Los 30 perredistas

Incrédulo, repasé una y otra vez el informe, y siempre se confirmaba el fenómeno: 30 diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaron, en los hechos, que en la mayoría de 17 estados se haya cercenado el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido sin trascender mayormente?, me preguntaba.

Antes de eso, desde mediados de 2009, ya había escuchado y leído una denuncia que acusaba de una alianza de la jerarquía eclesiástica con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aplicar una estrategia sorda, paulatina, para reformar las constituciones de los estados de la Federación. En varias ocasiones también se señalaba, aunque tangencialmente, que habían contado con legisladores perredistas para conseguir tal propósito.

Que participaran perredistas en tal estrategia me parecía muy difícil de creer. Pero a fines de 2009, otra vez apareció la denuncia recurrente. El Centro de Información para la Mujer, Asociación Civil (CIMAC), divulgó:

“Desde octubre de 2008, la alianza de los partidos PAN y PRI, apoyados por legisladoras y legisladores del Verde Ecologista de México, y en algunos casos por el PRD, ha logrado reformas constitucionales contrarias al derecho a decidir de las mujeres en 17 de los 31 estados del país.”

Para entonces ya estaba claro que 18 entidades de la Federación ya tenían reformadas sus constituciones en el mismo sentido de “proteger la vida desde el momento de la concepción o de la fecundación”. Es decir, se penaliza el aborto. Sólo en el caso de Chihuahua se hizo desde el 1 de octubre de 1994. Todas las demás, en el lapso de 14 meses, entre 2008 y 2009.

El daño

La estrategia está resultando exitosa. Se están desconociendo derechos de las mujeres; y en ello han participado perredistas.

¿Cómo confirmarlo? Busqué respuestas.

Una técnica de investigación en periodismo indica que los reporteros no tienen capacidad para saber todo suficientemente, pero sí tienen la obligación de saber quién lo sabe.

Así, el 4 de febrero de 2010 acudí al acto masivo convocado por mujeres activas del país a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ellas conocen bien del significado de tal reforma. Suponía que también identificarían a los actores de carne y hueso.

Allí informaron que el daño es tan mayúsculo que obligó a que, en diciembre de 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de 20 entidades se coordinaron para firmar el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

Unas 250 mujeres se plantaron toda la mañana para llamar la atención de los diputados federales. Hicieron denuncias verbales contra la jerarquía de la Iglesia Católica, contra los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, y sobre todo, exigieron a todos los partidos frenar el proceso.

Estas reformas, insistieron, significan un grave retroceso al criminalizar a todas las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad.

Más aún, explicaron, al penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto –aún en casos de violación– se vulnera el carácter laico del Estado mexicano y se obstaculiza el avance científico al imponerse una visión religiosa respecto de la concepción de la vida.

En las entidades donde ocurrieron las reformas, ellas lo saben, se asienta la mitad de la población nacional y la mitad mayor es de mujeres. Ahora, las que decidan voluntariamente sobre su maternidad lo harán ilegalmente y bajo el riesgo de ser perseguidas penalmente. De ese tamaño es el daño.

Vienen otras

Las mujeres allí reunidas alertaron que están en proceso otras reformas. También por eso se concentraron y lo harán, cada primer jueves de mes, en todas las plazas públicas que puedan.

En el documento que entregaron formalmente a la Cámara de Diputados, demandan que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger “la vida desde el momento de la concepción”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, a iniciativa del gobierno de Veracruz.

Advirtieron también que, en la Cámara de Senadores, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del PAN, propuso la iniciativa para crear la “Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad”, que entre sus objetivos establece que “el gobierno debe garantizar la protección a toda persona, desde el momento de la concepción”.

Saben también que hay iniciativas de ley en otras entidades donde todavía no se reforman las constituciones: Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León.

¿Cómo fue que ocurrió eso y los perredistas no se opusieron, y en la mayoría de casos ni alertaron? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo se comportaron en cada reforma? Eran las preguntas por responder.

Treinta por acción u omisión

Busqué información más precisa entre organizaciones de feministas y defensores de derechos humanos, incluso en el mismo PRD.

En varias ocasiones, sobre todo de mujeres dirigentes del movimiento, ante mis preguntas aceptaban el hecho de que perredistas habían apoyado la reforma, pero acusaban que la estrategia era del PAN y del PRI. Cuando se pedían datos más precisos sobre los legisladores perredistas que habían apoyado, respondían con vaguedades, como tratando de no reñir públicamente con el PRD.

Seguí preguntando. Quería detalles. Y los hallé en unos de los organismos de mujeres más antiguos y serios: el GIRE (Grupos de Información en Reproducción Elegida).

