Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además de la irregular cesión, también hay un trasfondo que no se ha aclarado, como es el desmantelamiento, o mejor dicho, desvalijamiento de la infraestructura, con que al menos en la zona Centro del país contaba la red del sistema eléctrico, muy independiente al robo cometido tras la ilegal desaparición de LFC en octubre de 2009 –en sus diversas instalaciones y centros de trabajo– de equipo, mobiliario y otros enseres, del cual nada ha reportado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).
Como lo ha venido denunciando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), las empresas contratistas que obtuvieron convenios de trabajo con la CFE en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, se dieron a la tarea de cambiar, con el aval de los funcionarios de la paraestatal, el conductor de cobre en las redes de distribución para instalar en su lugar un conductor de aluminio.
Tal modificación no fue obra de la casualidad, pues tenía como claro objetivo que parte del potencial de tales entidades públicas para dar servicio de voz, datos e imagen –incluido el servicio de internet– privilegiara a empresas como Televisa, Tv Azteca, Telefónica Movistar y WL Comunicaciones, entre otras. En esta última firma aparecen como socios mayoritarios nada menos que los exsecretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, panistas a los que el gobierno de Calderón les ratificó sus concesiones al entregarles el uso de la infraestructura de Luz y Fuerza a precio de remate.
En el caso de Luz y Fuerza del Centro se contaba con una red de distribución de 1 mil 100 kilómetros de conductor de cobre que hubiera permitido, a través de la conducción eléctrica, aprovechar el ancho de banda para dotar a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, sobre todo a los de más bajos recursos económicos, del servicio conocido como triple play –telefonía, televisión por cable e internet– a un bajo costo. La red de la Comisión Federal de Electricidad es de 21 mil kilómetros.
Con la instalación del conductor de aluminio se le niega al sector público la posibilidad de otorgar estos servicios adicionales a la población, y se concesiona tal prestación a empresas privadas que visualizan estas áreas como un rentable negocio que les reporta multimillonarias ganancias al año, al imponer además, de manera arbitraria y caprichosa, sus propias tarifas. Pero al pueblo de México se le defrauda por partida doble, porque el aluminio es un material que, a diferencia del cobre, es un pésimo conductor de la electricidad, lo que no garantiza a los usuarios un servicio eficiente y de calidad, ni los exime de fallas en el sistema; además, nadie sabe a manos de quién o de quiénes fueron a parar las millonarias ganancias, producto de la oscura venta de los cientos de toneladas de cobre retirados de los sistemas de transmisión. Para que el lector tenga una idea de lo cuantioso del robo a la nación, basta decir que actualmente el precio del kilo de tan preciado metal oscila entre los 90 y 100 pesos.
Cabe recordar que, en su momento, el SME propuso a la Dirección de Luz y Fuerza y a la propia Secretaría de Energía (Sener) un estudio para operar la fibra óptica en beneficio de los usuarios para el otorgamiento de los servicios ya señalados, y que hubiera reportado a la empresa pública recursos por más de 100 mil millones de pesos anuales. Cantidad que, además de haber coadyuvado al fortalecimiento de sus finanzas, hubiera tenido un impacto favorable entre la población de menores recursos que, con los bajos costos a los que se hubiera ofrecido el servicio, habría tenido la oportunidad de contar con internet en su hogar para apoyar a la educación de sus hijos.
En el documento que sirvió como excusa para justificar el decreto de extinción promovido por Calderón, falazmente la entonces titular de la Sener, Georgina Kessel, expuso que pese a haberse establecido convenios de productividad como el de 2008 para salvar las finanzas de la extinta empresa, éstos no se cumplieron. Deliberadamente, la funcionaria también ocultó la propuesta del SME en torno a la creación de una empresa que aprovechara los miles de kilómetros de la red de fibra óptica integrados en su infraestructura, como se mencionó líneas arriba.
Ahora que los impulsores de la tendencia reformista y privatizadora buscan apoyar sus propuestas en imaginarios beneficios a la población, el trasfondo del porqué extinguir a Luz y Fuerza y de paso acabar con el SME sale nuevamente a flote: el objetivo toral era allanar el camino a las empresas privadas y trasnacionales para el manejo de recursos tan valiosos y rentables como el de la fibra óptica.
Por eso, los que ahora se montan cual paladines de la patria en la ola reformista deben detallar al país las inverosímiles razones de haber entregado a favor de firmas extranjeras la generación de energía eléctrica en el país en condiciones igual de ventajosas que el otorgamiento de la explotación de la fibra óptica, como son los casos de Iberdrola México, SA de CV; EDF International, SA; Unión Fenosa; InterGen Energy, Inc; Mitsui & Corporation, Ltd; TransAlta Corporation; Mitsubishi Corporation, y AES Corporation, monopolios que a través de financiamientos vía Pidiregas (proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto) han garantizado su inversión al obtener de la CFE el compromiso de adquirirles, al precio por ellas establecido, su energía, lo que ocasiona mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional que ahora es subutilizada, y que genera un excesivo margen de reserva de un 44 por ciento alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000.
Los entusiastas amanuenses de la encubierta privatización del sector energético, de igual forma nos deben detallar a todos los mexicanos por qué se ha consentido en forma galopante el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, cuando la Constitución Política establece la obligación del Estado a prestar el servicio con un incuestionable sentido social. También, deben explicar el altísimo costo que está representando para las finanzas públicas y para los millones de usuarios que ahora pagan las consecuencias con la arbitraria imposición de altas tarifas eléctricas, y este irresponsable modelo de inversión vía Pidiregas, donde el gobierno mexicano lleva todas las de perder.
Valga mencionar que los proyectos desarrollados por la CFE bajo el esquema financiero de los Pidiregas y su pasivo acumulado de 1999 a 2043 ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con la tabla de amortización y pago de intereses del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 63 mil 700 millones de pesos de capital y 42 mil 200 millones de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago una amortización de 435 mil 400 millones de pesos, y de costo financiero 131 mil 200 millones más.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Fuente: Contralínea 329 / abril 2013
