En materia de terrorismo, México se ha convertido en la principal preocupación de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Así lo demuestran los recursos que el Imperio ha destinado en los últimos años a todo el Continente Americano para prevenir y combatir los actos terroristas. Nuestro país aparece como el mayor receptor de tal “ayuda”.
En una década, México resultó el principal “beneficiario” del programa estadunidense Asistencia contra el Terrorismo (ATA, por su sigla en inglés) y uno de los principales del de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Relacionada (EXBS, también por su sigla en inglés). Durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del de Enrique Peña Nieto, nuestra nación desplazó a Colombia en dinero recibido por los gringos para –supuestamente– prevenir y consolidar la capacidad de reacción ante ataques terroristas. De destacar, que en la década de 1990 las preocupaciones de los estadunidenses, en esta materia, se centraban en –además de Colombia– Argentina, Brasil y Paraguay.
El objetivo del ATA, operado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es proporcionar capacitación y equipo a países seleccionados para ayudar en el mejoramiento de sus capacidades en el combate al terrorismo.
De acuerdo con el informe Latin America: Terrorism Issues (que podría traducirse como América Latina: cuestiones de terrorismo), con el ATA el gobierno estadunidense ha buscado fortalecer –en algunas naciones que le preocupan– “las capacidades de gestión de la seguridad aeroportuaria, las negociaciones de rehenes, la detección y desactivación de bombas y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”.
En el documento, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, se da cuenta de que, hoy, México es ya el principal destino de los recursos de este programa: “En los últimos años, el ATA para los países del hemisferio occidental ascendió a casi 8 millones de dólares en el año fiscal 2014, casi 5.1 millones de dólares en el año fiscal de 2015 y 2.2 millones de dólares en el año fiscal de 2016. Para el año fiscal de 2017, la Administración solicitó casi 5.1 millones de dólares, [de los cuales] 1.75 millones de dólares [son] para México, 0.8 millones para Colombia y 2.5 millones para otros países latinoamericanos”.
Por su parte, el EXBS “ayuda a los países a desarrollar sistemas de control de fronteras y exportaciones para evitar que los Estados y organizaciones terroristas adquieran armas de destrucción masiva”. Durante 2014 y 2015 América Latina recibió 3 millones de dólares por medio de este programa. Para 2016, el monto fue de 2.87 millones de dólares. Y “para el año fiscal de 2017, la Administración [todavía la de Barack Obama] solicitó [otros] 2.87 millones de dólares de asistencia para Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá y un programa regional”.
Los dineros que México recibe de estos programas son independientes a los que obtiene por la Iniciativa Mérida.
Por supuesto, y por nimios que sean, no vienen gratuitamente. Claro que los gringos no dan paso sin huarache. Es sabido que, a cambio de apoyo, el gobierno de Felipe Calderón (quien cree que puede reelegirse por medio de su esposa) abrió las puertas del país de par en par a los gringos. Pero en estricto sigilo se ha mantenido que ya bajo el gobierno de Peña Nieto los estadunidenses han abierto en territorio nacional más oficinas operadas por el Departamento de Inmigración y Aduanas (conocido popularmente por la sigla de su nombre en inglés Immigration and Customs Enforcement, ICE) del Departamento de Seguridad Nacional.
A estas agencias que se han establecido en México se les conoce como Unidades de Transparencia Comercial (Trade Transparency Unit, TTU). De lo anterior da cuenta el documento citado del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense.
El objetivo formal de estas unidades gringas en México es, según el escrito, facilitar “el intercambio de información [se entiende que entre autoridades mexicanas y estadunidenses, ¿o no?] para combatir el lavado de dinero basado en el comercio”.
Además de México, los países latinoamericanos que han aceptado la instauración de TTU gringas en sus territorios son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El particular interés del terrorismo que el Imperio dice que viene de México no inició con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El sonriente amigo Obama puso sigilosamente en la mira a este país. Y el propio Poder Legislativo estadunidense, en específico la Cámara de Representantes, aprobó una interesante resolución en abril pasado. Se trata de la 4482 (también conocida como McSally). En ella, se requirió al secretario de Seguridad Nacional (entonces Jeh Johnson) que preparara “un análisis de las amenazas en la Frontera Suroeste [es decir, toda la terrestre que comprarte con México, pues para ellos la Sureste es marítima] y un plan estratégico, incluidos los esfuerzos para detectar y prevenir la entrada de terroristas e instrumentos de terrorismo en los Estados Unidos [desde México]”.
¿Luego del embate de Trump, los mexicanos les seguiremos abriendo las puertas de par en par? ¿Mantendremos sus TTU en territorio mexicano?
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 523 / del 22 al 28 de Enero 2017
