De aprobar sin cambios fundamentales la política fiscal, el programa económico y las contrarreformas estructurales que Felipe Calderón pretende imponer para 2010 y lo que resta de su mandato, con el objeto de llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto neoliberal de nación, el Congreso será corresponsable de sus altos costos implícitos y explícitos: el desborde y la pérdida completa del control de la delincuencia; el agravamiento del descontento y la cólera de la mayoría; el descrédito definitivo del sistema político; la inestabilidad y el cada vez más cercano riesgo del estallido social ante la creciente percepción de la población de que ellos son los culpables de sus males, que nada tienen que ofrecer a sus necesidades, que son sus principales enemigos, simples guardianes de privilegios personales y de los intereses de la oligarquía nacional y trasnacional, y que la única salida que le dejan para acabar con el autoritarismo del régimen y su modelo económico al que se aferran, causante de la insultante concentración de la riqueza, la pobreza y la miseria, e instaurar la democracia participativa y un estilo de desarrollo incluyente, es luchar contra ellos, barrerlos del escenario.

En sus condiciones actuales, los procesos electorales, que funcionan con los mismos vicios sistémicos del autoritarismo priista y sólo vislumbra la alternancia entre las elites del antiguo régimen para preservarlo, la insultante actuación de los poderes Legislativo y Judicial, los adversos resultados alcanzados por el despotismo panista, que han avergonzado a una parte de los que le dieron el “voto útil” a la derecha confesional para sacar a la derecha priista del gobierno, y el desencanto impotente que priva entre un alto porcentaje de los ciudadanos, están arraigando una grave percepción en la sociedad: que el cambio democrático y pacífico por esa vía es imposible. Un poeta conservador y cortesano llamado Octavio Paz, que sin decirlo toma prestadas las palabras escritas por Carlos Marx en 1843, dijo alguna vez: “La vergüenza es ira/ Vuelta contra uno mismo:/ si/ una nación entera se avergüenza/ es león que se agazapa/ para saltar”.

La defensa artificiosa de Calderón y sus empleados de su paquete fiscal ha sido inútil para ocultar su verdadera naturaleza, que ha generado la crítica y el rechazo generalizado, incluso de organismos e individuos libres de toda sospecha, como son Merrill Lynch, Robert Engle y Edmund Phelps, premios Nobel de economía; el panista Diego Fernández o el Chicago Boy Santiago Levy, uno de los artífices del asistencialismo neoliberal en México. De izquierda a derecha, algunos de los aspectos nodales de ese peculiar consenso son:

1) Por su naturaleza antisocial, la política de ingresos públicos no afectará la inequidad ni resolverá la quiebra fiscal del Estado, en cambio agravará los niveles de pobreza del país, mantendrá las tendencias recesivas de la economía y retrasará la reactivación productiva. Al descansar básicamente en los impuestos al consumo y en el alza de los precios de los bienes y servicios públicos, repercutirá negativamente en el 90 por ciento de la población. Los que principalmente cargarán con el peso del ajuste son las personas hundidas en la pobreza y la miseria, al menos 70 millones, ya que se verá reducido aún más su ingreso destinado a la compra de bienes y servicios básicos.

Un ejemplo puede explicar lo anterior. En México, alrededor del 67 por ciento de las personas ocupadas (27.6 millones de 41.4 millones) ganan hasta cuatro veces el salario mínimo (6 mil 383 pesos mensuales). El 34 por ciento de las familias (9.2 millones de 26.7 millones, que involucran a 36.9 millones de personas de 106.9 millones) viven con esos ingresos. Ellos, los más pobres del país, destinan al menos la mitad de su salario a la compra de alimentos. Dado que están exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), su ingreso sólo está afectado por los impuestos al consumo y la inflación. En 2009, de cada 100 pesos que han recibido y gastado, este último se reduce 15 por ciento por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que su poder de compra baja a 85 pesos. Si se agrega la inflación, la cantidad que pueden gastar baja aún más. De aprobarse los impuestos propuestos por Calderón para 2010, el dinero que podrá disponer se reducirá a 83 pesos con la “contribución para la pobreza”. Si usan los servicios de telecomunicaciones, realizan depósitos bancarios en efectivo mayores a 15 mil pesos al mes, fuman, toman alguna bebida alcohólica o consumen agua, luz, gas u otro servicio público, de cada 100 pesos sólo podrán disponer un máximo de 76 pesos para adquirir alimentos o menos si la inflación supera al aumento de los salarios que se decretará: 3.3 por ciento (pasarían de 53.19 pesos diarios a 54.95, 1.75 pesos más).

