar a suelo británico.

En consecuencia, miles de indocumentados suelen reunirse en esa localidad para intentar cruzar hacia el otro lado del Canal de la Mancha, pero el cierre de las fronteras británicas provoca grandes concentraciones de personas que se ven obligadas a permanecer en la parte francesa.

En esa zona, en 2016 el entonces gobierno socialista evacuó a miles de foráneos que vivían en el mayor campamento de migrantes de Europa, conocido como “la jungla de Calais”, a causa de las precarias condiciones.

Esa problemática fue uno de los principales temas en la agenda de un encuentro entre Macron y la primera ministra británica Theresa May, tras el cual anunciaron un nuevo acuerdo dirigido a “fortalecer la gestión conjunta de nuestra frontera común”.

En este sentido, Londres se comprometió a destinar unos 50 millones de euros adicionales a mejorar la situación de la frontera Calais, como parte de un incremento de la cooperación bilateral.

Según el gobierno británico, esa partida se sumará a los 113 millones de euros invertidos en los últimos tres años y será empleada para apuntalar la seguridad con nuevas vallas, cámaras de circuito cerrado y tecnología de detección con infrarrojos.

Otro punto importante es el trato a los menores migrantes que viajan solos y tienen intenciones de reunirse con familiares en Reino Unido, quienes tienen derecho a ser admitidos.

En este tema, Francia reclama una mayor rapidez y efectividad en el análisis de los casos para dar respuestas con la menor demora posible, y también en las solicitudes de asilo y los demandantes de reunificación familiar.

Luisa María González*/Prensa Latina

*Corresponsal en Francia.

Contralínea 576 / del 05 al 10 de Febrero 2018