Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informar sobre el número de personas y aparatos de telecomunicaciones intervenidos con autorización judicial en 2014, cuyos operativos de investigación fueron realizados hace más de 2 años. La razón de que la Corte interviniera es porque ese órgano de inteligencia había recurrido a todas las argucias legales para impedir que la población conozca al menos cuántas intervenciones de espionaje realizó, pues es una costumbre gubernamental ocultar información que debería ser pública.

Lo curioso en dicha información dada a conocer por el reportero Víctor Fuentes, en el diario Reforma, es que en su resolución la Corte hizo una fuerte crítica al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al que le advirtió que “no puede ni debe haber una generalización de que toda información estadística es pública. Esas afirmaciones y criterios del Inai me parecen exagerados y fuera de lugar”, dijo el ministro presidente Luis María Aguilar.

Otra ministra de derecha, Margarita Luna Ramos, fue más allá del dicho del presidente de la Corte, al señalar que “toda información de seguridad nacional es reservada, pues incluso obtener datos estadísticos aislados puede llevar a conocer la capacidad técnica del Cisen”. A esta funcionaria que pide impunidad total se le olvida que es un derecho ciudadano conocer qué hacen las autoridades con el dinero público, pues no puede ser un criterio general que toda la información del Cisen sea reservada sin estar sujeta al escrutinio público. Esos criterios son los que han fomentado la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que tanto agobian a los mexicanos y colocan al país como uno de los más corruptos del mundo.

Acostumbrados al oscurantismo sobre toda aquella información que revele actos y hechos de corrupción, abuso de poder o desvíos de recursos públicos en el gobierno federal, los ministros de la Corte aceptaron a regañadientes que se informe a un peticionario sólo el número de personas y aparatos electrónicos que fueron intervenidos por el Cisen para espiar bajo órdenes judiciales.

El argumento más utilizado para impedir que la información llegue a la población es que son temas de “seguridad nacional”, y bajo este estigma el gobierno federal oculta miles de transacciones multimillonarias en compra de equipos, operaciones encubiertas, intervenciones telefónicas y de internet, pago de informantes y contratos de obras y servicios en donde nunca se licita y tampoco se conoce a los proveedores. Por supuesto que esto es una vía para la corrupción, el pago de comisiones, sobornos, componendas y finalmente el desvío de recursos públicos que sale de los bolsillos de los mexicanos.

Pero los datos estadísticos son públicos. El propio Consejo de la Judicatura Federal –encabezado por el mismo presidente de la Corte– los revela cada año. De acuerdo con el Informe anual 2016, las autoridades investigadoras presentaron ante los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, así como en los juzgados de distrito especializados en medidas cautelares y control de técnicas de investigación, 3 mil 216 solicitudes, de las cuales 775 correspondieron a cateos, 24 a arraigos, 2 mil 77 a intervenciones de comunicaciones, 12 a autorizaciones para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones y 328 requerimientos a concesionarios.

Asimismo, revela que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se autorizó a 30 usuarios de las procuradurías y fiscalías generales de los estados de la República, quienes han solicitado 446 intervenciones de comunicación, tres aprobaciones para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones y una inmovilización de cuenta y/o valores del sistema financiero.

A pesar de que estos datos son públicos y responden en parte la resolución de la Corte, los ministros de este órgano de justicia insisten en ocultar información cuando se habla de órganos de inteligencia que también deben estar sujetos a escrutinio público para impedir que a través de ellos se desvíen recursos públicos, se abuse del poder y se realicen acciones contrarias a los intereses de la seguridad del país.

En otros momentos nos hemos ocupado en esta columna de investigar múltiples irregularidades de ese órgano de inteligencia (Cisen) que recibe presupuesto por miles de millones de pesos y que sus resultados son muy cuestionables, pues de acuerdo con la misma Agenda Nacional de Riesgos (documento que también mantienen en la secrecía y que fue dado a conocer por Contralínea), es el crimen organizado el que encabeza los 10 principales riesgos a la seguridad nacional, entonces nos preguntamos qué ha hecho el Cisen en la última década desde que el Estado le declaró la “guerra” (según Felipe Calderón) al narcotráfico.

Hemos explicado que la nómina del Cisen incluye a 3 mil 500 empleados de confianza y que su cúpula directiva involucra a 39 personas con los cargos más importantes en la estructura, que van desde el director general, directores y coordinadores, quienes perciben salarios mensuales entre los 160 mil y 200 mil pesos, más bonos por riesgo adicional equivalente al 30 por ciento y otras prestaciones.

A pesar del enorme gasto que representa para las finanzas públicas ese órgano de seguridad nacional, en la última década los gobiernos del PAN y del PRI convirtieron al Cisen en una institución gris en su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público.

La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que desde su creación, el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no habíamos podido conocer quiénes son los funcionarios que ocupan los 39 cargos más importantes en la estructura directiva y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos.

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, los 3 mil 500 trabajadores del Cisen son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

Fue en las dos administraciones federales panistas, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) como presidentes, cuando el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje telefónico, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños. Pero lo preocupante es que esa situación no ha mejorado en los últimos cuatro años, debido a que su actual titular carece de toda experiencia en materia de seguridad nacional y responde a intereses de un grupo político y no a las necesidades de salvaguardar la soberanía e independencia del país. Miguel Badillo

Oficio de papel

Contralínea 530 / del 12 al 18 de Marzo 2017