Dos años antes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, poder que compartía con su esposa Marta Sahagún, los hijos de ésta –Manuel y Jorge Bribiesca– y su hermano Guillermo Sahagún ya estaban identificados en el sector público federal como los Coyotes de Los Pinos, en donde lo mismo gestionaban contratos públicos en beneficio de empresas privadas, que negociaban “perdones fiscales” para empresarios “amigos” que les pagaban jugosas comisiones.
Una de esas empresas es Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, ahora intervenida por las autoridades federales bajo acusaciones de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales y, muy pronto, delincuencia organizada, pues según fuentes internas de esa empresa habrían vínculos con el Cártel del Golfo.
Con esta acción, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la oportunidad de enfrentar con seriedad uno de los casos de corrupción que involucran directamente a los expresidentes Fox y Calderón, pues ambos protegieron a la empresa y autorizaron desde Los Pinos que Petróleos Mexicanos (Pemex) le asignara contratos por miles de millones de dólares sin importar que no tuviera la capacidad técnica ni los equipos y barcos para prestar esos servicios petroleros.
Oceanografía sólo era una intermediaria de otras empresas propietarias de barcos y equipos técnicos para proporcionarle servicios a Pemex en plataformas marinas y en tierra. Amado Yáñez era el corruptor de funcionarios petroleros y políticos para que le otorgaran a su empresa contratos millonarios, y en esa labor fue apoyado por la familia Bribiesca y por el mismo Felipe Calderón, su secretario particular César Nava y su amigo Juan Camilo Mouriño (quien falleció en noviembre de 2008 en un accidente aéreo).
La relación inició justamente por Mouriño, a quien se le identificaba como amigo de Amado Yáñez, ambos de Campeche. Fuentes cercanas a ambos narran que el exsecretario de Gobernación incluso gestionó que Amado aportara recursos a las campañas electorales de Felipe Calderón, a la Presidencia de la República, y Juan Carlos del Río, al gobierno de Campeche en el proceso de 2006.
Esta circunstancia estrechó aún más la relación entre Yáñez y Calderón. El vínculo le redituó muy bien a Oceanografía, al grado de que tras perder una licitación en Pemex por más de 1 mil 600 millones de dólares, la estrategia de defensa en tribunales (una demanda de amparo) se delineó en la misma Procuraduría General de la República (PGR) y se concretó a través del despacho de Antonio Lozano Gracia, quien por sus servicios cobró a la naviera 3 millones de dólares.
Lejos de aquella época, en los últimos meses, Amado Yáñez intentó diversificar sus negocios y compró equipos de futbol y también buscó incursionar en la prensa mediante un contrato que firmó con el periódico El Universal, el cual establece el uso de la franquicia de El Gráfico en Campeche por 40 años y el monto sería de 1 millón de dólares.
De ese contrato, Yáñez apenas alcanzó a pagar 300 mil dólares antes de salir huyendo para evitar la acción de la justicia. El asesor jurídico del empresario en sus operaciones fue el abogado de Oceanografía, Ulrich Richter Morales, quien negoció el convenio con El Universal.
Con un estilo de hacer negocios de saliva mediante actos de corrupción, muy parecido a lo que en su momento logró Carlos Cabal Peniche, aquel empresario también oriundo de Campeche, Amado Yáñez Osuna contrató a Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz, para que se responsabilizara de la dirección financiera de la empresa, y a cambio le entregó 10 por ciento de las acciones de Oceanografía y le pagaba 1 millón de dólares mensuales, lo que le garantizaba a Yáñez la obtención de créditos por millones de dólares de Banamex-Citibank, avalados con facturas apócrifas de Pemex.
¿Por qué sólo el nombre de Martín Díaz le garantizaba a Oceanografía la obtención de créditos multimillonarios de ese banco estadunidense?
La respuesta es porque la Dirección General de Grupo Financiero Banamex-Citibank está a cargo del mexicano Javier Arrigunaga Gómez del Campo, pariente de Margarita Zavala Gómez del Campo (esposa de Felipe Calderón). Arrigunaga logró ingresar a esa institución financiera en 2002 promovido por Gil Díaz, cuando éste se desempeñó como secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox.
La influencia de Gil Díaz en Banamex es porque como secretario de Hacienda condonó, en 2002, el pago de impuestos por la venta de ese Grupo Financiero al banco estadunidense Citibank. Operación que se realizó por medio de la Bolsa Mexicana de Valores.
Entonces la conexión entre Arrigunaga-Banamex y Martín Díaz se llama Gil Díaz. Por esta razón, Arrigunaga autorizó los créditos por alrededor de 500 millones de dólares a Oceanografía con el uso de facturas apócrifas, sin que éstas fueran verificadas al interior del banco. Al respecto, cualquier empleado bancario sabe que es obligatorio confirmar la veracidad de los documentos para la obtención de créditos de esas magnitudes, de tal manera que la PGR tendrá que citar al director general de Banamex para que explique su intervención en la operación.
