Hay un México que convulsiona. Ése donde desaparecen decenas de personas y donde cientos pierden la vida –asesinados, en fuego cruzado o en el vía crucis del desplazamiento forzoso– a causa de la violencia del narcotráfico y la militarización.
Víctimas, familiares y amigos de víctimas del terror desatado por la política pública de la guerra contra el narcotráfico se unen en esfuerzos cada vez más amplios para exigir justicia. Tal es el caso de los padres y madres de los 43 desaparecidos forzados de Ayotzinapa y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, los colectivos por la Paz, Colibrí, 21 de Mayo, Solecito de Veracruz, entre otras muchas.
En ese México que convulsiona también están los de abajo que resisten la imposición de megaproyectos acompañados, algunos de ellos, por brazos armados (policías y paramilitares al servicio de empresas y trasnacionales). Donde los ejidatarios, campesinos y campesinas luchan por sus tierras, y pueblos originarios defienden el medio ambiente (el agua, los bosques, la biodiversidad) de los depredadores.
Y aunque no hay estimaciones de cuántos conflictos sociales hay en el país o están a punto de estallar –como el caso del sector salud, que ha derivado ya en marchas y protestas por las condiciones de abandono en las que se encuentra el sistema público de salubridad–, se calcula que existen unos 300 conflictos medioambientales. Éstos incluyen despojos de tierras, megaproyectos indeseados, tala clandestina y otras formas de maltrato a la biodiversidad, como el tráfico de especies. Pero excluyen los relacionados con tragedias como la Guardería ABC, o la interminable huelga de los mineros en Cananea, Sonora.
En ese México convulsionado –que el gobierno parece desconocer– está, sin duda, el conflicto magisterial que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con los puntos más tensos en Oaxaca y Chiapas. Un asunto que requiere soluciones reales, de fondo, y no paliativos, como las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ridículo análisis de la evaluación que plantea el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no con la CNTE.
Pese a la gravedad de los conflictos, la clase política –en los tres Poderes de la Unión– parece despreciar a ese México. El costo de esa ceguera y sordera que padecen en el gobierno, en el legislativo y en el sistema judicial podría ser muy alto, cuando se presenten situaciones de ingobernabilidad generalizados.
La falta de atención a esos problemas queda evidenciada en la relatoría de los 17 “conflictos sociales” en los que intervino la Segob en 2015, 16 de los cuales son intrascendentes. De acuerdo con el oficio DGAG/211/016/2016, elaborado por la Subsecretaría de Gobierno el 12 de enero pasado, éstos fueron:
Demanda: permiso para establecer una terminal de segunda clase en Veracruz.
Demanda: queja ante la problemática por la prestación del servicio del transporte público del Estado de México.
Demanda: para la atención de diversos rubros sociales en favor de sus integrantes, solicitaron que la Segob gestionara audiencias con las siguientes dependencias: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Desarrollo Social; Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e Instituto Nacional de la Economía Social.
Demanda: Asesoría y apoyo en la concertación.
Demanda: solicitan la intervención ante el gobierno de Oaxaca a fin de controlar las numerosas invasiones que se han dado en predios de propiedad privada en Juchitán, Oaxaca.
Demandas: solicitud a la Segob para gestionar audiencias y mesas de trabajo con diversas dependencias, a fin de atender problemáticas como pago de luz, contaminación de mantos acuíferos, pago de daños al medio ambiente, permisos para control de fauna silvestre y programas y proyectos productivos.
Demanda: una persona de origen norteamericano [sic] solicitó indemnización por una supuesta violación a sus derechos humanos.
Demanda: corte del suministro eléctrico a falta de pagos oportunos. [sic]
Demanda: intervención de la Segob ante diversas instancias a fin de contar con beneficios de programas y proyectos productivos para comunidades de Puebla y Estado de México.
Demanda: familiares de presos acudieron a esta dependencia a solicitar intervención, señalando estar en peligro sus vidas, ya que los habitantes del lugar amenazan contra su integridad física
Demanda: solicitan declaratoria de alerta de género en el Estado de México.
Demanda: denuncia sobre inseguridad en municipios mexiquenses y despojo de predio.
Demanda: solicitud de intervención del gobierno federal para resolver sobre sus peticiones relativas a pagos y tarifas de energía eléctrica.
Demanda: externan su inconformidad con las declaraciones de la jerarquía católica y solicitan la intervención de la Segob.
Demanda: solicitan la liberación de la calle Abraham González ante el bloqueo de una organización campesina.
Demanda: comerciantes establecidos de la delegación Cuauhtémoc se quejaron por el bloqueo que la organización Antorcha Campesina realizó sobre la avenida Bucareli.
Demanda: solicitud de liberación del uso del Cannabis ruderalis.
Así, las prioridades en la dependencia encargada de la política interior.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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