Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos

La actual administración debiera dar prioridad con carácter urgente a temas de preocupación nacional como el derecho a un medio ambiente sano, la defensa de la tierra y el territorio, los derechos de las personas y los pueblos transversalizados con una perspectiva de género y desde la interseccionalidad, en un contexto generalizado de crisis ambiental y las consecuencias que conlleva para los ecosistemas, para las personas en general y para grupos de poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres.

La falta de voluntad para ejecutar políticas ambientales con una perspectiva de género es evidente: del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro “Igualdad para hombres y mujeres”, de 35 millones 244 mil pesos se disminuyó a 10 millones 660 mil 540 pesos de 2013 a 2016; desapareció el Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): despidieron a personas expertas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; esto aún cuando el pasado noviembre el presidente Enrique Peña Nieto reiteró, en la Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, el compromiso de generar condiciones adecuadas para la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, así como favorecer la igualdad de género transversalizando dicha perspectiva en políticas como el Plan Nacional de Desarrollo. Así lo denuncia la Red de Género y Medio Ambiente en una carta dirigida al Ejecutivo federal y a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.

De acuerdo con el diario La Jornada, en 2015 el presupuesto asignado a la Semarnat (incluida la Comisión Nacional del Agua y otros organismos desconcentrados) fue de 67 mil 976 millones de pesos; para 2016, el Ejecutivo presentó una iniciativa presupuestal de 57 mil 490 millones de pesos. Además, disminuyeron 80 por ciento los subsidios para 20 programas ambientales, quedando sólo siete de ellos; lo que se traduce en 1 mil 549 millones. Este recorte al presupuesto incide en forma negativa, principalmente en mujeres rurales e indígenas, pues limita la posibilidad de emprender acciones para disminuir las inequidades de género que existen en el acceso, usos y control de los recursos naturales.

Contrario a lo establecido en tratados internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos, las políticas medioambientales se orientan a beneficiar a inversionistas extranjeros que llegan con discursos neoliberales de progreso y estabilidad económica para el país a costa de la devastación ambiental, la concesión de territorios, el desplazamiento de comunidades enteras, de afectaciones a la salud de mujeres y hombres y de una serie de derechos colectivos.

El compromiso del gobierno mexicano se materializa en ejemplos como Tajamar, proyecto inmobiliario de devastación ambiental que asesinó a especies animales y vegetales indispensables para el sostenimiento de la vida, con el fin de construir zonas residenciales, estacionamientos, oficinas, un centro comercial y un centro religioso. La resistencia del grupo Salvemos Manglar Tajamar logró que el Juzgado Segundo de Distrito ordenara la suspensión definitiva de la obra de desmonte, relleno y construcción, por lo menos hasta que se emita la sentencia de amparo, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aún podría impugnar dicho amparo. El caso es relevante para México y para el planeta, pues hay graves afectaciones a los ecosistemas que tienen una relación directa con problemas mundiales, como el calentamiento global.

En 2012, de entre las recomendaciones generadas al Estado mexicano por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se señala que para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio es fundamental incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas; por lo que más allá de la voluntad de la actual administración, es una obligación jurídica internacional. Aún con la homologación de la legislación interna, estas leyes no se traducen en acciones contundentes que eliminen la discriminación hacia las mujeres en materia ambiental.

Para evitar caer en más retrocesos en materia de género, medio ambiente y derechos humanos, es necesario estar pendientes de la Sexta Cumbre Mundial de Alcaldes C40, que se llevará a cabo en noviembre de 2016, e incentivar la participación de espacios con una postura progresista y una apuesta política feminista.

Diana López Santiago*

*Colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 476/ del 22 al 27 de Febrero 2016