Segunda parte. El uso de la “espiritualidad” en el mundo terrenal y en las estructuras de gobierno sirve a intereses egoístas que, en la práctica, contradicen incluso el discurso religioso de los dominadores.

Para controlar a la población, se le imponen prohibiciones, restricciones y sacrificios mediante reglas tan estrictas que sirven de pretexto para castigar no a quien viola los dogmas religiosos, sino a quien afecta los intereses económicos y políticos de las cúpulas. Se criminaliza a la población y se usan sus “faltas” como justificación para dar muerte al rebelde.

En la época de la Inquisición, las personas podían ser encarceladas, torturadas o ejecutadas, incluso en la hoguera. Desde el siglo XIX, la “muerte civil” del rebelde también se ha promovido mediante campañas de desprestigio en la prensa. Hoy, en pleno siglo XXI, estas prácticas se extienden a las redes sociales, donde los linchamientos mediante bots están a la orden del día.

Los intereses conservadores, orientados a preservar privilegios e impulsar el retroceso, siempre contaron con el apoyo activo de las altas jerarquías religiosas. Pío IX se opuso a las primeras leyes de Reforma, que desconoció y descalificó. El papa afirmó: “Levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar írritos y sin ningún valor los mencionados decretos”.

El directorio conservador utilizaba los periódicos La Sociedad y La Patria para fomentar el odio contra el gobierno, calumniarlo y desacreditar su proyecto de redactar una nueva Constitución acorde con los tiempos.

Pese a recurrir a argumentos religiosos, acusar a los liberales de impíos y dictar decretos de excomunión en los templos y en las esquinas de las calles, los conservadores no pudieron impedir la aprobación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Entonces, para derrocar el orden constitucional y mantener los privilegios políticos y económicos de la Iglesia, dieron un golpe de Estado mediante el Plan de Tacubaya y desataron la guerra de Reforma, también conocida como guerra de Tres Años.

No conformes con su derrota, propiciaron la invasión francesa. El sumo pontífice y la alta jerarquía eclesiástica local se opusieron al orden constitucional liberal y respaldaron la causa conservadora.

Mientras Pío IX condenaba las reformas liberales, los obispos mexicanos prohibían jurar la Constitución de 1857 y negaban la absolución a quienes lo hubieran hecho sin retractarse. Bajo el lema “Religión y fueros”, los conservadores exigían preservar los tribunales especiales eclesiásticos y mantener la religión católica como la única oficial; además, buscaban imponer a un príncipe extranjero.

Mediante la encíclica Quanta Cura y el Syllabus errorum (catálogo de errores), publicados en 1864, Pío IX condenó el liberalismo y la separación entre la Iglesia y el Estado. Asimismo, respaldó el proyecto monárquico sostenido por la intervención francesa. Maximiliano fue recibido por el papa en el Vaticano después de aceptar la corona y antes de viajar a México.

Con motivo de la entrada de Maximiliano y Carlota a la capital, los arzobispos Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, de México, y Clemente de Jesús Munguía, de Michoacán, suscribieron, junto con otros prelados, una carta pastoral de bienvenida al nuevo “soberano”.

En el siglo XX, Efraín González Luna, ideólogo y fundador del Partido Acción Nacional (PAN) junto con Manuel Gómez Morín, justificó la lucha de la Iglesia contra el poder constituido. Argumentó que esta se había defendido del despojo de su patrimonio y había cumplido su tarea primordial de orientar y organizar al pueblo. Asimismo, sostuvo que la sociedad católica no podía dejar de reaccionar –a veces con pujanza indudable– ante la agresión del poder.

Según González Luna, esa sociedad incluso logró victorias que le permitieron expulsar de los puestos de mando a los agentes de la subversión y ocupar esos cargos durante algún tiempo (González Luna, 1954: 40). No está de más subrayar que entre esos agentes de la subversión figuraba Benito Juárez, mientras que quienes ocuparon los puestos de mando fueron conservadores de la calaña de Miguel Miramón y Félix María Zuloaga.

