Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Ernesto Zedillo, en los inicios de los gobiernos priístas se acostumbró a meter a la cárcel a connotados servidores públicos y a un líder sindical. Generalmente se hizo para que los presidentes entrantes tuvieran legitimidad y credibilidad, aunque ninguno de ellos lo logró. Así, De la Madrid actuó en contra de Jorge Díaz Serrano por un supuesto fraude en la adquisición de barcos petroleros; Carlos Salinas de Gortari le tendió una trampa a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, entonces líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual se había enfrentado al presidente entrante y había apoyado electoralmente a Cuauhtémoc Cárdenas; Zedillo no se quedó atrás y procedió jurídicamente en contra de Raúl Salinas. Todos los encarcelados fueron liberados, como si no hubieran cometido los delitos, por el presidente entrante. Simplemente, eran un estorbo para el gobierno en turno.

 

Hoy se repite la historia: Enrique Peña Nieto decide, por la vía jurídica, quitarse el obstáculo que representa Elba Esther Gordillo para llevar a cabo su política educativa y evitar el enfrentamiento que cada día era mayor. El problema no es que la haya detenido, sino ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué cuando Elba Esther fue comparsa del gobierno que le dejó hacer lo mismo por lo que ahora se le acusa? Esto, en la política, ofrece lecturas diversas, y finalmente no le da credibilidad al gobierno, sino que se ve como un ajuste de cuentas.

 

Una de las lecturas es la del Partido Acción Nacional, que pide que se lleve a cabo un juicio sin tintes políticos y exige que se actúe de la misma forma con otros líderes sindicales y con exgobernadores. Claro que sería una forma sana tendiente a combatir la corrupción, pero el gobierno los protege porque no están enfrentados. De todos son conocidos los casos de Carlos Romero Deschamps, Humberto Moreira, Andrés Granier, Arturo Montiel y otros que conformarían una lista muy amplia. Pero también hay algunos panistas que deberían ser sujetos a una investigación, como Genaro García Luna y el propio Felipe Calderón.

 

Otra lectura es la de Andrés Manuel López Obrador, que menciona que el presidente Peña actuó para ganar credibilidad. Realmente creo que no es así, porque no hay nada que implique que no haya llegado Peña Nieto legítimo al poder. Miguel de la Madrid actuó después de la crisis provocada a finales del gobierno de José López Portillo; Salinas, porque la Quina lo enfrentó y no lo apoyó electoralmente; y Zedillo, para que la sociedad se convenciera de que había un rompimiento con Salinas. En este caso no hay un motivo por el que quisiera credibilidad: simplemente Elba Esther se constituía en un estorbo para la política educativa de Peña Nieto.

 

En lo particular no me sorprendió que el gobierno actuara contra Elba Esther: pruebas pueden haber suficientes. Incluso la Maestra, en una entrevista que le hizo Adela Micha, reconoció que le gusta vivir excelsamente bien y se daba los lujos que ella quería. Por lo tanto, no es extraño que haya utilizado dinero de las cuotas sindicales.

 

Estuve atento a las entrevistas que le hicieron Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Sinceramente no es nada convincente lo que asegura, e incluso se nota dubitativo. Uno de sus argumentos es cuánto declara de ingresos Elba Esther y cuántos son sus gastos. Pero lo que no dice es que Elba Esther Gordillo –igualmente que los servidores públicos, incluso él– tiene elevados gastos de representación, viajes, etcétera. Y que no son recursos públicos, sino cuotas sindicales, y que los sindicatos tienen autonomía para el manejo de esos recursos, por lo que la denuncia debería de venir de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no de la Procuraduría General de la República. En todo caso, el gobierno pudo acusarla de evasión fiscal, pero a lo mejor no tienen pruebas de ello.

 

No estoy en contra de que actúen jurídicamente en contra de Elba Esther y que combatan la corrupción. En lo que no estoy de acuerdo es que durante mucho tiempo los gobiernos priístas y panistas la protegieron, como a Deschamps, Moreira, Montiel, García Luna, Granier, etcétera, así como protegen a los que desviaron recursos con la construcción de la Estela de Luz, lo que incluye a Felipe Calderón.

 

Finalmente, Elba Esther no se alineó al nuevo gobierno y la opción fue quitarla del paso de cualquier forma. Hay que considerar que es la dirigente sindical con mayor poder y que, desde su reclusión, puede aún mover a los maestros. Lo que le puede ocurrir es que tenga que aguantar en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla unos 7 años, para que el siguiente presidente la libere, como sucedió con Díaz Serrano, la Quina, Raúl Salinas y recientemente con la francesa Florence Cassez.

 

La historia priísta se repite. Con Peña Nieto nada cambia.

 

*Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuestos

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013