Al intervenir en las elecciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno de Calderón produjo deliberadamente un conflicto que usó como pretexto para liquidar esa combativa organización, e incluso a la Compañía de Luz y Fuerza, a fin de allanar el camino de la privatización del sector eléctrico para beneficio de los grandes intereses económicos y en detrimento del pueblo de México.

Siguiendo consignas presidenciales y con el apoyo de una verdadera jauría mediática que respalda a la derecha en el poder, el titular de la Secretaría del Trabajo fue el operador de esa maniobra, que responde a proyectos históricos de la reacción nacional, como es el de agredir a las organizaciones laborales y acabar con las políticas de beneficio social, impulsando las privatizaciones.

En efecto, desde su llegada al gobierno federal, en las elecciones de 2000, la derecha se ha lanzado a una lucha frontal contra los sindicatos más poderosos y contra los derechos laborales. Tal tendencia derechista se había evidenciado ya en la década anterior, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) conquistó el poder en algunos estados de la república.

Desde 2000, esa escalada contra los obreros ha estado encabezada por los titulares de la Secretaría del Trabajo: Carlos Abascal, Francisco Xavier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón.

De Abascal a Lozano

El primer secretario del Trabajo de los sexenios panistas fue el muy católico y ultraconservador Carlos Abascal Carranza, hijo de Salvador Abascal Infante, dirigente histórico del sinarquismo.

Antijuarista, enemigo jurado del Estado laico y de las conquistas de los trabajadores, Abascal ocupó ese cargo durante casi todo el foxismo, hasta su nombramiento como secretario de Gobernación, donde se dedicó a reprimir los movimientos sociales y a facilitar el fraude de 2006.

Antes de llegar al gobierno, Abascal había militado en grupos de la derecha empresarial, como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y fundador de la organización Vertebra; participó también en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC, fundado por Lorenzo Servitje.

Con ello, se incurría en la incongruencia de nombrar como defensor de los trabajadores –ése debería ser el papel del secretario del Trabajo–, nada menos que a un exdirigente empresarial, a quien le interesaba difundir su propio credo religioso y proteger los intereses de los industriales, desentendiéndose del bienestar material de los obreros.

Cabe recordar que el 24 de febrero de 1996, como presidente de Coparmex, Abascal exhortaba a los trabajadores a dejar su bienestar económico en manos de “Santa María de Guadalupe”, precisamente el mismo año en que decía que al Ejército Popular Revolucionario habría que “atacarlo con suficiente armamento y no con agua bendita”.

Los desplantes confesionales de Abascal se hicieron notar al principio del foxismo cuando trató de prohibir la obra Aura, de Carlos Fuentes, pues le parecía irreverente, y pronunció un discurso misógino precisamente en el día de la mujer.

Sin embargo, la principal labor de Abascal como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue poner a esa secretaría al servicio de los empresarios, anulando conquistas laborales como el derecho de huelga, y desdeñando los reclamos populares para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

El sucesor de Abascal en la STPS fue Francisco Xavier Salazar Sáenz, cuya militancia en la ultraderecha se remonta a las décadas de 1970 y 1980, cuando fue dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia en San Luis Potosí, y se ha señalado su pertenencia al Yunque, con el sobrenombre de Capablanca.

Panista desde 1975, Salazar Sáenz y otros miembros de grupos agresivos de la extrema derecha impulsarían con métodos poco limpios, en las elecciones de 1976 de la Unión Nacional de Padres de Familia, la candidatura de César Nava Miranda, padre del actual dirigente del PAN, César Nava Vázquez.

Además de promover el adoctrinamiento católico en la Secretaría del Trabajo, Salazar fue denunciado como corresponsable de la tragedia de Pasta de Conchos en Coahuila, y promotor del asesinato de mineros en Sicartsa, Michoacán, pese a lo cual Fox lo mantuvo en su cargo.

La masacre de Sicartsa se dio en el marco de la oposición de los partidarios del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, las turbias maniobras de Fox y de Salazar para desconocerlo y poner alguien afín al gobierno panista.

Ahora, su sucesor –bajo Calderón–, Javier Lozano Alarcón, se ha lanzado contra el SME, uno de los sindicatos más combativos del país.

Conflictos laborales y privatizaciones panistas

Egresado de la Escuela Libre de Derecho, y exfuncionario en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, desde 2006 el titular de la STPS ha sido Javier Lozano Alarcón, quien ingresó al PAN el 30 de junio de 2007.

Aunque no es panista viejo, sí es muy obediente a los dictados presidenciales, por lo que, al igual que sus predecesores, ha sido un operador de la ultraderecha contra los sindicatos, institución odiada por ese sector político.

Como parte de la cuestionada trayectoria de Javier Lozano, cabe recordar que el 2 de junio de 2007 fue acusado por el empresario chino Zhenli Ye Gon, quien se encontraba prófugo en Nueva York, de haberlo extorsionado para guardar los 205 millones de dólares que se encontraban en su domicilio y que según Ye Gon eran para la campaña presidencial de Calderón.

Siguiendo la marcada tendencia del calderonismo de intervenir en diferentes elecciones para garantizar un resultado acorde con los intereses de la derecha en el poder, en 2009 Lozano Alarcón intervino en las elecciones dentro del SME.

El 5 de octubre, la STPS le negó al dirigente gremial Martín Esparza su toma de nota, para que el sindicato quede acéfalo.

En esa maniobra, fue aclamado por su predecesor, Salazar Sáenz, quien como diputado alegó que Alarcón “únicamente revisa que la elección haya sido de acuerdo con las leyes” (como no fue, precisamente, la de Calderón en 2006).

En octubre pasado, el líder del SME, Martín Esparza Flores, denunció que el presidente nacional del PAN, César Nava, ha sido el principal impulsor de la disidencia dentro de ese sindicato y que incluso el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, financió los conflictos dentro del sindicato.

Como ha señalado Esparza, en el fondo del problema está el deseo del gobierno de privatizar la paraestatal, en beneficio de fuertes intereses económicos, a quienes estorba el sindicato de electricistas.

*Maestro en filosofía con especialidad en estudios sobre la derecha política en México