El manejo de la información para la emisión de pasaportes es un asunto de seguridad nacional. En los últimos 3 años, con José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores –ahora lo es de Desarrollo Social–, esta dependencia “dejó perder” esa importante base de datos con información confidencial de millones de mexicanos, y el único respaldo que hay está en las oficinas de la empresa privada Mainbit, cuyos accionistas –José Antonio Sánchez y Juan José Álvarez– fueron hasta septiembre pasado los responsables de elaborar los pasaportes, y ahora sostienen que si la canciller Claudia Ruiz Massieu quiere recuperar esa información tendrá que recontratarlos.

Muy enojados por perder la licitación, que les hubiera permitido ganar un nuevo contrato por otro periodo de 3 años y un monto mayor a los 1 mil millones de pesos, Sánchez y Álvarez han iniciado una batalla legal y administrativa en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por asignar la licitación al grupo de empresas lideradas por Veridos México (conformado por compañías de Alemania, España y Japón), lo que ha ocasionado todos los problemas en la emisión de pasaportes y, lo más grave, “que las empresas ganadoras echaron a perder las películas que contenía la base de datos con toda esa información confidencial”.

Los dos empresarios critican la omisión y negligencia del gobierno por no guardar la base de datos en la SRE, e inclusive en la misma Secretaría de Gobernación, pues se trata de un asunto de seguridad nacional por ser información confidencial de millones de personas; sin embargo, dicen que “los ganadores de la licitación y los funcionarios no hicieron bien su trabajo y perdieron la base de datos, y el único respaldo que hay está en mi oficina, así que van a tener que recontratarnos al grupo de empresas (Mainbit, Vanagent México, Ted Tecnología Editorial, Oberthur Techonologies y Datanova Servicios) que hicimos la oferta económica más baja y contamos con la capacidad técnica probada para volver a producir los pasaportes.

“Desde marzo pasado, cuando le asignaron el contrato a Veridos, nosotros entregamos a la SRE las películas con toda la base de datos de los pasaportes, para que en un plazo de 6 meses pudieran regularizar el servicio, pero echaron a perder las películas y ahora los funcionarios nos han llamado para pedirnos que por favor no borremos el respaldo que tenemos porque ellos lo han perdido todo.

“Es injusto que no nos hayan asignado el contrato que habíamos cumplido cabalmente en los últimos 3 años, y todo porque en esta nueva licitación nos negamos a pagar un soborno de 10 millones de dólares, pero como ahora no tienen la base de datos van a tener que recontratarnos.”

A pesar de que los dueños de Mainbit contrataron al despacho de los panistas Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez –ambos procuradores generales de la República durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN)–, la empresa ha perdido todo en sus gestiones legales ante los órganos de control y los tribunales, por lo que ahora presionan con la base de datos que tienen en su poder. También la fracción del PAN en el Senado ha intervenido para presionar a la SRE de que cancele el contrato a las empresas ganadoras.

El proceso de licitación en donde perdió Mainbit fue acompañado en todas sus etapas por un testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública, que es la Academia Mexicana de Auditoría Integral de Desempeño, quien también concluyó que “el procedimiento de la licitación se desarrolló en términos de igualdad y equidad para todos los licitantes y fundado en los principios de transparencia e imparcialidad previstos por la ley”.

Los criterios para designar al ganador en esa licitación fue una evaluación a través de puntos y porcentajes, toda vez que se trató de la contratación de un servicio con alta especialidad técnica, la cual tuvo un valor de 60 puntos, y la económica sólo de 40 puntos. Por ello, el consorcio que resultó adjudicado fue Veridos, por su mejor resultado en la evaluación técnica, al alcanzar 59.764 puntos de 60 posibles.

El contrato para elaborar los pasaportes tiene una vigencia del 27 de abril de 2015 al 30 de junio de 2018, por un monto mínimo de 65.3 millones de dólares y un máximo de 80.9 millones.

De acuerdo con reportes de la licitación, Mainbit perdió porque no acreditó los rangos establecidos para la infraestructura de los sistemas de identificación de huella dactilar (AFIS, por su sigla en inglés); tampoco acreditó contar con trabajadores con discapacidad en por lo menos el 5 por ciento de su planta laboral; no presentó constancia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; no presentó certificación de políticas y prácticas de igualdad de género; en el suministro anual de al menos 1 millón de láminas de seguridad para pasaporte, cumplió con sólo dos contratos de especialidad acreditada, cuando el máximo eran seis; no acreditó cumplir con experiencia mínima de 1 año en materia de aprovisionamiento de AFIS; no acreditó contar con contratos cumplidos satisfactoriamente y con su respectivo documento de cumplimiento de obligaciones contractuales en gobiernos o entidades.

El problema del gobierno de Enrique Peña Nieto es que las irregularidades con la emisión de los pasaportes se da en momentos cuando el terrorismo avanza y cumple su objetivo de atemorizar al mundo, y mientras las fronteras que dividen las naciones se cierran aún más y se endurecen las medidas de seguridad. Por ello, la negligencia de funcionarios de la SRE deja al país sin una importante base de datos que identifica a millones de personas y sin cuya información estratégica cualquier delincuente puede tramitar con documentos apócrifos un pasaporte sin que la autoridad se dé cuenta del engaño y pueda viajar con nombre falso por el mundo sin levantar sospechas.

Puntos suspensivos… El nuevo jefe de la oficina de la Cancillería, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, es mencionado para ocupar la Embajada de México en Chile, y de lograrlo –pues siempre ha querido ser gobernador de Guanajuato y nunca ha podido– deberá dejar a buen resguardo sus múltiples propiedades que posee en su estado natal y que, de acuerdo con panistas de aquella entidad, alcanzarían los 150 millones de pesos, cifra elevada si consideramos el salario que percibió el funcionario durante 25 años que se mantuvo como legislador… Agria sorpresa se llevó el excanciller José Antonio Meade cuando llegó a su nueva oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la encontró completamente vacía, sin escritorio, silla, sala ni mesa de trabajo, porque la experredista Rosario Robles –quien nunca se esperó salir de la Sedesol– se llevó todo, al más vil y burdo estilo de los titulares de las delegaciones políticas del Distrito Federal, quienes también vaciaron sus oficinas cuando salieron huyendo…

Contralínea 464 / del 23 al 29 de Noviembre 2015