San Salvador, El Salvador. El disparo de un francotirador, presuntamente el excapitán de la Fuerza Aérea, Álvaro Saravia, puso fin a la vida de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Es uno de los crímenes más emblemáticos en la historia reciente de El Salvador.

Sin embargo, nadie ha sido condenado por el magnicidio pese a que la Fiscalía cuenta con las pruebas necesarias, además de las que manos “siniestras” mantienen ocultas en archivos militares.

El arzobispo, santificado por la Iglesia católica, condenaba las injusticias. Asimismo, se pronunció contra la represión política en medio de una guerra entre los movimientos de izquierda y derecha en el territorio salvadoreño, en la cual ocurrieron una gran cantidad de asesinatos masivos.

Más de 75 mil personas fueron asesinadas en acciones; entre ellas, algunas calificadas como masacres. Pese al pedido de justicia, ésta se dilata en el tiempo. La población y organizaciones de la sociedad civil fracasan en que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Justicia Transicional.

Las masacres en el periodo de 1980 a 1992 en El Salvador fueron numerosas. Se caracterizaron por constituir, en su mayoría, una respuesta del poder político y militar hacia los pronunciamientos de la población en contra de la violación a los derechos humanos.

El horror experimentado por la población civil y el sadismo con que fueron consumados estos crímenes contrasta con la abrumadora impunidad que los sucesivos gobiernos promovieron a favor de los criminales de guerra y de lesa humanidad en el país.

Militarismo y masacres

Así lo valora la investigadora Nora Isabel Claros Vigil en un artículo sobre el tema, Militarismo y masacres en El Salvador 1980-1992. La brutalidad sin límites del Estado salvadoreño contra su propio pueblo fue una práctica común, apuntó la estudiosa.

La génesis de las masacres se remonta a inicios del pasado siglo, en la década de 1930, durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), quien sostendría el poder de facto por 13 años; etapa en la cual destacó la matanza de más de 10 mil campesinos, en su mayoría indígenas, en la región occidental del país.

Luego de Hernández Martínez, derrocado tras una huelga general en 1944, las dictaduras militares se sucederían hasta el estallido de la guerra civil de la década de 1980, donde las ejecuciones y crímenes contra la población fueron una política oficial.

Según estudios, las dictaduras resolvieron las tensiones provocadas por las profundas injusticias sociales y la ausencia de libertades políticas sobre la base de represión, persecución y eliminación de los opositores políticos, en defensa de los intereses dominantes de la oligarquía, entonces agroexportadora.

Los crímenes y masacres en la década de 1980 a 1990, pese a esfuerzos de organizaciones sociales, no gubernamentales y grupos de la población, se mantienen aún en la impunidad. No son pocos los que critican a la Fuerza Armada por entorpecer y evitar el acceso a sus archivos.

El conteo de aquellos actos registra la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde un escuadrón de la muerte asesinó a un grupo de seis sacerdotes jesuitas españoles y a dos colaboradoras.

Las pruebas existen, los culpables existen, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien llegó “pobre al poder” por el partido Alianza Nacionalista Republicana (Arena) y se fue millonario, según sus críticos.

Desde 1980, se generalizaron los asesinatos perpetrados por los escuadrones de la muerte, una organización integrada por militares y policías. Se presume que fue creada por el mayor Roberto d’Aubuisson.

Se trataba de estructuras clandestinas de represión, cuyo accionar consistía en el secuestro, la tortura y ejecución de sus víctimas. Según testigos de la época, funcionaron en casi todas las unidades militares, a través de las secciones de inteligencia.

Sin obtener respuestas

En el caso de monseñor Romero, según el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, “hasta la fecha no tenemos a quiénes se les está investigando, no tenemos referencia de qué ha hecho la fiscalía y lamentablemente, como en otros casos, hay falta de información”.

La denuncia llega a pocos días de que se cumpla el 45 aniversario de la muerte de monseñor Romero, asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina Providencia de la capital salvadoreña.

Díaz explicó en conferencia de prensa de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Meces), celebrada recientemente, que como parte de los obstáculos está el atentado al juez de la causa, amenazas y la desaparición de un testigo: “Todo esto evidencia la deliberada intención de estropear el caso, no hacer justicia y proteger a los responsables”. El letrado afirmó que el Estado salvadoreño sigue sin cumplir con la resolución de ordenar una investigación judicial “parcial y efectiva”.

Otro de los hechos en la palestra fue el asesinato del padre Rutilio Grande y sus compañeros en 1977. La organización de derechos humanos, Tutela Legal “María Julia Hernández”, señaló que el Estado “protege” a los “autores intelectuales” del asesinato de este sacerdote, perpetrado por el grupo paramilitar de extrema derecha llamado Escuadrones de la Muerte del Ejército.

Tras “48 años de su martirio, el Estado salvadoreño sigue protegiendo a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad”, publicó la ONG en sus redes sociales.

Y otro hecho que trajo el tema a colación fue la masacre de El Calabozo, de 1982, y el atraso en el proceso. Representantes de los sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron una “grave retardación” de la justicia en el proceso penal seguido contra altos mandos retirados del Ejército.

“Estamos elevando una denuncia pública por el retraso y la omisión de las autoridades de investigar la masacre de más de 200 personas civiles, entre ellos niñas y niños, en el lugar denominado El Calabozo”, dijo David Morales, abogado de Cristosal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica.

“Familias enteras fueron masacradas en ese lugar” y “no podemos permitir que siga operando la impunidad, queremos justicia, paz y reconciliación para las víctimas”, sostuvo.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 respalda que, el 7 de agosto de 1982, el Batallón Atlacatl comenzó un “vasto operativo militar antiguerrillero”, con unos 6 mil hombres. Terminó  con la masacre de El Calabozo, el 22 de agosto de ese año.

Entre los procesados, se encuentran el general retirado y exministro de la Defensa en los primeros años de la guerra, Guillermo García, y Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea.

Asimismo, el general García está acusado como uno de los autores intelectuales y responsables del asesinato de los cuatro periodistas neerlandeses ocurrido  en Santa Rita, el 17 de marzo de 1982.

Éste y otros procesos están lejos de llegar a un dictamen en las cortes. Hay demoras, dilaciones, y mientras, el pueblo no desiste de afirmar que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy y exige justicia.

Luis Beatón/Prensa Latina

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