También en el gabinete se menciona a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien podría dejar su cargo ante las críticas de varios secretarios de Estado que cuestionan su gestión al frente de los programas sociales en contra de la pobreza extrema, quienes sostienen que hasta la fecha, lejos de atender el problema, éste se ha agravado y ahora con los huracanes y tormentas ha sido más que evidente.
Otros dos funcionarios que están en duda en sus responsabilidades son el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (Fovissste), José Reyes Baeza, de quien dicen el cargo es una cuota que el presidente concedió al partido oficial, pero ha llegado el momento de removerlo. El otro es el criticado director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, quien se divertía en Las Vegas, estados Unidos, cuando México se ahogaba en medio de las tormentas.
Sin duda alguna la separación más sentida para el jefe del Ejecutivo es la de su titular de la Defensa Nacional, quien –dicen en el Hospital Central Militar–enfrentaría su última lucha contra el cáncer, porque es uno de los amigos y colaboradores de mayor confianza de Peña Nieto, a quien éste defendió hasta el final para que se mantuviera como secretario de Estado responsable del manejo de las Fuerzas Armadas y confió en él para hacer frente al crimen organizado y a la industria del narcotráfico.
Este caso del general Cienfuegos vuelve a traer a la discusión el tema de que la salud de los miembros del gabinete es un asunto de seguridad nacional, pues toman decisiones que afectan a todos los mexicanos, por lo cual aunque la salud de las personas sea un asunto privado, en esta circunstancia de servidores públicos debe informarse a la sociedad cuando estén en riesgo y ellos mismos aceptar el cargo bajo un acuerdo de que esa información sea del dominio público.
Pero quién es el general Cienfuegos Zepeda. Asumió el mando del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana –las dos fuerzas militares organizadas y administradas por la Sedena– el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto protestó como presidente de la República.
Este general se abrió paso como secretario de la Defensa Nacional en medio de un accidentado proceso de auscultación en el que, por primera vez, las disputas internas de los grupos de generales provocaron fugas de información de seguridad nacional y se ventilaron hechos de corrupción ocurridos al interior de las Fuerzas Armadas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón –cuando al frente de la Sedena se encontraba el general Guillermo Galván– se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría. A finales de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente electo, fue finalista en la carrera interna por la Sedena junto con el también general de División Augusto Moisés García Ochoa, entonces director General de Administración.
En la decisión final de Peña Nieto no sólo habría pesado la amistad que el hoy presidente de la República trabó desde su época de gobernador del Estado de México con Cienfuegos, cuando éste era comandante de la Primera Región Militar (que además del propio Estado de México y el Distrito Federal integra a las entidades de Morelos e Hidalgo). También habría sido determinante el respaldo que recibió Cienfuegos de la entonces plana mayor de la Sedena: el subsecretario de Defensa Nacional Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (hoy director de Banjercito); el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Marco Antonio González Barrera (hoy director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Luis Arturo Olivar Cen (hoy oficial mayor de la Sedena).
Elba Esther 1, Murillo Karam 0
Sólo era cuestión de tiempo. Cuando fue capturada y acusada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la abusiva Elba Esther Gordillo se enfrentaba así a una decisión política por su actitud amenazante y retadora en contra del presidente de la República y sus políticas públicas. Desde ese momento el problema para el gobierno fue que ambos delitos que pretendían fincarle estaban muy mal fundamentados por parte del Ministerio Público federal, a cargo del procurador Jesús Murillo Karam, lo que ahora pone con un pie en la calle a la corrupta lideresa.
Es cierto que la Maestra analfabeta estaba preocupaba por su pésimo manejo financiero de miles de millones de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido a las cuotas de los trabajadores de la educación, y lo mismo ha hecho con las partidas presupuestales especiales que le entregó la Secretaría de Educación Pública por instrucción de los presidentes de la República Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Durante años, la Gordillo había sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El día de su detención escribíamos que lo encontrado hasta ese momento, los 2.6 mil millones de pesos, era apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la Maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia.
El 4 de marzo señalamos en esta columna que nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la Maestra y de los beneficiarios del desfalco público, puede estar en contra de que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, había varias dudas sobre el debido proceso que se le debe seguir a cualquier detenido, sobre todo en la integración del expediente que involucraba en ese momento a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
En los delitos financieros, el Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia, para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos, como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por ejemplo, no ocurrió con la Maestra, a quien la autoridad le armó con mucho sigilo la acusación y la consignó ante un juez federal, quien liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y llanamente lícitos, pues provienen de cuotas sindicales y de las arcas públicas. A esto, de acuerdo con la decisión del juez que lleva la causa, se agrega que hubo errores de la Procuraduría General de la República en la presentación de las evidencias.
De tal manera que mientras no haya una acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que señalen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no basta con que la Unidad de Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas sindicales la Maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que Gordillo acostumbraba realizarse cada determinado tiempo.
Lo peor aún, es que ante las pifias de la Procuraduría y su titular se impone la cerrazón y ahora amenazan y acusan al juez que dictaminó las pruebas y emitió un amparo a favor de Gordillo, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que salir a la prensa para detener la embestida orquestada por Murillo Karam desde su búnker de Reforma. Este caso vuelve a enfrentar a dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, y abre al presidente de la República otro frente que debe atender.
*Periodista
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