Desde hace 75 años se habla en las tierras del Lago de Pátzcuaro de los indígenas y de sus problemas. El Primer Congreso Indigenista Interamericano se celebró en esa ciudad en 1940, y de ahí partió la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Y años más tarde, en 1948, la fundación del Instituto Nacional Indigenista (INI), antecesor de la ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003). Larga historia. Camaleónica transmutación de un indigenismo persistente, asistencialista, filantrópico y corporativo de Estado, ya de tercera generación en los comienzos del siglo XXI.

A pesar de esta atención institucional temprana y privilegiada, las condiciones de vida de nuestra gente indígena nunca mejoraron. Todo lo contrario. La pobreza, la marginación y la enfermedad predominan en nuestras comunidades. Una gran proporción de la población se mantiene analfabeta. Además, se ha establecido –y existen datos estadísticos precisos e irrefutables– que las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Michoacán, así como del resto del país, se han deteriorado en las últimas décadas.

La realidad de Michoacán se caracteriza por el lento y errático ritmo de su desarrollo –uno de los más bajos del país–, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud. Esta triste realidad está documentada con base en estadísticas oficiales y medida con parámetros de marginación y rezago socioeconómicos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las instituciones correspondientes del país, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Población (Conapo), o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Gobiernos llegan y gobiernos van, mas la situación está siempre lejos de ser superada.

La pobreza en Michoacán alcanzó al 59.2 por ciento de la población en 2014; un aumento significativo comparado con el 54.4 por ciento de 2012. De este modo, 2 millones 700 mil michoacanos son pobres declarados. Por su parte, el indicador más reciente de la pobreza a nivel nacional es de 46.2 por ciento (Coneval, 2015).

Igualmente, la pobreza extrema afecta al 14 por ciento de los michoacanos, en comparación del 9.5 por ciento de la población en el ámbito nacional. Esto implica, en los dos casos, que miles de familias del campo y de la ciudad no cuentan con los elementos mínimos de supervivencia. Igualmente grave –y relacionado– es el hecho de que casi el 35 por ciento de los habitantes de Michoacán carecen de acceso a una alimentación mínima, de acuerdo con los datos del Coneval, lo que equivale a más de 1 millón y medio de personas.

Las presiones ejercidas sobre el medio ambiente en territorios comunitarios y la economía de las familias rurales de Michoacán están, en realidad, apenas reducidas por medio de las válvulas de escape de las remesas de nuestros miles de migrantes.

Es así que el informe titulado Índice de desarrollo humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes reitera la posición 29 que tiene Michoacán con respecto de los 32 estados de la República Mexicana; lugar en el que lamentablemente se ha mantenido desde hace 10 años. Esta clasificación está basada en el índice de desarrollo humano (IDH), elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual involucra los niveles obtenidos en “desarrollo humano” en función de indicadores de salud, educación e ingreso. Bajo esta medida, Michoacán supera únicamente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El IDH para Michoacán ha sido estimado en 0.700, cuando el promedio nacional es de 0.746.

Esta situación ha sido documentada también entre la población indígena y no indígena, por municipio y por entidad federativa en el Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México. El reto de la desigualdad de oportunidades (PNUD-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010). En este informe, los índices de desarrollo humano son sistemáticamente más bajos en los municipios indígenas, encontrándose mayores diferencias socioeconómicas entre las poblaciones indígenas y las no indígenas. El IDH para la población indígena de Michoacán es de 0.6565; el IDH para la población no indígena de la entidad es de 0.7298.

En este estudio, y en función de indicadores similares de educación, salud e ingreso, los indígenas de Michoacán están en una posición de mayor rezago, en comparación incluso con las poblaciones indígenas del resto del país. Los indígenas de Michoacán, originarios de la cuna del indigenismo, ocupan la posición 26 entre los habitantes indígenas de las 32 entidades de México.

Abordajes de desarrollo

¿De qué manera hay que encarar esta situación compleja de marginación, desigualdad y pobreza, misma que no debería ser estática ni perenne, menos una carga de por vida para las poblaciones indígenas? ¿Qué se debe hacer diferente cuando el modelo de intervención aplicado por los gobiernos sucesivos se basa en la publicación de “convocatorias” y la operación de “ventanillas” para apoyos individuales, además de la creación de padrones de beneficiarios para subsidios discrecionales?

Bajo este modelo de beneficiarios se nos obliga a entregar, varias veces, cartas, peticiones y formularios en las diferentes oficinas de gobierno, solicitando que se nos otorguen los elementos básicos de salud y educación, a los que tenemos derecho como cualquier ciudadano. Los programas estatales de incidencia sobre la pobreza de las comunidades rurales e indígenas son substancialmente los mismos, con todo y nuevas “reglas de operación”, como es el caso del Programa de Educación, Salud y Alimentación, transformado en Oportunidades y, ahora, en Prospera, del plan “mover a México”.

¿Qué tenemos que hacer diferente, tomando en cuenta la perspectiva de defensa de los propios pueblos indígenas, al tiempo que se continúa fomentando la explotación irracional de nuestros patrimonios materiales y culturales?

Esta explotación, inter alia, se presenta con base en un modelo externo e incongruente de desarrollo, fundado, en gran medida, en la comercialización turística de nuestras tradiciones, además de la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.

