Durante décadas, la agroindustria ha tomado como pretexto satisfacer las necesidades alimentarias globales para incentivar la producción de alimentos a partir de semillas genéticamente modificadas (semillas transgénicas) y que implican el uso de agroquímicos tóxicos. Sin embargo, los índices de pobreza alimentaria en el mundo no han disminuido: tan sólo en México, el 23.3 por ciento (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5 por ciento sufre desnutrición crónica [1].
Este paquete tecnológico agroindustrial desarrollado por empresas como Bayer-Monsanto, no sólo no representa mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades nutrimentales de la población mexicana, sino que ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utiliza, y en el medio ambiente.
El Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) publicó en 2020 el Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM (genéticamente modificados) [2], en donde sostiene que el uso de semillas genéticamente modificadas junto con el glifosato no incrementa el rendimiento neto de los cultivos, y no representa ninguna ventaja para comunidades campesinas e indígenas en el país.
En abril de 2020, investigadoras e investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Unidad Occidente) confirmaron la presencia de los herbicidas glifosato, 2,4-D, picloram y molinato, en muestras de orina de 53 estudiantes de la telesecundaria Venustiano Carranza, ubicada en la comunidad de El Mentidero, Autlán de Navarro, Jalisco [3]. Previo a este estudio, habitantes de esta comunidad denunciaron presentar daños en su salud, derivados de la aspersión de herbicidas.
Estas investigaciones se suman a las más de 1 mil recopiladas en una quinta edición de la Antología Toxicológica del Glifosato, publicada en 2020, y en donde se actualiza una serie de estudios de investigación que aportan evidencia científica para prohibir el uso del glifosato [4].
Con los permisos otorgados a Monsanto, durante el gobierno de Felipe Calderón, para la siembra comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán, se agravaron las afectaciones a la biodiversidad y el medio ambiente de esta región: deforestación de importantes extensiones de bosques, reducción de las poblaciones de abejas y contaminación de la miel producida por habitantes de comunidades mayas, contaminación del agua, entre otras.
Leydy Pech Martín, junto con comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado tales afectaciones, logrando que en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera que estos permisos de siembra comercial son violatorios del derecho a la consulta previa, libre e informada, ordenando la suspensión de los permisos otorgados. La consulta no se ha realizado, sin embargo, la suspensión de permisos continúa.
Comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, académicas y académicos, han denunciado por más de 20 años las afectaciones derivadas de este modelo de producción de alimentos, y luchado por revertir sus efectos, cada vez más visibles, con acciones como la presentación de la propuesta de Decreto Presidencial por un México Libre de Transgénicos, entregada a Andrés Manuel López Obrador en junio de 2019 –y actualizada en junio de 2020–, por más de 250 personas, organizaciones y movimientos sociales; o la Demanda de Acción Colectiva contra el maíz transgénico [5], que ha logrado una medida cautelar publicada en 2013 y que prohíbe su siembra, basada en el riesgo de liberar o sembrar semillas transgénicas.
Además, en diciembre de 2020, integrantes de comunidades mayas de Hopelchén, junto con Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) e Indignación, presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por la siembra ilegal de soya y maíz transgénico en Campeche. Con esta denuncia, solicitan labores de inspección y vigilancia.
El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto Presidencial que prohíbe gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en México [6].
Este Decreto reconoce el principio de precaución, para prevenir daños graves o irreversibles derivados del uso de glifosato y maíz transgénico. El principio de precaución fue establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro [7], y contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica [8] y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología [9], de los que México es parte.
La implementación del Decreto corresponde a las dependencias gubernamentales competentes: la Sader, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud (SS), y el Conacyt, desde su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024.
Si bien el Decreto establece que el Conacyt “coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer, a las secretarías –mencionadas en el párrafo anterior–, alternativas al glifosato”, el desarrollo e implementación de alternativas agroecológicas cuenta con avances importantes por parte de distintas organizaciones de campesinas y campesinos, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec, AC), por universidades como la Universidad de Chapingo, y en estados como Sinaloa, Tlaxcala y Colima. El Conacyt deberá conjuntar estos esfuerzos, y consolidarlos, en seguimiento al Decreto.
Con respecto a la siembra de maíces transgénicos en México, el artículo sexto menciona que, “como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
La publicación de este Decreto materializa exigencias muy importantes, impulsadas desde los movimientos sociales y campesinos, sobre la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, el reconocimiento de los derechos humanos a la salud y la alimentación, y el cambio a un modelo de producción agroecológica de alimentos.
Aunque no resuelve por completo el problema del uso de agroquímicos tóxicos y de siembra de semillas transgénicas en el país, sí representa un parteaguas en las medidas implementadas para revertir los daños ocasionados por el modelo agroindustrial vigente hasta ahora.
La implementación de las medidas determinadas por este Decreto, requerirá ser observada por la sociedad civil, por organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, y con esto garantizar que para el 2024 el glifosato haya sido sustituido completamente por alternativas agroecológicas, que no dañen la salud de las personas, la biodiversidad y el medio ambiente, y que incentiven la producción de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, y a partir de semillas nativas.
Notas
[1] https://thp.org.mx/mas-informacion/datos-de-hambre-y-pobreza/
[3] https://occidente.ciesas.edu.mx/danan-plaguicidas-a-ninos-en-autlan-el-diario-ntr-guadalajara/
[5] http://demandacolectivamaiz.mx/
[6] DOF – Diario Oficial de la Federación
[7] https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
[8] https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd
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