Lo único que podría contrarrestar la actual desaceleración de la economía mexicana y evitar el inicio de otra fase recesiva –con sus secuelas de mayor desempleo y pérdida en los ingresos reales de las mayorías, del aumento del número de pobres y miserables y de la agudización de la criminalidad– es que el Congreso apruebe el segundo paquete anticrisis para el año fiscal de 2012, que propone ampliar el gasto público y el recorte impositivo, entre otras medidas. De aprobarse éste, se ejercerían 447 mil millones de dólares destinados a la reparación y modernización de 3 mil 500 escuelas, la mejoría de la infraestructura del transporte y otras obras de largo plazo.
La rebaja de gravámenes auxiliaría a las empresas con menos de 50 trabajadores y las que contraten a aquéllos que desde hace más de un semestre buscan una ocupación o que formaron parte de las tropas de Irak y Afganistán. La propuesta asimismo detendría mayores despidos de empleados públicos e incitaría la recontratación de maestros, policías o bomberos.
El monto involucrado no es despreciable, aunque es menor al aplicado en 2009 (800 mil millones de dólares), cuyos efectos sólo alcanzaron para una efímera y titubeante reactivación que empezó a diluirse desde el segundo trimestre de 2010 hasta ubicarse otra vez al borde de una segunda recesión, en el tercer trimestre de este año, dentro de una crisis sistémica irresuelta, sin que pudiera evitarse el alza del desempleo abierto, que pasó de 7.8 por ciento a 9.1 por ciento entre enero de 1989 y agosto pasado, de 12 millones a 14 millones de personas.
Con la medida se pretenden alcanzar tres objetivos: abatir el agobiante desempleo; despejar el fantasma de la segunda recesión, por medio de la ampliación del consumo y la demanda agregada, mientras se agotan los recursos; y mejorar las expectativas electorales del partido gobernante. Difícilmente éstos se lograrían, dada la magnitud de los problemas internos y externos. Pero al menos se hace un esfuerzo desesperado por tratar de mejorar la compleja situación nacional.
El principal obstáculo a la política contracíclica, empero, está en el Congreso, controlado por la derecha de los partidos dominantes, porque son fanáticos del Estado mínimo y el “libre mercado” y son enemigos del gasto público, el déficit, el endeudamiento y la baja impositiva, si no favorecen únicamente a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos. La austeridad es para los demás. Y porque la oposición supone que la precariedad económica y laboral contribuiría a la derrota electoral del partido imperante. El descontento social que ellos ayudan a generar refuerza sus expectativas para retornar a la Presidencia. En la ilusoria democracia electoral, los intereses de la población se han convertido en rehén y botín de los partidos.
Obviamente me refiero al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a los demócratas y a los republicanos, aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) actúan como sus pares, los neoconservadores estadunidenses. Con el control del Estado reforzaron el autoritarismo político e impusieron el modelo económico neoliberal. Han sometido a la sociedad a sus intereses tribales y los de los “poderes fácticos”. El PRI olfatea la derrota electoral de los panistas y obstaculiza cualquier cambio antineoliberal, que desde luego nunca ha impulsado el PAN, porque perjudicaría sus esfuerzos por presentarse ante la oligarquía, el capital foráneo, la Iglesia y otros grupos de la derecha, como la única opción que garantizaría la continuidad neoliberal-autoritaria.
Pero a diferencia de Obama, el presidente Felipe Calderón presentó al Congreso de la Unión un programa económico y presupuestal para 2012 que asegura hasta el último día la mediocridad que ha caracterizado a su gobierno. Como buen fundamentalista, acepta el martirio de suicidar electoralmente a su partido para tratar de asegurar la alternancia antidemocrática entre la extrema derecha del PRI-PAN-PRI que preserve los privilegios del bloque dominante.
El reajuste de su gabinete no deja lugar a equívocos sobre un eventual viraje de su estrategia, aunque sea por simples razones electorales. Calderón privilegió a los talibanes del “mercado libre”, antisociales por definición, cuyos dogmas y recetas librecambistas cayeron como un castillo de naipes y quedaron sepultados entre las ruinas del colapsado orden global neoliberal. Puros Chicago Boys, egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (escuela equivalente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina o la Fundación Mediterráneo, semilleros subdesarrollados de los economistas monetaristas y neoclásicos que han prestado caros servicios a los criminales regímenes militares –Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Juan María Bordaberry– y despóticos –Alberto Fujimori, Carlos Menem, Carlos Andrés Pérez y, en México, del expresidente Carlos Salinas de Gortari a Calderón, que con golpes de Estado “técnicos” y “de mercado”, respaldados por los principales grupos económicos, malograron la democratización del país–).