De acuerdo con fuentes internas de Oceanografía, fue en noviembre pasado cuando Amado Yáñez se enteró de la investigación que había en contra de Martín Díaz, quien también dirigía la Caja Libertad y se ostentaba como dueño de la misma, bajo acusaciones de blanqueo de capitales. De Caja Libertad salían 5 millones de pesos mensuales para financiar el equipo Querétaro.
Pero atrás de Martín Díaz y Amado Yáñez están los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de la empresa Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), quienes son investigados desde el año pasado por robo de combustibles y presunto lavado de dinero del crimen organizado. Estos empresarios también son dueños de los casinos Big Bola, integrados por 18 salas de juego en el país.
El sobrino de Gil Díaz fue el responsable de reestructurar la deuda de Oceanografía y presumía, en reuniones privadas, ser el verdadero dueño del equipo Querétaro de primera división del futbol profesional.
La última operación financiera que hizo Martín Díaz a favor de Oceanografía fue apalancar a la empresa con 160 millones de dólares con un crédito del Fondo de Inversión Pareto, de Noruega, el cual reclama el barco Osa Goliath para recuperar su dinero; sin embargo, quienes han estado en dicha embarcación aseguran que la nave tiene una placa que dice GGM Energy, lo que significaría que los dueños son los Rodríguez Borgio.
En las oficinas de estos empresarios hay 14 maquetas con los barcos que Oceanografía ostenta como suyos, pero que en realidad pertenecen a la empresa GGM y simulaban ser de Oceanografía para la obtención de contratos en Pemex. Oceanografía cuenta también en sus activos con tres aeronaves con los nombres de Néctar 1, Néctar 2 y Néctar 3.
En diciembre del año pasado, Martín Díaz y Amado Yáñez –como nuevo empresario rico– organizaron una fiesta en un rancho de Querétaro; para amenizarla y festejar a sus “amigos” políticos contrataron los servicios de “conejitas de Playboy”.
La primera aparición de Yáñez Osuna ante la sociedad queretana, una vez que adquirió el equipo de futbol local, fue el 28 de junio de 2013. Entonces Martín Díaz lo presentó ante los medios como el nuevo propietario del Querétaro, para evitar especulaciones de que en el equipo se manejaba dinero ilícito y de que había sido comprado para lavar dinero. A la fiesta asistieron políticos del gobierno del estado, aunque el mandatario local se abstuvo de estar presente.
Amado Yáñez solía despachar en una suit del hotel St Regis Mexico City, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma en el centro de la capital del país, acompañado de su esposa Verónica González. Las últimas semanas antes de huir del país, se presume que viajó a Miami, Estados Unidos.
Una de las anécdotas que cuentan los allegados de Yáñez tiene que ver con las publicaciones periodísticas: dicen que en diciembre pasado le llevaron todas las ediciones de las revistas Contralínea y Fortuna en donde se daba cuenta de las operaciones que Oceanografía había realizado desde 2004 a la fecha. A fin de establecer una estrategia de defensa en la prensa, le preguntaron qué era cierto y qué era falso de todo lo escrito por los reporteros de esas publicaciones. La respuesta de Amado Yáñez, cuentan las fuentes, fue contundente: “todo es cierto”.
Los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón siempre tuvieron evidencias de la corrupción de Oceanografía.
En información documental obtenida de Bancomext a través de los órganos de transparencia, se documenta ampliamente la corrupción de Amado Yáñez y su empresa. Hay créditos que ese empresario obtuvo mediante engaños y simulaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior por más de 30 millones de dólares, al utilizar cinco facturas apócrifas de Pemex que sirvieron de garantía para obtener financiamiento ilegal de dicha institución financiera. Esto lo hizo en 2004 y 2005.
Las evidencias son un par de oficios enviados por el coordinador de Recursos Financieros de Pemex Exploración y Producción (PEP), Pedro Martínez Alonso, al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñuzuri Becerra, en donde le solicita su intervención para esclarecer el caso relativo al contrato PEP-0-IE-504/05 de la empresa Oceanografía.
En uno de los oficios señala que “con la finalidad de atender el requerimiento de información hecho mediante su comunicación número GAB-182/05, de fecha 29 de agosto de 2005, recibido en esta Subdirección el día 2 de septiembre del presente, referente a la operación realizada por la empresa citada en el asunto con la factura 15172 de fecha 16 de agosto de 2005, por un monto de 30 millones 363 mil 416 dólares; informo a ustedes que después de revisar la información financiera correspondiente al contrato PEP-IE-504/05, celebrado por PEP-SIDOE con la empresa Oceanografía, se encontró que al corte del 6 de septiembre de 2005, no se ha realizado ningún pago con cargo a este contrato, ni existen estimaciones o facturas en proceso de autorización” [sic].