En el México del siglo XIX, Porfirio Díaz se levantó en armas contra Benito Juárez y, después, contra Sebastián Lerdo de Tejada. Una vez en la presidencia, devolvió a la Iglesia gran parte de su poder político y económico, al grado de que el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca y Obregón, llegó a afirmar con júbilo en 1900: “Las Leyes de Reforma son leños apagados”. La prensa católica también contribuyó al respaldo del régimen mediante periódicos como El Tiempo, El País y La Voz de la Verdad, que alababan al dictador Díaz.

Después de la intensa lucha revolucionaria del pueblo mexicano, los obispos condenaron las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que consideraban contrarias a los derechos y la doctrina de la Iglesia.

El 15 de junio de 1917, el papa Benedicto XV respaldó la protesta de los obispos y la calificó como “una cosa muy conforme al oficio pastoral y dignísima de nuestra alabanza”. Por su parte, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, descalificó la Constitución por su “tendencia destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones”.

Años más tarde, el 3 de febrero de 1926, el arzobispo de México, José Mora y del Río, hizo las siguientes declaraciones, según lo publicado por El Universal al día siguiente:

“La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia [que] emprenderá una campaña contra leyes injustas y contrarias al derecho natural. El Episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo, sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión” (El Universal, 4 de febrero de 1926).

En junio de 1926 se expidió la reforma al Código Penal conocida como Ley Calles, publicada el 2 de julio de ese año, que establecía sanciones por delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa.

Así como la Iglesia –bajo el manto religioso– intervenía indebidamente en política, condenaba la Constitución y defendía intereses económicos y políticos para preservar su poder terrenal, el gobierno de Calles impuso restricciones al culto y a las prácticas religiosas, cuyo ejercicio corresponde a cada persona según su conciencia.

La intransigencia y la violencia desatadas durante la Cristiada también fueron propiciadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. En esos años, Manuel Gómez Morín, quien posteriormente sería uno de los fundadores del PAN, presidía el Consejo de Administración del Banco de México.

El 18 de noviembre de 1926, el papa Pío XI emitió la encíclica Iniquis afflictisque, sobre la persecución de la Iglesia en México. La carta pontificia atizó los ánimos de los católicos mexicanos. Entre otras cosas, decía:

“Es cierto que en los primeros tiempos de la Iglesia y en tiempos posteriores se ha tratado atrozmente a los cristianos, pero quizá no ha acaecido en lugar ni tiempo alguno que un pequeño número de hombres, conculcando y violando los derechos de Dios y de la Iglesia, sin ningún miramiento a las glorias pasadas, sin ningún sentimiento de piedad para con sus conciudadanos, encadenaran totalmente la libertad de la mayoría en tan premeditadas astucias enmascaradas con apariencia de leyes. [Eso] que llaman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [fue obra de quienes] poseídos de un furor ciego [quisieron] dañar de todas las maneras posibles a la Iglesia”.

La encíclica se publicó cuando ya habían comenzado los levantamientos de la guerra cristera, que se prolongó hasta 1929. Posteriormente, en Acerba animi, de 1932, Pío XI denunció la situación de la Iglesia y de los católicos en México, al tiempo que defendió la decisión de reanudar el culto público tras los acuerdos de 1929.

En Firmissimam constantiam, de 1937, reconoció, bajo determinadas condiciones, la legitimidad de la resistencia frente a los abusos del poder, sin excluir la defensa violenta, siempre que los medios fueran lícitos, proporcionales y no causaran daños mayores que los que se pretendía remediar. Sin embargo, excluyó esa defensa de las tareas del clero y de Acción Católica, y centró su mensaje en la formación religiosa, la organización de los fieles y el llamado a la paz y a la unidad.

