Una mentira, así es como los responsables de la salud pública de México calificaron la alerta que, valerosamente, hacen los trabajadores de los servicios públicos de salubridad respecto de la inminente privatización del sector.
Para descalificar los señalamientos, el secretario de Salud federal y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, declaró ante la prensa: “las mentiras, porque no pueden calificarse de otra forma, de que se va avanzar en la privatización, lastiman, hacen daño, pero no dejan de ser simple y llanamente mentiras” (La Jornada, 27 de julio de 2016).
Pero quienes mienten en este tema –de vital importancia para un país donde más de 56 millones de personas padecen algún grado de pobreza– no son precisamente los trabajadores en resistencia: hay evidencias de la franca privatización de los servicios de salud.
Dichas pruebas son los proyectos de prestación de servicios, las asociaciones público privadas y las subrogaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Estas tres formas de contratación son, en realidad, entregas veladas del sector a la iniciativa privada.
Resulta que para privatizar un derecho humano, como lo es la salud, no hace falta subastar el sistema o venderlo burdamente. Basta con subrogarlo y asociarse con el sector privado para que sea éste, y no el Estado, el que provea el servicio.
En el caso del IMSS, el costo de las subrogaciones es escandaloso. Tan sólo en 2014, el capítulo de “Servicios generales y subrogación de servicios” consumió 29 mil 230 millones 689 mil pesos del presupuesto del Instituto, de acuerdo con el más reciente informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De ese total se destinaron 11 mil 474 millones 192 mil 700 pesos a la partida 33901, “Subcontratación de servicios con terceros”, y 1 mil 522 millones 896 mil 900 pesos a la 33903, “Servicios integrales”, derivadas ambas de la partida 3300, “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”.
En el IMSS, las subrogaciones se concentran en los servicios de hemodiálisis y cirugía de mínima invasión, pero no son las únicas áreas que se han privatizado de forma velada (recuérdese el lamentable incendio de la Guardería ABC, en Sonora, subrogada por el Instituto).
Al respecto, el informe de la ASF señala que los “servicios médicos integrales”, es decir las subrogaciones, son una “alternativa” de contratación para la “realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social respondan a las demandas de atención, de forma integral, sin interrupciones, conformados por el equipo médico, instrumental quirúrgico y los bienes de consumo compatibles”.
Este tipo de contratación se “justifica” con el argumento de que los servicios otorgados por los privados son menos costosos que si se realizan en las propias instalaciones del IMSS, con su personal y sus instrumentos.
Aunque no todo se hace fuera del Instituto. El informe de la Auditoría Superior revela que el servicio integral de cirugía de mínima invasión se realiza en las unidades médicas del IMSS por su propio personal médico, pues el proveedor sólo está obligado a proporcionar el equipo e instrumental, por lo que el ciento por ciento de los pacientes se atienden dentro de las instalaciones del Instituto.
Para el ejercicio 2014, el IMSS realizó un análisis de costo-beneficio, factibilidad técnica y económica de la hemodiálisis extramuros, en el cual se concluye que el servicio subrogado es “la forma más conveniente y oportuna para disponer de las sesiones de hemodiálisis que el Instituto no puede otorgar en sus instalaciones, debido al incremento en el número de pacientes que rebasó la capacidad instalada”.
No obstante, en la auditoría financiera y de cumplimiento 14-1-00GYR-02-0167 se comprueba que esto no necesariamente es así. Al fiscalizar a sólo dos de las 32 delegaciones del IMSS, la Auditoría descubrió que ambas pagaron 12.7 millones más de lo que se había estimado en el análisis de costo-beneficio.
“En cuanto a los servicios de hemodiálisis extramuros, en el análisis costo-beneficio se identificó que éste contiene un precio menor del que pagaron las delegaciones Morelos y Jalisco, las cuales por 141 mil 422 sesiones erogaron 12 millones 728 mil pesos más en relación con el precio establecido en dicho documento.”
Por esta irregularidad, la Auditoría Superior determinó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control, para que investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no llevaron a cabo la licitación plurianual en 2014 correspondiente a los servicios de hemodiálisis y de cirugía de mínima invasión, lo que ocasionó que no se obtuvieran las mejores condiciones de precio.
Según la Auditoría, el análisis de costo-beneficio de los procedimientos de mínima invasión también determinó que el monto que sufragaría el IMSS sería menor, “por lo cual la opción de arrendamiento en equipos e instrumental resulta la manera más conveniente de proporcionar el servicio a los derechohabientes”.
Pero como reza el dicho, a veces lo barato sale caro. Al analizar los contratos números D350463 y D4M0264, vigentes en 2014 del servicio de cirugía de mínima invasión en la delegación Morelos, la Auditoría Superior descubrió que “la Jefatura de Prestaciones Médicas no elaboró el programa académico, con el fin de que el prestador del servicio financiara la capacitación académica de actualización estipulada en el contrato, y que debió de ascender por lo menos a 210 mil pesos (el 1 por ciento del monto total facturado, por 20 millones 995 mil 200 pesos), no obstante que los contratos establecían que el encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas era el administrador del contrato”.
Como consecuencia de la intervención de la Auditoría, el 20 de julio de 2015 la delegación Morelos aplicó a la facturación del prestador del servicio dos notas de crédito por 210 mil 300 pesos, por la omisión del financiamiento de la capacitación académica no otorgada en 2014.
Con todo esto, ¿alguien puede creer que es mentira la privatización del IMSS?
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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