José A Meade sustituye a uno de su misma especie en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Ernesto, el Cordero que será ofrendado a favor de Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México. Mientras que los otros cambios los protagonizan los hombres de blanco, Salomón Chertorivski, titular de la Secretaría de Salud, que se disfraza con una bata de médico, y Jordy Herrera, secretario de Energía, cuyos datos biográficos aportados en el portal de la Presidencia indican que no tiene cola que le pisen, porque su página no tiene nada, salvo que es un chico Ibero,¡o sea, ves!
El primero algo debe de saber del saqueo al que son sometidos Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los otros dos son ilustres desconocidos, indoctos en sus tareas encomendadas. En el caso de Herrerita –al igual que el de Salomoncito–, “eso no tiene la menor importancia ni mayor trascendencia” (como dijo el actor Arturo de Córdoba en la película Las tres perfectas casadas, extraña coincidencia en el número) porque su puesto será virtual, pero jugosamente pagado: Antonio Vivanco y Juan J Suárez manejan a la CFE y Pemex –empresas de clase mundial– al estilo Enron, como negocios privados, aunque sean públicas. Son amigos de Calderón y con ello basta y sobra. El trío forma el enroque con otros Chicago Boys itamitas: Agustín Carstens (Banco de México), Dionisio Pérez-Jácome (Comunicaciones y Transportes), Francisco J Mayorga (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y Alonso Lujambio, que sabe lo mismo de educación como Herrera y Chertorivski de sus actuales negocios. Lo que importa es la lealtad al príncipe, como dice el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
Todos ellos tienen un rasgo en común, de acuerdo con el economista Samir Amin, ajeno a ese rebaño: son expertos en “una teoría económica que es un supuesto de la no realidad, del capitalismo imaginario, del mercado que funciona conforme esa razón, esta racionalidad”. Esa “economía pura [que] es útil porque al ser una teoría de la no realidad permite legitimar cualquier elección pragmática de la gestión del capitalismo realmente existente. El economista puro es al sistema y al poder capitalista lo que es el brujo para el rey. ¿Cuál era su papel? El brujo tenía que adivinar lo que el rey quería hacer, después tenía que hacer cosas raras para decirle a éste lo que tenía que hacer –en realidad, lo que quería hacer–, para dar así a la acción del rey legitimidad a los ojos del pueblo. No es el brujo quien dicta al rey, sino el rey quien dicta al brujo, y el brujo legitima. El economista hace la misma cosa: es eficaz para el sistema si adivina qué es lo que el sistema necesita y lo legitima”.
Dos politólogos itamitas son travestidos. Uno, Alejandro Poiré, en policía del sórdido Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Otra, Alejandra Sota, vocera de la guerra de limpieza radical de la escoria social y de la guerra sucia calderonista, o si se prefiere, de portavoz de seguridad nacional. Se agregan a la línea de los enemigos de la democracia y del imperio de las leyes José Blake Mora (itamita), secretario de Gobernación; Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social; Miguel Alessio Robles, consejero jurídico del Ejecutivo federal; Marisela Morales, procuradora General de la República, y el televisivo y tenebroso paramilitar Genaro García, secretario de Seguridad Pública, que en ésta se puede adquirir una pluma por 29 mil pesos o esconder –como si fuera un secreto de Estado– por 12 años la información financiera relacionada con los contratos asignados a empresas privadas para la construcción de siete centros penitenciarios, que hace pensar en el gato que oculta sus detritus debajo de la alfombra. Ése es el remozado gabinete de la dictadura de la “mano invisible” y del visible músculo represivo.