Décadas después, en 1974, el gobierno federal envió al arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante a entrevistarse con el papa Paulo VI para mejorar las relaciones de México con el Vaticano e invitarlo a visitar el país. El pontífice lo recibió de espaldas y, tras hacerlo sentar frente a él, con una estrecha mesa de por medio, le reclamó que las leyes mexicanas contravinieran las de la Iglesia católica y le exigió reformar los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución. Declinó la invitación por motivos de “salud”.

Durante la consolidación del neoliberalismo, el gobierno reaccionario de Carlos Salinas de Gortari restableció oficialmente las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede el 21 de septiembre de 1992. Este “logro” se obtuvo después de las reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales y de la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en julio de ese año. Así se atendieron antiguas exigencias de la Iglesia en su disputa con el Estado mexicano.

La derecha religiosa ha sido un sector minoritario que busca imponer los intereses de unos cuantos, controlar a la población y apropiarse de las riquezas que esta genera. Para someter a la mayoría, utiliza la espiritualidad como justificación de su dominio y de la violencia con que lo impone, y presenta los conflictos económicos, políticos y culturales como disputas religiosas.

No todos los católicos ni todos los miembros del clero han promovido los privilegios y la explotación. Benito Juárez se declaró católico y defendió la separación entre la Iglesia y el Estado, al tiempo que combatió sin tregua los intereses espurios del clero.

Bartolomé de las Casas denunció abiertamente los crímenes de los invasores españoles; Vasco de Quiroga promovió la autonomía económica y el respeto a los pueblos indígenas; Francisco Javier Clavijero reivindicó la cultura y la identidad mexicanas, y contribuyó así al pensamiento anticolonial.

Sor Juana Inés de la Cruz cuestionó la subordinación de las mujeres en la sociedad colonial; fray Servando Teresa de Mier, Miguel Hidalgo y José María Morelos promovieron la independencia nacional y la justicia social. Por su parte, Celedonio Domeco de Jarauta fue un sacerdote español que combatió heroicamente a los invasores estadunidenses y que, posteriormente, fue capturado y fusilado por orden del general conservador Anastasio Bustamante.

La espiritualidad desempeña un papel importante en la vida de las personas y de las sociedades, pero puede promover tanto la liberación como la opresión. El problema no radica en la condición religiosa, sino en el uso de la fe con fines de dominación, particularmente por parte de la alta jerarquía eclesiástica.

Los conservadores utilizan para oprimir el poder de instituciones que tuvieron un origen liberador. No hay que olvidar que el cristianismo surgió entre los sectores sometidos al orden imperial esclavista, pero sus instituciones fueron utilizadas después por las cúpulas dominantes para esclavizar y colonizar.

Los grandes propietarios imponen sus valores y aprovechan el sentimiento religioso de la población para preservar un sistema que sacrifica a la mayoría y concentra la propiedad en manos de la élite.

Para lograrlo, dictan normas tan estrictas e inhumanas que resultan impracticables. Incluso los promotores del dogma religioso violan sus propios preceptos, pero gozan de impunidad mientras permanezcan alineados con los grandes intereses. Así se instala una doble moral: se predica una creencia y se vive de manera contraria a ella. Las reglas sirven entonces para castigar a quienes desafían al poder dominante y acostumbrar a la mayoría a vivir con un sentimiento permanente de culpa.

Los conservadores dicen defender la vida y la familia, pero las normas que promueven buscan mantener a las mujeres subordinadas a una sociedad patriarcal, sin poder de decisión siquiera sobre su propio cuerpo.

La defensa del matrimonio indisoluble y de las relaciones sexuales exclusivamente reproductivas refuerza ese control y contribuye a preservar un orden social basado en la propiedad y la herencia. A ello se suma la imposición del celibato sacerdotal como mecanismo de disciplina sobre la vida íntima del clero.

La protección de la institución religiosa tampoco puede justificar el encubrimiento de la pederastia ni la impunidad de sus responsables. Ningún discurso espiritual puede legitimar el sometimiento ni estar por encima de los derechos de las personas (Continuará).

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social