Aunque, tras asumir la titularidad de la desprestigiada Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez se comprometió a respetar el derecho a la información y a combatir la corrupción, una de sus primeras acciones fue ocultar los datos referentes a las obras de arte con las cuales el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray pagó al Grupo Higa la tercera parte de los 7.5 millones de pesos que costó su lujosa mansión.
La censura de la información –respecto de los autores, los tipos de obra (pintura, dibujo, boceto, grabado, escultura, aunque el propio Videgeray reveló que se trataba de obras pictóricas), el valor económico individual y total así como los papeles que amparan la legítima propiedad de las mismas– fue establecida por la nueva administración el pasado 11 de noviembre.
Al responder dos solicitudes de información hechas por Agenda de la Corrupción, la Función Pública argumentó que se trata de datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como “persona física identificada”.
Como se recordará, a través de un crédito inmobiliario el Grupo Higa financió la compra de la casa del exsecretario en el Club de Golf Malinalco, en el Estado de México. Éste, al igual que el crédito de la llamada casa blanca de la esposa del presidente Enrique Peña, fue “investigado” por la Función Pública tras ser denunciado como un posible conflicto de interés.
La pesquisa fue encabezada por el exsecretario Virgilio Andrade, quien exoneró al doctor en economía por considerar que, aunque en la compra-venta se involucró financieramente un contratista del gobierno, se hizo supuestamente apegada a derecho.
El asunto no es menor: del crédito inmobiliario por 7.5 millones de pesos, Videgaray habría saldado –a fines de 2012– casi la tercera parte con las tres piezas pictóricas en cuestión, valuadas en ese entonces en 2 millones 452 mil 492 pesos.
Para darnos una idea de lo que representa este monto y por qué lo ha ocultado la gestión de Arely Gómez, hay que revisar los ingresos del doctor: en su último año como secretario de Estado –el máximo cargo que ha desempeñado en su carrera en el servicio público–, sus percepciones netas ascendieron a 1 millón 703 mil 712 pesos (a razón de 141 mil 976 pesos mensuales). De ello resulta que, para adquirir esas obras, debía destinar el sueldo de 17 meses.
No obstante, en el caso de la fortuna derivada de esas pinturas –que la Función Pública prefiere que no estimemos– no fue producto de su trabajo, sino de obsequios que alguien le dio. Según el doctor, las millonarias obras pictóricas fueron “recibidas como regalo hace varios años, con motivo de mi onomástico”.
Recuérdese aquí que la investigación fue por conflicto de interés y, por tanto, la contraloría federal debió indagar el origen de esas obras: además de pedir los papeles que acreditaran la propiedad de las pinturas –que negó a Agenda de la Corrupción al responder una de las solicitudes–, debió conocer quién se las regaló al secretario. ¿Algún contratista o esos nada más otorgan créditos inmobiliarios?
Parte de la historia que sí quedó asentada en el expediente da cuenta de los arreglos entre el doctor y el Grupo Higa: al pactar la entrega de las obras de arte para disminuir el monto adeudado, el exfuncionario aceptó reducir en 200 mil pesos el valor de las pinturas.
La transacción fue directamente negociada por Videgaray con Arturo Reyes Gómez –representante de Bienes Raíces H&G, SA de CV, filial de Higa– el 10 de octubre de 2012, consta en el recibo certificado que entregó a la Función Pública. Ese mismo día, ambos firmaron el contrato de compra-venta de la propiedad.
En el recibo se estableció: “El valor de las obras de arte citadas suman en total la cantidad de 2 millones 452 mil 492 pesos. No obstante y derivado de lo que implicaría, en su caso, su venta o colocación en el mercado del arte, las partes están de acuerdo en fijar un valor de adquisición de 2 millones 250 mil pesos”.
Al entregar las pinturas a Higa, el exsecretario consiguió pagar en especie las obligaciones más apremiantes del contrato: el adelanto al que se obligaba, por 642 mil 880 pesos; el capital de 255 mil 771 pesos que tenía que abonar entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013; los intereses devengados de noviembre de 2012 a enero de 2014, por 446 mil 65 pesos; y el resto se aplicaría a 18 de las 215 mensualidades que debía cubrir entre 2012 y 2030.
Pese a las facilidades de pago y la flexibilidad de la contratista para recibir las misteriosas pinturas en lugar del dinero contante y sonante, el crédito se saldó el 31 de enero de 2014, según el exsecretario.
El tema de las obras de arte no para aquí. Las tres pinturas entregadas a la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú no serían las únicas en manos del exsecretario de Hacienda: de acuerdo con las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales para 2013, 2014 y 2015, el doctor cuenta con “varias” piezas artísticas.
En un país corrompido como lo está México, exigir que se transparente la fortuna de los funcionarios y exfuncionarios es uno de los pasos para la rendición de cuentas, fundamento de la llamada Ley 3 de 3. Algo que Arely Gómez olvidó muy rápido, pese a que en su primer discurso público se comprometió a “hacer compatible la publicidad de información, especialmente la que mandata la ley en materia patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, con su derecho a la privacidad a través de la protección de datos personales”.
Durante su paso por la Procuraduría General de la República, la servidora pública se desacreditó ante la sociedad civil porque no pudo solucionar la crisis del caso Ayotzinapa que dejó su antecesor Jesús Murillo. ¿Será que en la Función Pública acabará de dilapidar su nombre, como lo hizo Virgilio Andrade?
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN]
[SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 515 / del 21 al 26 de Noviembre 2016