Con ese príncipe y esos consejeros y operadores ¿qué clase de programa podría esperarse para 2012? Evidentemente no es aquél que exija un manejo fino para alcanzar o que se acerque al difícil trilema deseable y que es imposible para los economistas y los gobiernos versados únicamente en la economía vulgar de Chicago: un alto nivel de crecimiento y de empleo, con baja inflación y la mejoría en la distribución del ingreso y el nivel de vida de los 52 millones de pobres y miserables que reconoce oficialmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o de los 57 millones que clasifica como “pobres por ingreso” –entre el 46 por ciento y 51 por ciento de la población total–, aunque en realidad suman poco más de 70 millones. En el discurso dicen que aspiran a esas metas, pero sólo es sarcasmo.
Tampoco es una propuesta como la de Obama. Apenas se plantea un aumento nominal en el gasto total por 187.7 mil millones de pesos respecto de este año, equivalente a 15.4 mil millones de dólares; 1.9 por ciento real más.
Si la inflación en 2012 es de 4 a 5 por ciento y no de 3 por ciento –como esperan los Chicago Boys–, el gasto se estancará en el mismo nivel de este año. Incluso podría ser menor si se considera su manía por no ejercer todo el dinero –¡qué importa que el Congreso lo imponga como ley, si no existen mecanismos de sanción!– ya sea por razones oscuras, por incapacidad o las que sean.
Ni siquiera es un paquete preventivo ante la recesión y el estancamiento mundial que se asoma en el horizonte. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acaba de advertir la “desaceleración generalizada” que registró en julio pasado la mayoría de los 34 países agrupados en esa organización, entre ellos los del Grupo de los Siete (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos), al igual que China, India, Rusia, Brasil y México. El calderonismo estimó para 2012 un gasto programable pagado (que excluye el pago diferido y los intereses de los adeudos públicos) por 128.5 mil millones de pesos, 10.5 mil millones de dólares con relación a este año; 1.3 por ciento más, en términos reales. El desfase entre la inflación programada y la que se alcance anulará su mejoría. Bajo la lógica calderonista, la inversión presupuestada se reduciría 0.4 por ciento o más, de acuerdo con el nivel de la inflación, que también cancelaría la aparente mejoría del gasto social.
Es la misma ortodoxia de hace un lustro y meramente busca alcanzar una inflación de 3 por ciento y un déficit fiscal de 0.2 por ciento del producto interno bruto; 2.2 por ciento si se agregan las inversiones de Pemex. El crecimiento, el empleo y el bienestar nada importan. Es la miseria planificada. Hasta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calificó el presupuesto como “inercial”. Algo así como los estertores de la muerte.
Los aumentos significativos en el presupuesto se concentrarían en la seguridad pública, porque el calderonismo fabrica a su máxima capacidad pobres, miserables, descontentos y delincuentes. Y los tiene que asesinar, reprimir o amedrentar. En las guerras, los militares y los aparatos represivos del Estado no actúan con la Constitución bajo el brazo. Las guerras son sucias. Es un acto terrorista del Estado militar contra los que se oponen a la masacre económica diseñada por los Chicago Boys.
Calderón es un guerrero que vive para la guerra, no para la política. Vive para la muerte de otros, para matar y que otros asesinen por él en nombre de la “razón de Estado”. Existe para la gloria o el martirio. No puede hallarse sin la guerra porque sería una señal de debilidad, de omiso, de “humanista”. ¡Viva la muerte!, gritó el facho franquista José Millán-Astray ante el humanista Miguel de Unamuno. Y el guerrero exige un alza de su ingreso mensual –sin prestaciones– a 208.5 mil pesos, 58 mil pesos más de lo recibido al inicio de su mandato; 38.5 por ciento más, mientras que los salarios mínimos sólo se elevaron 28 por ciento. Si se suman las prestaciones y se restan los impuestos ganará 278 mil pesos al mes. Nada mal, ya que el dinero no tiene olor. Pero no limpia las manos sangrientas.
El PRI, su socio cogobernante, está feliz. Calderón le dejó la mesa servida para que con su mayoría legislativa recorte algunas partidas del gasto y amplíe las que se prefiera, sin desvirtuar el contenido neoliberal y antisocial. Calderón le puso los últimos clavos al ataúd electoral del PAN y liberó las ratas con el vacilo de la peste priísta. Con tal de cerrarle el paso a Andrés López Obrador –que ni siquiera es un radical de izquierda–, el presidente de México prefiere pasar a la historia como uno de los peores gobernantes después de la Revolución Mexicana.
*Economista