Transición gubernamental

¿Qué hechos diferentes esperamos del nuevo gobierno estatal, en tanto se habla de “reingeniería” de las dependencias y la estructura de gobierno, pero no se menciona en ningún lado el modelo de desarrollo ni los mecanismos de acción para conseguirlo?

Por lo mencionado, es precisamente el momento actual, el de definir por parte del recién Ejecutivo local electo, si le va a seguir apostando a un modelo vertical, asistencialista y tutelar de desarrollo, o si, conjuntamente con los hombres y mujeres de las comunidades, se formulará una estrategia de desarrollo participativo tendiente a la reconstitución de sus activos sociales y productivos. No puede ser este nuevo periodo gubernamental el inicio de otra década perdida.

Un futuro incierto. Anotemos, como referencia concluyente, que de acuerdo con las proyecciones realizadas del avance de las entidades federativas con relación al IDH, y considerando el ritmo manifestado de progreso por Michoacán en educación, salud e ingreso, sería hasta 2071 cuando se alcanzaría el mismo nivel del IDH (actual) del Distrito Federal. Ni gobernantes ni gobernados podemos esperar 56 años para alcanzar el bienestar al que todos tenemos derecho. Puebla, Chiapas y Veracruz, con IDH similares al nuestro, lo lograrían 31, 17 y 5 años antes que nosotros, respectivamente (PNUD, 2015).

Autonomía indígena y gobernabilidad comunal

En los últimos días de su campaña el ahora gobernador electo pidió a las comunidades indígenas “hacer valer el derecho a la libertad”, y se comprometió a guardar deferencia y atención a los pueblos originarios. Además, en el segundo debate afirmó que respetaría y haría respetar los derechos de los indígenas (“no a la segregación”). Se comprometió, asimismo, a trazar estrategias “que los incluyan como parte de la sociedad”, a fortalecer la presencia de la Universidad Intercultural Indígena, etcétera.

Consideramos, por lo tanto, estas declaraciones como compromisos “a la palabra”. Esperamos que sus perspectivas de gobernabilidad, planificación y acciones de “gran calado” para el desarrollo coincidan con las nuestras; que los ejes, metas e indicadores del plan de gobierno concuerden con nuestra cosmovisión, comunalidad y gestión interna, para, así, alcanzar el desarrollo y bienestar de nuestra gente.

Entre estas acciones imprescindibles, exponemos:

-La defensa de los territorios; la garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los recursos naturales; y el impulso de programas autónomos y específicos de inversión para el desarrollo en salud y educación, etcétera.

-La creación de un modelo original de un municipio indígena autónomo mediante el pleno ejercicio del pluralismo político-administrativo para una verdadera gobernabilidad económica, social, medioambiental, y no sólo para una simbólica representación de autoridades y procuración menor de justicia.

-El respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), que debe ser entendida como un “bien comunal” antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos fundamentales de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y libre discusión de las ideas. La UIIM no debe ser considerada como una “unidad administrativa” adicional de la estructura gubernamental, como la ha mal manejado discrecionalmente el Ejecutivo estatal en funciones.

Esta circunstancia se refiere a los decretos administrativos de reforma de la institución, emitidos por el Ejecutivo estatal sustituto, Salvador Jara Guerrero, el 18 de marzo y el 27 de mayo de 2015, con los que se introducen cambios a la estructura orgánica y de gestión de la UIIM. Esto dio lugar, como respuesta inicial, a una Carta abierta al H Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. La carta fue dirigida al Legislativo estatal el 27 de abril de 2015 por profesionistas, investigadores, comuneros y autoridades de los pueblos indígenas, unidos por la refundación de la UIIM. El asunto se describe en el artículo (Contrarreforma de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, reproducido en: http://contralinea.com.mx/2015/08/27/golpe-de-mano-contra-universidad-indigena-de-michoacan/). Ver, además, el análisis del doctor J Gledhill, profesor emérito de la Universidad de Mánchester: http://contralinea.com.mx/2015/08/31/counter-reform-michoacans-indigenous-university/.

-La actuación consistente de parte del Ejecutivo estatal que debe ser componente de un nuevo pacto Estado-pueblos indios. Dicha actuación debe cumplirse, en tiempo y forma, con apego a nuestro derecho constitucional a la consulta “previa, libre e informada” con respecto a medidas legislativas o administrativas que nos afecten, como lo marcan los convenios internacionales, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jurhímbekua uandani (Hablando claro)

Es así que le hacemos la siguiente pregunta al gobernador electo de Michoacán sobre los objetivos y alcances de su programa de gobierno:

¿Se trata de veras de un nuevo comienzo, o será, para los pueblos indígenas de Michoacán, una nueva cosecha de promesas? (¿Máteru jimpani uéenakua o p’ikunskua eiátspekuecheri?).

*Médica, egresada de la Universidad Michoacana; estudió salud pública en la Universidad de Harvard. Directora fundadora de la Escuela Preparatoria Indígena Intercultural de Santa Fe de la Laguna e integrante del Consejo Estatal de Ecología y del Primer Consejo Económico y Social de Michoacán

Bertha Dimas Huacuz*

[BLOQUE: OPINIÓN]

[SECCIÓN: ARTÍCULO]

TUIT: Michoacán, uno de los estados más rezagados del país. Hasta 2071 mejoraría

 Contralínea 454 / del 14 al 20 de Septiembre 2015