La guerra del capital y el gobierno contra los trabajadores

Las injusticias más grandes que pueden cometerse en la historia de los pueblos llegan a un momento en que no pueden deshacerse ya por medio de la justicia correspondiente, sino que es necesario remediarlas en alguna otra forma

Luis Cabrera, discurso en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de suprimir la esclavitud de los jornaleros mexicanos, 3 de diciembre de 1912

El “acuerdo negociado” entre PC Capital y los sindicatos de sobrecargos, pilotos y demás empleados –pontificado por Juan Molinar, Javier Lozano y Felipe Calderón, supuestamente para “salvar” de la ruina, que provocaron Gastón Azcárraga y sus socios, a la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), devenida en una humilde y pueblerina empresa mexicanita– es un ejemplo más de los métodos que están dispuestos a aplicar los beneficiarios y los cancerberos del sistema, los empresarios y los gobiernos, para garantizar la continuidad de la acumulación capitalista.

Salvar la CMA, sanear sus hojas de balance, revertir sus pérdidas, asegurar su rentabilidad y las ganancias de los nuevos dueños –curiosamente encabezados por Arturo Barahona, quien había sido contratado como supuesto “estratega comercial” por quienes provocaron el desastre: Azcárraga y Manuel Borja Chico, y que en el periodo 1993-2004 laboró en Aeroméxico– implicarán sacrificar a sus trabajadores. De un lado, arrinconados por los inversionistas que ambicionan apoderarse de los despojos de la empresa en las condiciones más ventajosas y por los panistas administradores del capital que los presionan, con el brutal garrote en ristre en la diestra mano de Lozano, el secretario patronal del trabajo, y del otro, el abismo del desempleo que amenaza con devorar a los 4 mil 988 empleados, con el riesgo de perder todo: los salarios impagos, las liquidaciones, sus prestaciones sociales. Estos últimos, como el mal menor, se vieron obligados a doblegarse ante la lógica demoledora de la ley de hierro de la “flexibilidad” laboral impuesta impunemente por los empresarios, que, por la vía de los hechos, arrasan con las normas constitucionales en la materia, con la complicidad de los tres órdenes de gobierno neoliberal que legalizan las tropelías.

Para salvar a los menos, los trabajadores inmolarán la estabilidad laboral, las condiciones de vida y el futuro de la mayoría. ¿A cambio de qué? Primero, no les quedó de otra más que aceptar la liquidación de todos en un escenario pernicioso: que las compensaciones, cuyo monto es incierto y al margen de la ley, sean cubiertas en tres partes, una en efectivo, otra con un pagaré que se finiquitará a finales de año, y el resto, con las depreciadas acciones de la empresa, con el riesgo de que ésta se evapore, ya sea porque, al cabo, su precio se convierta en simple basura si los nuevos “emprendedores” resultan de la misma ralea que Azcárraga, fracasa el “rescate” y la compañía y la empresa se hunden irremisiblemente, o porque los papeles bursátiles son fácilmente manipulables, tanto por los propios emisores como por las demás hienas que merodean y se enriquecen vilmente en las vorágines especulativas del mercado. Después, que al menos el 77 por ciento de ellos, 3 mil 833, se queden definitivamente en tierra y robustezcan las incontenibles cifras del desempleo abierto y encubierto, en un gobierno cuyo Ejecutivo, como broma siniestra, se calificó a sí mismo como el “presidente del empleo”, de la seguridad laboral y del bienestar. Luego, que los 1 mil 155 restantes que sobrevivan a la desgracia sean recontratados en peores condiciones laborales. Con salarios menores, la sustancial mutilación de las prestaciones que habían conquistado en sus contratos precedentes y la mayor precariedad en el empleo.