Los trabajadores que ganan más de cuatro veces el salario mínimo, los pobres y los “sectores medios”, además del IVA tienen que pagar el ISR, hasta un 28 por ciento. Si no tienen la posibilidad de reducirlo, de cada 100 pesos que han recibido, después del pago de impuestos sólo han dispuesto hasta 57 pesos o menos por el aumento de precios. Con los aumentos en impuestos y precios que aspira imponer Calderón, sólo podrán gastar un máximo de 43 pesos.

El resultado es obvio: los pobres y los miserables se volverán más pobres y miserables.

La historia será distinta para menos del 10 por ciento de la población que concentra la riqueza del país y las grandes empresas, porque ellos podrán evitarlos con la evasión, la deducción y la elusión de sus pagos, o por medio del traslado de sus costos a los consumidores por medio del aumento de precios.

2) La debilidad de los ingresos del Estado se explica por otras razones: a) la reducción del ISR a las empresas y los sectores de altos ingresos que cayeron de 50 por ciento a principios de la década de 1980 a 28 por ciento; b) la evasión del ISR de las empresas y los sectores medios de altos ingresos: c) la deducción; d) la consolidación del ingreso; e) el trato privilegiado a ciertos sectores (los regímenes especiales). Si el Congreso cierra legalmente esos espacios, grava las operaciones financieras, obliga a Calderón y Agustín Carstens a cumplir con sus funciones y aplica sanciones más rigurosas a las empresas y las personas físicas tranquilamente podría recaudar de 234 a 500 mil millones sin necesidad de aumentar impuestos ni precios (con los cuales espera obtener sólo 278 mil pesos como ingresos tributarios sin descontar la inflación) ni aumentar el déficit fiscal (de 251 mil millones en 2009 a 323 mil en 2010); incluso podría eliminarse el Impuesto Empresarial a Tasa Única.

3) Si se desea fortalecer estructuralmente los ingresos del Estado, además de eliminarse o reducirse sustancialmente los mecanismos de evasión, elusión y deducción, puede elevarse el ISR, por ejemplo al nivel cobrado en Estados Unidos: 35 por ciento, o elevar los impuestos progresivamente a quienes ganan más de 10 salarios mínimos (16 mil pesos mensuales) o gravar más a las importaciones y exportaciones. Las primeras sumaron 308 mil millones de dólares en 2008 y sus impuestos pagados representaron menos de 2 por ciento de los ingresos del gobierno federal y las exportaciones no petroleras, 241 mil millones, fueron insignificantes. ¿Quiénes son esas empresas? Las más grandes de México y las trasnacionales.

4) La reducción de los voraces ingresos de los altos funcionarios, no sólo sus salarios sino también sus prestaciones, en un máximo de 50 por ciento, generaría un ahorro importante que junto con los ingresos citados evitarían la reducción del gasto programable (educación y cultura, agropecuario, comunicaciones y transportes, laborales, ciencia y tecnología) y de inversión. La voracidad de la elite política es insultante: “Al menos 1 mil 109 servidores públicos de 20 dependencias del gobierno federal cobran salarios mensuales que van desde los 96 mil 295 pesos hasta los 146 mil 830 pesos, libres de polvo y paja. Además, ese grupo de funcionarios tiene prestaciones anuales brutas que van de los 540 mil 429 a los 826 mil 299 pesos por persona” (Excélsior, 28 de septiembre de 2009). En el país, 31 millones de personas ocupadas, el 76 por ciento del total, apenas ganan hasta 8 mil pesos mensuales.

5) La reducción drástica de los ingresos y el gasto corriente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no sólo restauraría su descrédito social, también permitiría ampliar el gasto público que, junto con los mayores ingresos y la ampliación temporal del déficit público, contribuiría a recuperar la política fiscal como instrumento anticíclico que aceleraría la reactivación productiva y la generación de empleos; implicaría abandonar el neoliberalismo inequitativo, concentrador de la riqueza y empobrecedor.

¿Son posibles esos cambios?

La aprobación de Arturo Chávez como nuevo procurador General de la República con la complicidad de los senadores priistas o la decisión de los magistrados por legitimar a los próximos delegados y delincuentes electorales panistas de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, por ejemplo, dejan claro el camino que seguirá el paquete calderonista. La elite económica y política cierra filas contra la mayoría. Son los enemigos de la democracia y de un modelo de desarrollo incluyente más equitativo.

¿Qué opciones le dejan a la sociedad?

La servidumbre o la revuelta. Ser esclavos y cargar con la crisis y el ajuste antisocial o la subversión. Voltear el sistema como nos han demostrado los suramericanos.