En México, el concepto de grandes contribuyentes es sinónimo de privilegios, discrecionalidad e impunidad. Corporativos supuestamente responsables con la sociedad evaden impuestos por miles de millones de pesos. A través de sus fundaciones, se les permite la deducción indiscriminada; año con año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les condona cantidades multimillonarias, les permite consolidar supuestas pérdidas con las ganancias y, peor aún, les devuelve la mayor parte de sus aportaciones al fisco.
Un ejemplo de los abusos cometidos por las empresas multinacionales, tanto de origen mexicano como extranjero, es justamente la consolidación fiscal que les permite evitar el pago de impuestos en forma individual; es decir, que pueden asumir las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarias como propias para compensarlas con las ganancias. Esto genera una simulación respecto de los ingresos reales del grupo empresarial.
Por medio de la consolidación fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “ha perdonado a 422 grupos empresariales cerca de 850 mil millones de pesos en impuestos”, denunció la diputada Luisa María Alcalde Luján. El pasado 17 de octubre, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, señaló que ese monto equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México cada año o 65 veces lo estimado para reparar los daños materiales causados por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país.
Al presentar una reserva al artículo 59, eliminar el capítulo sexto, título segundo y 64, fracción II, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la legisladora del partido Movimiento Ciudadano preguntó al pleno: “¿Saben cuáles son las empresas que más se benefician con el régimen de consolidación fiscal? Adivinaron, las de Carlos Slim; las de los Azcárraga; de los Salinas Pliego; de los Zambrano; los Bailleres y los Servitje”.
Para sustentar su dicho, expuso que Telcel, Grupo Carso e Inbursa, del magnate Carlos Slim, aunque ganan juntas más de 775 mil 70 millones de pesos sólo aportan 46 mil millones, menos del 6 por ciento de sus ganancias.
También se refirió a Femsa, que embotella los productos de Coca-Cola en México. “Tiene ingresos por más de 236 mil 992 millones, pero sólo paga 3.3 por ciento en impuestos”. Respecto de la cementera Cemex, dijo que tiene ganancias por 196 mil 330 millones de pesos y sólo paga 3.1 por ciento.
Para la diputada Alcalde Luján, “el caso de Bimbo es aún más grave, pues de los 173 mil 139 millones de pesos que gana al año, aporta al fisco apenas 1.2 por ciento. En cambio, una papelería, por ejemplo, que gana 50 mil pesos al mes, paga 11 mil 200 pesos en impuestos. Es decir, aporta al fisco 22.4 por ciento de sus ganancias. Si pudiera consolidar como Bimbo pagaría 500 pesos”.
La lista que la legisladora expuso también incluyó a Televisa, Walmart, Gruma y el Grupo Salinas: “otros gigantes que año con año buscan que se les reduzca, se les devuelva o se les difiera el pago de impuestos”.
Alcalde Luján enfatizó que este régimen de consolidación fiscal se mantiene en la nueva ley, no se elimina. Cambia, que ahora las empresas deberán de ser dueñas de al menos un 80 por ciento de las acciones de las empresas controladas, en vez del 50 por ciento que contemplaba el régimen anterior y reduce la posibilidad de diferir los pagos de cinco a tres años, por lo demás las cosas quedarán exactamente como están ahora y las grandes empresas seguirán sin pagar impuestos.
En esa misma discusión, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán –también del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano– señaló que mientras en países desarrollados las grandes corporaciones pagan casi la mitad de sus ganancias al fisco, en México los 420 grupos empresariales más poderosos pagan apenas el 1.78 por ciento de sus ingresos brutos totales en materia de impuesto sobre la renta.
“Se ha publicado en 2013, en la revista Forbes, a los hombres más ricos del mundo, hay 35 mexicanos a los que les va muy bien y que no pagan impuestos que sí pagan profesionistas, el pueblo trabajador y el empresario promedio. Y ahí está Carlos Slim y su familia con 73 mil millones de pesos. Ahí está Ricardo Salinas con 9 mil novecientos millones de dólares. La familia Servitje, como aquí se ha mencionado, con 4 mil 624 millones de dólares. Emilio Azcárraga con 2 mil 500 millones de dólares”.
El legislador agregó la tasa efectiva de impuestos pagados al SAT en 2012 por algunos de esos privilegiados grandes contribuyentes: American Móvil, 6.1 por ciento; Telmex, 6.5 por ciento; Carso, 2.5 por ciento; Peñoles, 9.2 por ciento; Walmart, 2.1 por ciento; Palacio de Hierro, 2.8 por ciento; Femsa Coca-Cola, 3.8 por ciento; Televisa, 5.4 por ciento; Bimbo, 2.2 por ciento.
Las dos varas del Ifai
En este contexto, incluso el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ha contribuido al manto de opacidad e impunidad que caracteriza a los corporativos trasnacionales. Y es que el garante de la transparencia tiene dos criterios diametralmente opuestos para los pequeños y medianos contribuyentes (tanto personas físicas como morales) y para los grandes contribuyentes.
En el primer caso, el pasado miércoles su pleno resolvió por quinta vez que el SAT dé a conocer la lista de empresas a las que condonó créditos fiscales en los últimos 6 años, por concepto de deudas y atrasos en el pago de impuestos, especificando nombre, fecha y monto.