El GIRE había realizado un meticuloso seguimiento y un pormenorizado informe que llamó Reformas aprobadas a las constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción/fecundación 2008-2009.

En el informe se lee que 56 legisladores locales del PRD participaron en las 17 reformas a las constituciones estatales ocurridas de octubre de 2008 a diciembre de 2009.

De ellos, según el reporte, 26 se manifestaron contrarios a tales reformas y el resto (30) las respaldaron, por acción u omisión. Es decir, 15 votaron a favor y otros 15, en lugar de oponerse, se ausentaron de las sesiones.

Los datos indican el comportamiento de los diputados perredistas en cada entidad: se opusieron a las reformas dos legisladores en Campeche, seis en Morelos, tres en Nayarit, cuatro en Oaxaca, dos en Puebla, tres en Sonora, tres en Veracruz y uno en Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán, respectivamente.

En algunos estados optaron por salirse de las sesiones o francamente no llegar a ellas el día de las votaciones: dos diputados del PRD en Colima, uno de Durango, tres de Guanajuato, uno de Morelos, dos de Oaxaca, dos de Querétaro, uno en San Luis Potosí y uno de Veracruz.

Los diputados perredistas que francamente apoyaron fueron: uno de San Luis Potosí, uno en Nayarit y uno en Campeche.

Entre los que apoyaron, hubo casos extremos. Por ejemplo, en Chiapas, donde la reforma fue promovida por el mismo PRD y se aprobó por unanimidad (los 11 perredistas votaron a favor), o como en Jalisco donde uno de sus más notables legisladores argumentó a favor y los otros dos decidieron no estar en la sesión.

No se sabe de sanciones

¿Qué tiene esto de extraño? ¿Por qué aparece como asombroso ese comportamiento de los diputados del PRD? Pues porque el PRD tiene como objetivos, según su declaración de principios y su programa de acción, la defensa y promoción del Estado laico y los derechos de las mujeres, sobre todo si están ya normados en la Constitución Política del país:

“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

Y los militantes del partido que actúen en sentido contrario a los principios del partido o que contravengan acuerdos específicos serán sancionados y, según la gravedad, retirados del partido.

En el informe del GIRE, sobre estos procesos legislativos, no aparecen los nombres de cada uno de los legisladores perredistas, únicamente de los diputados que propusieron las reformas, que por lo regular fueron del PAN.

En el PRD busqué información que pudiera presentarse públicamente sobre posibles sanciones o amonestaciones para esos diputados locales, pero no existe formalmente.

Lo único que pude confirmar es que el tema sí llegó, con visos de alarma, a la Comisión Política. Y lo que ésta resolvió fue permitir una resolución especial en el XII Congreso Nacional, pero en ella no hay reprimenda alguna para sus legisladores.

Esa resolución del Congreso fue hasta diciembre de 2009, cuando ya habían ocurrido las 17 reformas.

Allí sólo se exhorta, a sus legisladores locales, “dejar de lado las opiniones derivadas de los credos religiosos”.

Y para resarcir el daño, la resolución del Congreso insta a sus legisladores de los 17 estados donde ocurrieron las reformas a que “promuevan recursos de inconstitucionalidad”. Aunque para ello necesitan los votos de la mayoría del Congreso local; es decir, que no podrán hacerlo.

¿Cuánto le pesa el clero?

¿Qué pasa con este partido? ¿Qué peso tiene en su interior el clero católico? Son preguntas que seguramente se harán más de un observador y muchas mujeres que se saben agraviadas.

Ése es un tema de investigación. Mientras se averigua, hay que retener esos datos de lo que hicieron sus diputados locales en las 17 reformas estatales, al igual que las imágenes y significados del 19 de enero de 2009, cuando los senadores Carlos Navarrete, Silvano Aureoles y el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo se reunieron con personeros del Consejo del Episcopado Mexicano.

Navarrete, según el comunicado de su partido, afirmó después que ese encuentro había sido “la oportunidad idónea para definir que sólo a través de la comunicación, las diferencias pueden ser resueltas en un ambiente distinto, sin llevar a niveles inconvenientes la relación entre el PRD y la Iglesia Católica”.

“Hemos logrado un diálogo de confianza. Con este encuentro estamos iniciando una nueva etapa de una relación institucional del PRD con la dirigencia de la Iglesia Católica, que me parece debe ser valorada adecuadamente por todos”, exaltó el legislador perredista en el puesto más alto del Poder Legislativo.

Por todo esto, mi incredulidad inicial con los perredistas se volvió desconfianza. La misma suspicacia debe haber invadido a muchas mujeres que suponen aliado al PRD.

rogeliohl@hayoo.com.mx

Contralínea 171 / 28 de Febrero de 2010