Las razones empleadas, legales, ilegales y de fuerza, para justificar la embestida en contra de los trabajadores de la CMA son las mismas que se han usado para destruir al sindicato electricista, para atacar al minero, al del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuanta organización de asalariados traten de impedir el desmantelamiento de sus derechos: el imperativo por reducir los costos de las empresas, en especial los laborales; elevar su productividad y competitividad y, por añadidura, las ganancias de los dueños en la jungla del capitalismo “global” neoliberal. La maximización de la acumulación de capital exige como condición el abaratamiento del “factor trabajo”, la baja o eliminación de las prestaciones, los menores salarios nominales, la miseria de los esclavos “modernos”, la destrucción de los sindicatos que se niegan a doblegarse y los premios a los líderes que venden a sus representados: puestos de “elección popular”, acceso al presupuesto, dinero, la protección ante sus actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, la desaparición de las cuotas sindicales, la violación de las leyes laborales, la violencia y el asesinato de trabajadores, entre otras prebendas. En esa tesitura, descansa la armonía existente entre los gobiernos priistas-panistas y los dirigentes Elba Esther Gordillo, Carlos Romero, Víctor Fuentes, José Luis Rodríguez, Joel Ayala, y de los sindicatos empresariales.

Según Juan Molinar –“experto” en seguridad social y comunicaciones y transportes, en pisotear el estado de derecho, en entregar las riquezas de la nación a los depredadores hombres de presa; golpeador político–, la “propuesta” de PC Capital es la mejor “solución” para la CMA y sus trabajadores, ante el regocijo de Lozano, versado en las mismas artes molinarescas. ¿Y las sanciones legales en contra de Azcárraga, cuyo manejo turbio llevó a la quiebra a la CMA, que afectó, adicionalmente, a 13 mil 782 acreedores, entre ellos al Banco Nacional de Comercio Exterior, con 176 mil 981 millones de Udis? ¿Acaso se le protege porque se le acusa de haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de Vicente Fox, porque, se dice, a cambio recibió la empresa a precios de regalo, y participado en la guerra sucia de Calderón y la oligarquía en contra de Andrés López Obrador, y en el fraude electoral de 2006 que encaramó a Felipe de Jesús en la Presidencia?

Existía otra opción. En 2008, a raíz del manejo fraudulento y la quiebra, y por razones de seguridad nacional, la presidenta Cristina Kirchner nacionalizó las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, protegiendo los derechos de los trabajadores. Hugo Chávez intervino, en 2009, la aerolínea Aeropostal y la convirtió en una entidad de “propiedad social”, como parte de su programa de rescate de los sectores estratégicos de Venezuela (petróleo, electricidad, telefonía, banca, cemento, siderurgia).

Pero esa alternativa es “populista”. Está contraindicada para gobiernos que sólo velan por los intereses oligárquicos y les entregan los recursos de la nación.

Desde que el capitalismo se convirtió en el sistema dominante, una de sus reglas básicas de funcionamiento es que, en épocas de crisis, los empresarios y los gobiernos trasladen hacia los trabajadores los costos de su reestructuración o quiebra. Que, ante todo, se proteja el capital de los dueños, en especial de la oligarquía, y se les dispensen sus manejos sucios como los usureros bancarios o los constructores lo testifican. Que se socialicen las pérdidas y los trabajadores asuman el papel de víctimas propiciatorias ante el temor de ser despedidos. La industria aeronáutica mundial y las otras tratan de sortear la crisis precarizando a los trabajadores, con menos empleos, salarios, prestaciones, pensiones, con contratos a modo. Los gobiernos aplican la misma terapia para nivelar las desequilibradas cuentas fiscales, cuyos déficits se dispararon con el rescate de los capitalistas y el capitalismo. Despiden a cuantos pueden, recortan salarios, prestaciones, subsidios a los desempleados, el gasto social, mientras los responsables del derrumbe financiero y la gran recesión mundial viven plácidamente. Entre diciembre de 2007 y septiembre de 2010, por ejemplo, los desempleados en la eurozona aumentaron de 13.3 millones a 15.9 millones; en la Unión Europea, de 17 millones a 23 millones; en Estados Unidos, de 7 millones a 14.8 millones; en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que incluye a México, de 31.9 millones a poco más de 45.5 millones.

