El Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Normas Generales Relativas al Procedimiento para el Registro de Cabilderos y las Actividades Desarrolladas por Éstos dentro de la Cámara de Diputados es la única norma aplicable en esa Cámara al cabildeo.

/Segunda y última parte

Los escasos límites que marca son, por ejemplo, que el número máximo de personas acreditadas es de 20 por comisión; que “los cabilderos sólo podrán hacer uso de los recursos legítimos permitidos por la Constitución y la ley para desempeñar sus funciones”, aún inexistente; y que “la falsedad de cualquier información aportada por el cabildero[…] implicará la inmediata cancelación de su registro”.

En términos de transparencia, indica que “las comisiones deberán informar a la Mesa Directiva, en el marco de sus informes de labores, todo lo relativo al cabildeo que se haya registrado dentro de las mismas, para lo cual deberán señalar los documentos recibidos que tengan relación con iniciativas, minutas, proyectos o decretos que son materia de su competencia, así como los nombres de los cabilderos que los hayan entregado”.

Así, desde octubre de 2012 –cuando se publicó el Acuerdo– ha sido la buena fe, y no la ley, la que rige esas relaciones de poder en las que se mueven millones de pesos. Y puesto que sólo las buenas conciencias se “ajustan” a “los recursos legítimos permitidos por la Constitución”, lo único que ha originado el vacío legal es una gran opacidad.

Ejemplo de ello es la respuesta de la Comisión de Economía de la pasada legislatura a la solicitud 1092/2015: “la Presidencia [a cargo del panista Mario Sánchez Ruiz] se ha reunido con cabilderos en diversas ocasiones para atender asuntos relacionados con esta Comisión, sin contar con un registro de las mismas”. En la petición de información literalmente se requirió “cuántas veces se ha reunido la Comisión de Economía y/o alguno de sus integrantes con los llamados cabilderos. Por cada caso, desglosar, nombre del o los diputados; nombre del o los cabilderos; fecha; tema a tratar; y resultados del encuentro”.

En total, Agenda de la Corrupción ingresó 39 solicitudes sobre este tema a la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados para la pasada legislatura, de las cuales siete correspondieron a grupos parlamentarios (ver Contralínea 474) y el resto, a las comisiones (solicitudes de la 1085/2015 a la 1116/2015).

De éstas se desprende que, en el contexto de las “reformas estructurales”, una de las comisiones más activas fue la de Educación Pública y de Servicios Educativos. Según la respuesta a la solicitud 1093/2015, en un afán de establecer “el diálogo y la concertación con diversos actores del sector educativo, se atendió a todos, más allá de si cuentan o no con un registro en el padrón de cabilderos, e inclusive jamás se ha solicitado como requisito para su atención tal registro”.

Agrega que se realizaron 19 reuniones ordinarias, 19 de Junta Directiva, una extraordinaria y 22 de trabajo, en las que participaron los siguientes “actores”: “Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Trabajadores Normalistas de Guerrero; profesores del CECYTEM; Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Educación Tecnológica; Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas; sindicatos del Cecytes y Colegio de Bachilleres; Conalep; universidades interculturales; trabajadores de escuelas secundarias; Universidad Tecnológica de Chapingo; CETIS plantel número 6 DGETI; Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México; Cámara Nacional de la Mujer; trabajadores del Instituto Politécnico Nacional; Asociación de Jubilados del Estado de Nayarit; Coordinación Nacional de Escuelas Normales; Junta de Gobierno del INEE”.

Las reuniones, indica, estuvieron “prácticamente orientadas a solicitudes en materia de presupuesto e interés en iniciativas, minutas y puntos de acuerdo turnados a la Comisión. Las respuestas a estas peticiones quedaron reflejadas en la opinión de la Comisión respecto a los proyectos de presupuesto de egresos para 2013, 2014 y 2015…”.

Otra comisión que admitió reuniones con cabilderos, aunque sólo dos, fue la de Competitividad: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2013, con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC; y el 14 de octubre de 2014 con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Confederación Patronal de la República Mexicana. La primera tuvo como fin organizar un ciclo de cinco talleres de competitividad; la segunda, el “análisis y la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se extiende la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y se adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Planeación”.

Aunque sin dar detalles, la Comisión de Ciencia y Tecnología admitió haberse reunido con la Campaña contra el Ciberbullying #Yoloborro (en cinco mesas de trabajo); el Foro Avances Tecnológicos en la Lucha contra el Cáncer de Mama; el Foro Avances Tecnológicos para Prevención del Cáncer de Próstata; la Conferencia Magistral Educar las Emociones: Aporte de la Neurociencia para el Aprendizaje, del doctor Richard J Davidson; el Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas en Washington, DC.

Entre los que negaron esas relaciones está la Comisión de Comunicaciones, que indicó que en sus archivos no se tiene registro de alguna reunión con alguna de las personas físicas o morales del padrón de cabilderos. Además negó contar con información relativa a las reuniones de los diputados integrantes, “puesto que la actividad de cada legislador es registrada de manera personal y no por esta Comisión”.

La Comisión de Cambio Climático también indicó que no sostuvo ninguna reunión con cabilderos, “ni mucho menos se ha recibido documento alguno de su parte que tenga relación con algún proyecto legislativo que se encuentre en trámite o que haya concluido. Por lo que respecta a la Presidencia de esta Comisión, no es posible afirmar o negar que alguno de sus integrantes, en lo individual, haya sostenido alguna reunión con cabilderos o recibido documentación, ya que los legisladores no tienen ninguna obligación de reportar o informar tal situación a la Presidencia de este órgano legislativo; sin embargo, es pertinente señalar que a la fecha no ha existido presión de ningún tipo en torno a los asuntos turnados a esta Comisión para su estudio o dictaminación, así como tampoco alguna recomendación en algún sentido por parte de algún cabildero”.

La ahora exdiputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, informó a esta columna que esa Comisión “no ha celebrado reuniones con cabilderos a lo largo de toda la Legislatura, y de manera individual, la que suscribe, tampoco”.

Por su parte, la Comisión de Defensa Nacional indicó que no sostuvo ninguna reunión con los cabilderos, o alguno de sus integrantes en representación de ésta.

Otra que se desmarcó fue la del Deporte: “La Comisión no ha sostenido reunión alguna con este tipo de personal, en virtud de que los temas con los que hemos trabajado no son de su competencia. Asimismo, para el caso de reuniones sostenidas entre las y los integrantes y estas personas, le informo que esta Comisión no tiene acceso a las agendas de actividades de cada uno de las y los diputados, lo que nos imposibilita remitirle dicha información”.

Por cuestiones de espacio, ya no abordaremos el resto de las respuestas en las que tampoco se rinden cuentas sobre las relaciones entre estos gestores y los diputados.

Nancy Flores/Segunda y última parte

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 476/ del 22 al 27 de Febrero 2016