A principios del mes pasado, fueron puestos en libertad los indígenas zapotecos Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez Hernández, originarios de la región Loxicha, Sierra Sur de Oaxaca. Son otros dos de los más de 150 llamados presos loxichas que el Estado mexicano libera a cuentagotas. Fueron aprehendidos en 1996.

Más de 20 años pasaron tras las rejas Luna y Enríquez, y más de 20 años en esa condición permanecen aún los también zapotecos Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José. Todos, acusados de conspiración, terrorismo, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Son parte de los torturados y aprehendidos de la región Loxicha. Durante 1996 y 1997 el Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Armada de México y corporaciones policiacas estatales y federales realizaron redadas para aprehender a más de 150 indígenas zapotecos. La mayoría fue quedando libre en los meses y años posteriores. Pero el Estado mexicano retuvo en prisión a siete dirigentes locales. Los recién liberados, Agustín Luna y Fortino Enríquez eran, al momento de ser aprehendidos, presidente municipal y síndico, respectivamente, de San Agustín Loxicha.

La criminalización de pueblos enteros de toda la región ocurrió luego de enfrentamientos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra fuerzas federales, estatales y municipales en Oaxaca. Por entonces –1996– ocurría la mayor insurrección del EPR en toda su historia: irrupciones armadas en decenas de poblaciones de, al menos, siete estados de la República.

Una serie de choques ocurridos en la madrugada del 29 de agosto de 1996 en el poblado de La Crucecita, en Santa María Huatulco, fue especialmente dolorosa para las Fuerzas Armadas Mexicanas: efectivos de la Armada de México, la Policía Judicial Federal y policías estatales se enfrentaron con dos unidades del EPR. Los saldos mortales fueron de 11 marinos y policías, un civil y 11 guerrilleros. El 31 de agosto, cuando se retiraba el EPR de Santa María Huatulco ocurrió otro enfrentamiento, éste contra el Ejército Mexicano en La Perdiz, San Mateo Piñas. Ahí murieron dos soldados y un guerrillero.

Entre los guerrilleros caídos se pudo identificar a Fidel Martínez, quien era el regidor de Hacienda del municipio de San Agustín Loxicha. Las autoridades señalaron entonces a todo el ayuntamiento y a las comunidades.

Vino entonces una saturación militar y una embestida como las ocurridas en el periodo de la Guerra Sucia de la década de 1970, con detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones de luchadores sociales. Fue ordenada por el entonces presidente de la República, el sombrío Ernesto Zedillo. Desde entonces se erigió una nueva Zona Militar (la XLIV) en Miahuatlán de Porfirio Díaz y se instaló una Base de Operaciones Mixtas en el paraje El Portillo.

La militarización y paramilitarización trajo a la región violaciones masivas a los derechos humanos. Y la rebelión no se sofocó. La insurgencia –que no es privativa de la región Loxicha ni tampoco de Oaxaca– no ha acabado ni acabará con más pelotones, cuarteles ni políticas criminales de contrainsurgencia. No es un asunto de “seguridad”. El problema –lo saben los brujos del Cisen, de la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar)– es mucho más profundo: es un asunto de miseria, explotación y despojo que padecen millones de mexicanos, particularmente indígenas. Y es un asunto de enriquecimiento ilícito, corrupción, impunidad y abuso de funcionarios, empresarios y jerarcas de las iglesias.

La saña contra los pueblos de la región Loxicha es parte de una política de tierra arrasada para no dejar rastro de que se puede dar una lucha digna y exitosa. Los militares han fracasado. Luego de 20 años de ocupación de la región, subsiste la insurgencia y, sobre todo, la organización civil y pacífica. No pudieron someter ni humillar, a pesar de tantas atrocidades, a los dignos pueblos zapotecos. Es hora de que la política de los gobiernos federal y estatal cambie abruptamente.

La liberación  de Luna y Enríquez, por supuesto, no es ninguna concesión del poder. Cumplieron, a pesar de las irregularidades en todo su proceso, una sentencia injusta. No los doblegaron. Necesaria, la liberación de los otros cinco zapotecos. Y, para el país, necesaria la proliferación de muchos Loxichas.

Fragmentos

Mientras tanto, soldados y marinos se dejan apapachar por uno de los poderes fácticos más peligrosos: el de las cúpulas empresariales. Las organizaciones elite de empresariado –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)– intercambian elogios con los mandos superiores de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Semar, Francisco Vidal Soberón Sanz. “Como custodios de la nación constituyen un sólido pilar para salvaguardar a las instituciones y resguardar la paz social” (sic), les dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón a los altos mandos castrenses. En este espacio hemos documentado la alianza de los militares con el alto empresariado. Hasta información de seguridad nacional comparten los aliados.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 521 / del 08 al 14 de Enero 2017