Como era de esperarse, el sólo anuncio de las medidas que tomará el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre para reducir los escandalosos salarios de la burocracia dorada ya están generando censuras, resistencias y oposiciones entre los afectados, señaladamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral.
¿Cómo está eso de que no podrán ganar más de 108 mil pesos mensuales en vez de los 600 mil por mes que perciben ahora mismo? ¿O cómo, en otros casos, dejar de recibir 300 mil pesos al mes para conformarse con recibir un poco menos que el nuevo presidente de la República?
Unos y otros (y muchos más) defienden sus inmorales ingresos invocando el principio jurídico que reza: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Un clásico artilugio de leguleyos para interpretar una ley de carácter general con la obvia finalidad de defender intereses personales espurios, antiéticos, abusivos y desproporcionados. Como si la ley existiera para defender los privilegios de consumados sinvergüenzas.
También dicen que la reducción de salarios los pondría en una situación de insolvencia económica pues el nuevo ingreso no les alcanzaría para pagar los abonos de sus enormes deudas. No podrían pagar, por ejemplo, la mensualidad de la casa o departamento que poseen en exclusivos barrios de Houston, París, Madrid o San Diego.
Y tampoco tendrían ya el dinero suficiente para pagar la letra del automóvil de lujo, digamos Ferrari o Cadillac recién estrenado o recientemente adquirido para el júnior, la esposa o el segundo frente. ¿Y de dónde van a sacar el billete para pagar el alquiler de la lujosa casa, blanca o rosada, que alberga al dicho segundo frente?
¿Cómo con sólo 100 mil pesos al mes va a poder comprarse un reloj de 200 mil dólares igualito o parecido al que lucía en la muñeca izquierda no hace mucho el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, el que, como se observa fácilmente, no está capacitado para vivir en la honrada medianía de la que hablaba el patricio oaxaqueño como forma de vida del funcionario público?
¿Y cómo hacerle para pagar a las sexoservidoras que acostumbran contratar? Les gustan las de Santa Fe, el Pedregal o las Lomas de Chapultepec. Y no querrían verse en la necesidad de darse una vueltecita por el rumbo de La Merced.
¿De dónde, con ese pobre salario, sacar el dinero necesario para pagar las exorbitantes colegiaturas de los nenes en exclusivos colegios en Estados Unidos en los que se preparan para un día volver y heredar el sustancioso hueso que les va a heredar su papi?
¡Qué injusticia, qué atrocidad! De veras que este López Obrador no se mide en sus locuras. Y eso que todavía no se cruza sobre el pecho la banda presidencial.
Pero no hay que preocuparse. Sin duda el pueblo llano saldrá en defensa de su burocracia dorada y adorada, pues sabrá comprender que el enorme sacrificio que hacen esos burócratas por proteger al pueblo y velar siempre por su creciente bienestar merece los dichos 600 mil pesos mensuales de salario. No hay duda: el pueblo estará al lado de sus desinteresados protectores.
Miguel Ángel Ferrer/Telesur
*Economista y profesor de Economía Política; fundador y director del Centro de Estudios de Economía y Política
[OPINIÓN][ARTÍCULO]