Y aunque la prensa mexicana reprodujo la información como un gran logro, no lo es. El fallo vuelve a reducirse a los pequeños y medianos contribuyentes, mas no a los grandes.
En ese último caso, el criterio del Ifai ha sido la reserva de los nombres. Como ya lo informamos en columnas pasadas, entre los ignominiosos privilegios a los corporativos destaca, por su gravedad, la devolución de impuestos por 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes, sólo correspondiente a 2011.
Pero de esos 20 grandes contribuyentes “no tenemos derecho” a saber sus nombres ni el de sus empresas, porque el SAT y el Ifai niegan la información bajo los argumentos del secreto fiscal, establecido en las leyes mexicanas para proteger a evasores y abusivos empresarios, y de que “no es de interés público” que se conozca a los beneficiarios consentidos del fisco.
Al resolver el recurso de revisión 1543/13 –interpuesto por esta columna en contra de la reserva impuesta por el SAT bajo el opaco criterio del secreto fiscal–, el IFAI decidió que el nombre y el monto de los impuestos que se les devuelven a los grandes contribuyentes son secretos y por tanto no hay interés público que salvaguardar.
Los comisionados Gerardo Laveaga Rendón, Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño –quien fue la ponente del caso–, Jacqueline Peschard Mariscal y Ángel Trinidad Zaldivar (quienes deben su cargo a la cercanía que tenían con el expresidente Felipe Calderón) olvidaron, por unanimidad, su criterio de que el interés público prevalece sobre la reserva del secreto fiscal, que ya habían fallado en anteriores ocasiones pero sobre los pequeños contribuyentes y sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Estas son cosas de la poca transparencia que hay en este país de justicia a medias.
Condonación fiscal a Televisa
El año pasado, dimos cuenta de un trato privilegiado en el gobierno de Felipe Calderón al Grupo Televisa. Contábamos como se hizo una condonación fiscal de 3 mil millones de pesos al grupo Televisa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora resulta igual o más grave la devolución de impuestos por 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes, sólo correspondiente a 2011. Es decir, a esa cifra multimillonaria hay que sumarle lo devuelto en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón.
Por lo menos los mexicanos conocemos ya el nombre de la empresa que recibió dicho beneficio fiscal por 3 mil millones de pesos, Televisa de Emilio Azcárraga Jean, pero en el caso de los 20 grandes contribuyentes no sabemos sus nombres ni el de sus empresas.
Es importante conocer la lista de estas 20 grandes empresas a quienes Calderón benefició con la devolución de decenas de miles de millones de pesos, porque según funcionarios hacendarios fiscales algunos de esos empresarios ni siquiera pagaron los impuestos que les regresaron. Los servidores públicos afirman que se trató de un gran fraude fraguado en las oficinas de la Secretaría de Hacienda a finales del sexenio pasado.
Como es costumbre en este país, las trasnacionales, sean de origen mexicano o extranjero, tienen garantizado un trato privilegiado en materia fiscal. Un claro ejemplo es justamente la condonación de impuestos vía un crédito fiscal que obtuvo Televisa.
Pero no hay que perder de vista el otro beneficio recurrente entre los grandes contribuyentes: la devolución de miles de millones de pesos relacionados con los impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), a los depósitos en efectivo (IDE), el empresarial de tasa único (IETU), de trámite aduanero (DTA), entre otros. Como informamos hace unos meses en esta columna, 20 trasnacionales concentraron el 28.8 por ciento de las devoluciones hechas en 2011 por el SAT.
De acuerdo con la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-06E00-02-0063” del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011, se trató de 63 mil 55 millones 90 mil pesos devueltos a cinco empresas dedicadas a la fabricación o ensamble de camiones y tractocamiones; tres, al comercio en supermercados; una, al comercio en tiendas departamentales; una, al comercio de partes y refacciones nuevas para automóviles; cuatro, a los alimentos; una, al almacenamiento con refrigeración; una, a la dirección de corporativos y empresas no financieras; una, a la electrónica; una, a la explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos; una, a la producción de aves de corral en incubadora; una, a la telefonía celular.
En su más reciente informe de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que, ese mismo año, otros 2 mil 891 grandes contribuyentes obtuvieron devoluciones por 156 mil 106 millones 9 mil pesos. En total, el SAT devolvió 219 mil 161 millones 99 mil pesos a 2 mil 911 grandes empresas.
De esas compañías beneficiadas, sin embargo, los mexicanos no tenemos derecho a conocer ni sus nombres ni todos los privilegios fiscales que se les otorgan, porque esos datos “no son interés público” y están resguardados por el SAT, que ahora encabeza Aristóteles Núñez, con la facultad discrecional de guardar el secreto fiscal.
Pero éste no es el único blindaje de los intereses de esas corporaciones, la mayoría trasnacionales. En un claro retroceso y un evidente cambio de criterio, el IFAI reservó por 12 años la información de los grandes contribuyentes relativa a las multimillonarias devoluciones que se hicieron en el gobierno de Felipe Calderón.
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