En el otro oficio señala que “continuando con nuestro oficio citado en antecedentes, reiteramos que la factura 15172 no se encuentra en proceso de trámite de pago o autorización en nuestra área financiera ni en la residencia de obra correspondiente, no omitimos señalar que el contrato en cuestión a la presente fecha no ha devengado ningún avance financiero”.
Es decir, Amado Yáñez falsificó documentos de Pemex para obtener financiamientos por más de 30 millones de dólares de Bancomext, institución que al descubrir el fraude exigió el pago inmediato del crédito.
En aquel entonces Pemex presentó una denuncia penal por fraude en contra de Oceanografía ante la Procuraduría General de la República, en donde se abrieron los expedientes AP/PGR/DDF/SPE-XXII/788/06-03 y A.P.606/2005-1, mesa XXII de la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales, con la agente del Ministerio Público Clara Lilia Abitia García.
Sin embargo, aunque el fraude se cometió a finales de 2005, nada hizo el gobierno de Vicente Fox, y con Felipe Calderón continuó la impunidad y protección a Oceanografía y su dueño Amado Yáñez, quien había corrompido a la Presidencia de la República mediante cuantiosos sobornos.
También la Secretaría de Hacienda y sus titulares fueron cómplices, porque a pesar de que en las auditorías a esa empresa se descubrieron múltiples irregularidades y evasiones fiscales, se le perdonaron los créditos. Todo lo anterior no se explica sin el apoyo de políticos y funcionarios de los gobiernos foxista y calderonista.
En la pasada administración, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, y su tío Guillermo Sahagún, hermano de Marta, gestionaron contratos a favor de Oceanografía y solicitaron el “perdón fiscal” para el Grupo Miguel, admitió en dos entrevistas que le hizo este reportero al hijo primogénito de la esposa de Vicente Fox.
Acusados de tráfico de influencias y peculado, Manuel y Jorge Bribiesca fueron blanco de investigaciones en la Cámara de Diputados. Una comisión especial se encargó de revisar las actividades de la empresa Construcciones Prácticas por causar un quebranto al erario por casi 6 mil millones de pesos. Los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos de los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Pemex.
En la entrevista, Manuel Bribiesca aceptó que él y sus familiares gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía, ahora investigada por las secretarías de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda, así como la Procuraduría General de la República. Además, reconoce haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel por considerar que había una persecución fiscal injusta contra el consorcio.
En dos entrevistas realizadas a finales de 2004 y principios de 2005 y publicadas en la columna Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron, junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar influencias.
Bribiesca admitió haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel, en ese entonces prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.
Además, dijo que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (1 mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.
En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano [Jorge] y mi tío [Guillermo] llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.
Ésta es la entrevista:
—Manuel, pidieron un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.
—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto; que nos busquen.
—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…
—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones [de dólares].
—Es mucho dinero…
—Sí, y no hay nada ilícito.
—A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.
—No, no, de eso no hay nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.
—¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?
—No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.
—No tendría por qué.
—Bueno, hasta nos quitaron la “partida secreta”, ya no les dan recursos.
Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa “partida secreta” se le asignaba una buena parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no significaba que podía usarse ilícitamente.
—La “partida secreta” no es para gastarla en asuntos personales.
—Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.
—¿Tú hiciste negocios en Pemex?
—No, nada tengo que ver ahí; los que llamaron fueron mi hermano [Jorge] y mi tío [Guillermo]. También a mí se me acusaban de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.
—¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?
—Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…
—¿Qué han hecho?
—Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.
—¿Y Gil Díaz?
—Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.
En la segunda entrevista, ocurrida el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún habla del una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, SA (SACSA), fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda.
Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, SA de CV (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el Estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la entonces Policía Federal de Preventiva.
El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.
—¿Qué relación tienes con ese Grupo?
—Son mis amigos, solamente.
—¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?
—No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.
—Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos.
—Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto.
—¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?
—Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratar con él estos asuntos.
—Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?
—No, con él no. No hablo con él.
—¿Alguien más?
—Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta [entonces secretario de Seguridad Pública].
—¿Y qué pasó?
—Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP [extinta Policía Federal Preventiva] las instalaciones de SACSA.
—¿Qué ocurrió allí?
—Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país para evitar ser detenido.
—Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.
—Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el “perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.
—¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?
—Le dije a Ramón [Martín Huerta] que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.
—¿Y qué hizo el secretario?
—Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.
—¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?
—Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.
—¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?
—Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; segundo, el dinero [los 12 millones de dólares] fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino Alfonso Díaz. Fue un robo.
De estas entrevistas hay un testigo. Se trata de quien concertó los encuentros y quien escuchó cómo el hijo mayor de Marta Sahagún aceptó que la familia mediaba en Pemex para que le dieran contratos petroleros a Oceanografía.
*Periodista
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