En realidad, el colapso mundial sólo ofreció otra coartada para acelerar el desmantelamiento de las conquistas laborales, proceso iniciado a principios de la década de 1980 con el triunfo de la contrarrevolución neoliberal a escala internacional sobre el Estado de Bienestar. Si los contratos de trabajo regularon el antagonismo entre el trabajo asalariado y el capital, mediados por el estado benefactor, y mejoraron las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, los neoliberales impusieron una nueva pauta: la “flexibilidad” laboral en patrocinio del empresariado. Los golpistas militares de Suramérica y sus Chicago Boys, en la década de 1970, inauguraron una técnica eficaz que aseguró la novedosa época del “trabajo asalariado embridado”: la sangrienta represión en contra de los trabajadores y sus sindicatos. La señora Thatcher aprendió la lección y machacó a palos al antaño poderoso sindicato minero, entre otros. Lozano ha sido un aprendiz aventajado.

Mientras la Unión Europea sufre el descontento de los sacrificados, el 2 de septiembre, Lozano se declaró “profundamente satisfecho de su trabajo” y los resultados obtenidos. Añadió que el sector sindical “no estaba acostumbrado a que se manejaran con firmeza los asuntos, como lo hace este gobierno”. Se vanaglorió de que, en México, “no hay huelgas. Éste ha sido el sexenio con menos huelgas de la historia; hay paz laboral; hay transparencia; se cumple con la Ley Federal del Trabajo y se apoya la reinserción laboral”. Y remató: los conflictos en el Sindicato Mexicano de Electricistas y el sindicato minero “son aislados, no es la regla general”. Son casos “no laborales, sino extralaborales”.

Según las estadísticas, con Miguel de la Madrid estallaron 1 mil 194 huelgas; Con Carlos Salinas, 831; con Ernesto Zedillo, 271; con Vicente Fox, 267; con Calderón, apenas suman 78.

¿Acaso la relación trabajo-capital vive en santa hermandad? ¿Se alcanzó el paraíso del artículo 123 constitucional: el trabajo digno y socialmente útil; los salarios mínimos suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos; los patrones y el gobierno, por fin, cumplen escrupulosamente con la seguridad y sanidad laboral, pagan alegremente las prestaciones, como los servicios de salud; respetan los contratos colectivos y las organizaciones y la democracia sindical; acabaron con las organizaciones corrompidas? ¿O Lozano, como su jefe, es un pésimo y cínico histrión de circo?

Cómo explicar entonces que, pese a nuestro paraíso, México superará a la India, y este año se convertirá en el líder mundial de la migración, según el nada subversivo Banco Mundial. El Consejo Nacional de Población estima que 680 mil trabajadores emigraron hacia Estados Unidos en 2007 y Bancomer calcula 658 mil en 2008 y 557 mil en 2009, aun cuando los estadunidenses reportan la detención del orden de 500 mil ilegales mexicanos anuales. El director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, el embajador Daniel Hernández Joseph, afirma que 396 inmigrantes mexicanos fallecieron en 2009 en ese país, contra los 340 decesos ocurridos en 2008.

Cómo entender que los trabajadores, tirados en la hamaca, fumen la pipa de la paz pese a que, en el calderonato, han aumentado los desempleados (de 1.6 millones a 2.7 millones), la personas que dejaron de buscar empleo (de 5.1 millones a 5.4 millones), los subempleados (de 3.1 millones a 3.8 millones) y los informales (de 12 millones a 12.4 millones), que apenas se hayan creado 1.6 millones de nuevas plazas de las 3.5 millones requeridas, la mayoría de ellas, de bajos salarios pagados y en peores condiciones; que el 45 por ciento de los asalariados carezca de acceso a los servicios de salud y el 40 por ciento, de las prestaciones laborales, que se deterioren los salarios reales.

La explicación es sencilla: por la política de terror laboral impuesta por los calderonistas y su manejo arbitrario de las leyes del trabajo; la parálisis de los asalariados ocasionada por el miedo a las represalias, el desempleo y su certeza de que no existen instituciones ni autoridades que protejan sus intereses; por su desorganización, el control sistémico de sus sindicatos, la desafiliación ocasionada por el desempleo, la persecución y la destrucción de los que se atreven a desafiar el despotismo del presidencialismo mexicano. Sólo así han aceptado la pobreza y la miseria en que los han hundido los empresarios y los gobiernos neoliberales.

*Economista

Contralínea 211 / 05 de diciembre de 2010